Un nuevo recurso para detener la investigación del Ministerio Público sobre posibles boletas falsas de SQM y su conexión con políticos de la Nueva Mayoría, interpuso el militante del PPD, Samuel Donoso, ante el Tribunal Constitucional. Donoso representa al ex ejecutivo de la minera de Julio Ponce Lerou, Patricio Contesse, que en las últimas horas fue apartado del directorio de la sociedad del ex yerno de Pinochet.
La semana pasada, Contesse, vinculado al entorno familiar y social de la presidenta Michelle Bachelet, estuvo en el ojo del huracán al intentar frenar las pesquisas del fiscal Carlos Gajardo, que podrían afectar a importantes personeros del oficialismo.
Una primera presentación efectuada a través de su abogado Samuel Donoso en el Octavo Juzgado de Garantía, también pretendía bloquear la revisión de la documentación contable de SQM. Ahora, pese a ser reemplazado por el hermano del ex ministro de Minería de Piñera en la gerencia general de la cuprera, y a la disposición oficial del directorio de entregar la información solicitada por los persecutores, Contesse volvió a la carga ingresando un requerimiento de inaplicabilidad en el TC.
Es importante notar que la dilación de la arista SQM del caso Penta contribuye a la prescripción de los posibles delitos tributarios que están siendo investigados por Gajardo y que, en palabras del diputado René Saffirio (DC), ha generado una verdadera psicosis en el Congreso ya que “los involucrados en financiamiento ilegal de campañas podría ser superior” al escándalo que afectó a la UDI.
Además de las raíces genealógicas que unen a Bachelet con Contesse – una fuente del círculo íntimo de la presidenta afirma que ambos se entienden mutuamente como “primos” – está otro antecedente que ha generado suspicacia en la opinión pública, respecto a las verdaderas razones que motivarían la insistente ofensiva del ex gerente de SQM contra la Fiscalía, y que se unen a la tardanza del Servicio de Impuestos Internos en presentar una querella por el caso.
Esto es que el abogado Samuel Donoso, anterior patrocinante del dueño de la cuestionada empresa GATE, Héctor Peña Véliz, en el gobierno de Lagos, también representó en su oportunidad a Bachelet, cuando fue acusada de defraudar al Fisco por una suma total de $30 millones de pesos que terminaron en manos a la Concesionaria Rutas del Maipo S.A., mediante un decreto irregular.
La querella presentada en octubre de 2013 por vecinos de La Pintana, en contra no sólo de la presidenta, sino del actual ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y al ex titular de Obras Públicas, Sergio Bitar, planteaba que la mandataria efectuó pagos sin control para ejecutar supuestas medidas de mitigación asociadas a la construcción de la autopista de Acceso Sur a Santiago, la cual causó perjuicios en el sector.
En representación de los querellantes, la abogada Marta Sánchez Catalán citó un informe de la Contraloría de 2009, y otros antecedentes que darían cuenta de “un actuar errático e irregular, al pactarse el contrato en cuestión a suma alzada, sin justificación”, según publicó el diario La Segunda el año pasado.
Consultada esta mañana en La Moneda sobre la pasiva reacción del SII frente a la arista SQM, y el alcance que ésta tendría para la administración actual, la presidenta Michelle Bachelet omitió hacer comentarios a los periodistas allí presentes.
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