Este viernes, gremios de trabajadores de la educación expresaron su preocupación y condena ante los antecedentes revelados en una investigación de El Ciudadano, la cual dio cuenta de los sueldos millonarios que reciben 20 sostenedores de colegios particulares subvencionados.
En una declaración conjunta, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATED), la Federación de Sindicatos FTS-SIGLO XXI-Brothers School y la Federación de Sindicatos de Colegios Particulares Pagados (FESICOP), expresaron su repudio frente a una práctica que comprometería «no solo el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, sino que también los derechos de miles de trabajadores de la educación».
Según indican en la declaración, los sueldos millonarios que recibían los sostenedores eran un secreto a voces entre la comunidad educativa, «pero nunca dimensionamos la magnitud de los montos expuestos en el reportaje».
En la misma línea con lo señalado hace unos días por el Colegio de Profesores, los trabajadores de la educación particular subvencionada indican que la ley de inclusión, que supuestamente ponía fin al lucro, el copago y la selección, terminó por crear una nueva fórmula que permite el enriquecimiento de los sostenedores a través de otros mecanismos.
«La ley de inclusión que generó la conversión de las antiguas sociedades educacionales en Fundaciones y Corporaciones sin fines de lucro, finalmente sólo matizó el uso de dineros de la subvención, figura aprovechada por muchos sostenedores como argumento para limitar recursos para los y las trabajadoras, pero que dejó abierto el flanco de los sueldos auto asignados por los sostenedores conforme al mercado o la polémica figura del arriendo de los establecimientos», señalan.
Finalmente, los gremios llamaron a las autoridades a intervenir en la problemática que afecta a más del 50% de los estudiantes del país y a visibilizar «la profunda crisis del sistema educacional».
«Es muy importante develar a un sector que asegura ofrecer un “servicio de calidad” como alternativa a lo público, pero que en definitiva se mantiene bajo las mismas precariedades (…) Finalmente el problema de la educación es estructural, algo que no se ha resuelto con las reformas recientes, sino más bien se ha encubierto, y es que el lucro en la educación no desapareció, sólo adquirió nuevas y rebuscadas fórmulas», sentencia la carta.
La denuncia de El Ciudadano
El reportaje de Francisco Marín dio cuenta de veinte sostenedores de colegios particulares subvencionados que reciben sueldos por sobre los 132 millones de pesos al año. La cúspide de esta lista la encabeza la Fundación Educacional Créate, la cual definió un ingreso para uno de sus directivos de $295.519.802 anuales, lo que implica un promedio mensual de 24,5 millones de pesos.
Un caso particularmente grave es el de la Corporación Educacional El Bosque, cuyo sostenedor recibe un sueldo mensual promedio de 22,5 millones de pesos. Dicho sostenedor, además, fue sancionado a principio de año por la Dirección del Trabajo por incurrir en prácticas antisindicales: cuando el sindicato del colegio Camilo Henríquez de Temuco estuvo 158 días en huelga, el sostenedor aseguró que «no tenía dinero» para responder a las exigencias de los trabajadores.
Si bien durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se aprobó la ley que ponía fin al lucro, el copago y la selección en los establecimientos educacionales, estableciendo como requisito que los sostenedores debían constituirse como “personas jurídicas sin fines de lucro”, distintos expertos señalan que en la realidad la práctica sigue existiendo a través de distintos mecanismos.
El vicepresidente nacional del Colegio de Profesores, Eduardo González, quien además es el encargado del Departamento Particular Subvencionado del gremio, declaró que, una vez promulgada la ley que terminaba con el lucro, prácticamente no hubo sostenedores que se hayan ido del sistema como amenazaron en su momento.
“Tal como lo demuestra la realidad, quedó claro que lucro no es solamente el hecho de que un sostenedor organizado jurídicamente para tal efecto no pueda obtener utilidades. También es lucro el que por otras vías legales el dinero destinado a la educación vaya finalmente a enriquecer al sostenedor”, señaló el dirigente gremial.
“La porfiada realidad nos muestra que los sostenedores de colegios particulares subvencionados, organizados jurídicamente como fundaciones o corporaciones sin fines de lucro como lo mandata la ley, siguen enriqueciendo su patrimonio privado como dueños de colegios, con fondos públicos entregados por el Estado, es decir, de todos los chilenos”, agregó.
Por Francisco Marín
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