En los últimos años las empresas transnacionales de minería e hidroeléctricas se han ubicado en las regiones más ricas en diversidad vital. La región centroamericana en los últimos tiempos es golpeada por los daños causados por trabajos mineros e hidroeléctricos: destrucción de los bosques, contaminación del agua, del aire, enfermedades, criminalización y persecución a los pueblos organizados entre otros daños.
En cuanto al El Salvador (5.744.113 habitantes según censo del 2007), la población organizada continúa en resistencia en contra de la empresa minera transnacional Pacific Rim señala Oscar Recinos de la Cloc Vía Campesina de ese país.
Recinos dijo que dicha transnacional ha causado daños graves en el territorio, señalando que por mucho tiempo estuvo haciendo una campaña de minería verde a esa propuesta —que las familias resistieron—. También indicó que la lucha de la población es para que no se contamine la cuenca del río Lempa que en la actualidad abastece a casi la mitad de la población.
Pacific Rim opera con un permiso de exploración y, ante la posición del Estado de no permitir la explotación minera, la empresa interpuso una demanda por 120 millones de dólares contra el país en el Centro de Resolución de Conflictos en Inversión Ciadi, argumentando expropiación de ganancias.
Hasta el momento, el proceso sigue abierto, y solo mediante una ley que prohiba la minería se puede evitar la intervención de empresas mineras, señala la Mesa Nacional Frente a la Minería.
Los trabajos de dicha empresa se intensificaron seis años atrás saqueando el territorio; a raíz de los trabajos se han asesinado a comunales por la defensa que han emprendido del territorio. Entre los dirigentes ambientalistas asesinados, están Dora Alicia Recinos de 32 años, miembro del Comité Ambiental de Cabañas, quien murió embarazada de ocho meses y Juan Francisco Duran Ayala fue el último asesinado el 24 de junio de 2011, refiere la Mesa Nacional Frente a la Minería y organizaciones ambientales de El Salvador.
La lucha sigue afirmó Recinos, quien agregó que las comunidades están organizadas y seguirán denunciando a nivel internacional el tipo de saqueo que hacen las transnacionales, además continuarán exigiendo una reforma agraria integral.
Sus demandas son claras: la minería no es factible en el país salvadoreño. El último informe de las Naciones Unidas (Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres) del 2011 revela que El Salvador está entre los primeros diez países más vulnerables de la tierra. Hay una pérdida del 30% de biodiversidad, es el país más deforestado del continente después de Haití, también señala que es el que tiene menos acceso al agua en la región centroamericana.
En el caso de Guatemala son varias las empresas transnacionales que, con el aval de autoridades de gobierno, saquean los bienes naturales y violan los derechos de los pueblos; se mencionan la mina Marlin que tienen la explotación en Sipacapa San Marcos, también la empresa cañera Chabil Utzaj ingenios a nivel nacional que está en la Costa Sur socios como los ingenios Pantaleón, Madre Tierra, La Unión, Santa Ana, Ingenio Concepción, El Pilar, Palo Gordo, señala Rafael González de la Cloc Vía Campesina en Guatemala —quien agregó que alrededor de veinte ingenios de la Costa Sur tienen sintonía con la empresa cañera Chabil Utzaj ubicada en el Valle del Polochic (territorio Queqchi donde fueron desalojadas alrededor de 800 familias en marzo del 2011).
Las empresas mineras, hidroeléctricas cañeras destruyen la madre Tierra, contaminan el ambiente, violan los derechos laborales pagando salarios injustos tratos no dignos y saqueo de los bienes de los pueblos, dijo González quien refirió que la palma africana es el producto que ha acaparado grandes extensiones de tierra en la costa sur, norte de Cobán y Petén.
El Frente Nacional de Sectores afectados por la producción Piñera –Frenasapp– señala que Costa Rica es el primer exportador mundial de piña desde el 2007, dicho cultivo se ha extendido durante los últimos años, lo que ha provocado el acaparamiento de terrenos, bosques y sembradíos de otros cultivos —refieren que los países europeos son el principal mercado de la piña costarricense.
Según datos del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (Omal) los beneficios de la siembra de estos monocultivos queda en manos de pocas empresas transnacionales, y dicen que la fuerte expansión del cultivo de la piña no en con las mismas condiciones para los pequeños y medianos productores. En la actualidad los pequeños productores están desprotegidos y sin incentivos.
Las leyes laborales son violentadas, no se respetan las jornadas de trabajo ni las garantías sociales no son reconocidas por la alta rotación de las personas trabajadoras que cambian de puesto antes del tiempo establecido por ley (tres meses) y la persecución que sufren dirigentes y personas trabajadoras.
Lidieth Hernández de la Cloc Vía Campesina de Costa Rica dijo que las empresas extranjeras han desalojado a miles de pequeños productores para acaparar las tierras y sembrar piña lo que ha dado como resultado una gran contaminación de mantos acuíferos y contaminación para quienes trabajan la tierra, porque después de la cosecha los terrenos quedan completamente contaminados, las transnacionales de piña han abarcado gran territorio del país antes se ubicaba en la costa sur ahora ya tiene presencia en el norte donde se le llama el corazón de las grandes extensiones de piña, señaló Hernández.
La dirigente señala que cuando las familias quieren permanecer en sus tierra tienen que hacer un contrato con la transnacional para que está les compre la piña (pero no cualquier piña sino la de calidad buen tamaño y peso) el que firma el contrato debe ver que hace con la piña que no llene las expectativas de la empresa, agregó que entre las empresas que han dañado el país mencionó la Dole y Hortifruti.
Las comunidades organizadas de Panamá luchan en contra de la empresa minera Petaquilla Gold debido a que los trabajos implementados por las mineras han destruido los manglares en el distrito Denoso, muerte de peces, persecución y asesinato a líderes comunitarios, señaló el representante de la Cloc Vía Campesina en Panamá Erick Fernández.
La intimidación y persecución al pueblo organizado que se opone a los trabajos de la minera ha sido constante por parte de autoridades y agentes de seguridad de la minera además el respaldo que las empresas saqueadoras mineras tienen de parte del gobierno de Ricardo Martinelli se ve a todas luces, es de recordar la masacre en contra del pueblo originario Ngöbe-Buglé ocurrido en marzo de 2012.
Asimismo denunció el dirigente que las empresas mineras tienen gente de seguridad para que no se aproximen a las instalaciones dichas personas son conocidas como torturadoras ya que en gobiernos anteriores estuvieron en cargos de inteligencia en gobiernos de dictadura tal es el caso de del mayor Felipe Camargo.
Fernández dijo que en la actualidad según estudios en Panamá se tienen solicitud de concesiones de más del 43% del territorio panameño, agregó que como Cloc Vía Campesina se unificará la lucha para continuar con la defensa de la madre tierra y territorio y de los bienes naturales finalizó con la consigna “Resistimos, Venceremos”.
En Honduras movimientos sociales han denunciado al gobierno por ocultar los graves daños que realizan las empresas mineras, –Cafod– Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar del Reino Unido con sede en Londres a través de expertos británicos realizó una investigación donde se descubrió documentación oficial de la contaminación de aguas causadas por la empresa Entremares ubicada en ese país la cual pertenece a la compañía de explotación minera canadiense Glodcorp.
“Alteraciones en la piel, el cráneo, las vías respiratorias y daños en la matriz en el caso de las mujeres, es el saldo que habría dejado la empresa a las diferentes comunidades de la región”, se señaló. Expertos indicaron que la contaminación que existe en la zona durará más de 100 años debido a que en esa región, la minería se practica desde tiempos remotos.
El Tribunal Popular Internacional de Salud que tuvo presencia en Guatemala en el mes de julio, exigió a la minera canadiense Goldcorp que suspenda todas sus operaciones en Centroamérica y garantice la no repetición de sus estragos en Guatemala, México y Honduras.
Los jueces también exigieron a la compañía reparación y compensación por los graves daños ocasionados a las comunidades y el medio ambiente en los tres países. Asimismo condenó las actuaciones de la empresa GoldCorp en sus proyectos ubicados en Honduras, Guatemala y México por ser consideradas altamente dañinas para la salud y la calidad de vida, la calidad ambiental, y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.
Asimismo condenaron la actitud cómplice e irresponsable de los Estados de los países de donde provienen las denuncias por no asegurar el ejercicio de derechos a las y los afectados por la empresa denunciada y su condena al Estado canadiense por apoyar y promover en diversas formas las irresponsables inversiones mineras en Mesoamérica.
Por Rocizela Pérez Gómez *
* De la Minga Informativa de Movimientos Sociales.
Publicado en www.surysur.net
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