Chile Transparente: ¿una ONG?

Algunos analistas provenientes del mundo empresarial y partidario han tratado de hacer ver el caso de Chile Transparente como una falla de la sociedad civil. Al contrario, lo evidente es que ha fracasado un intento de revestir como ciudadanía a un club de poder que se ha cuoteado desde los equilibrios políticos y empresariales de quienes concentran el poder y la riqueza en este país.

La agria polémica desatada por el informe 2009 de Chile Transparente está cruzada por sus consecuencias sobre la carrera presidencial. Por este motivo, la necesaria discusión que merece se ha enturbiado por los intereses cruzados de los comandos y partidos que han abordado el caso desde una mirada electoralista e insustancial. Si por un momento dejamos de lado la controversia inmediata, deberemos dar cause a deliberaciones de fondo sobre la ética en las organizaciones de la sociedad civil, su identidad, legitimidad y misión en un contexto como el actual.

El principal cuestionamiento al que Chile Transparente debe responder es su falta de independencia respeto a los intereses políticos y corporativos que le sostienen. De este punto se desprenden otras objeciones respecto a sus procedimientos internos, sus fuentes de financiamiento, su política de comunicaciones que externaliza un aspecto que está a la base de la transparencia, su responsabilidad respecto a los investigadores a los que se encargó la elaboración del informe 2009, entre otros aspectos subordinados. Lo relevante es determinar si a esta institución se la puede considerar como representativa de la sociedad civil, o más bien debería ser catalogada como un centro de estudios empresariales (como el CEP) o un think tank que opera desde la transversalidad política.

Durante las últimas décadas la ciudadanía organizada ha adquirido un peso importante en los proceso de gobernanza mundial. De allí que el concepto mismo de Sociedad Civil sea una categoría en disputa teórica y práctica. Sin embargo, se ha llegado a alcanzar ciertos consensos mínimos que podemos sintetizar en definiciones que acentúan su rol como un tejido asociativo de contrapeso al Estado, voluntariamente autogenerado, altamente independiente, y limitado por un funcionamiento democrático, participativo y pluralista. Al mismo tiempo, hay acuerdo en que el rol político de la sociedad civil debe estar marcado por la práctica de la autonomía social, y la construcción de una agenda ciudadana que supere categorías políticas como “oposición” u “oficialismo”.

Una organización de la sociedad civil no pretende representarse más que a sí misma, ni sustituir la función de los partidos políticos y los movimientos sociales. Más que representatividad, a lo que aspira es a ampliar la legitimidad de sus propuestas. Inspirados por estos aspectos, las ONGs asociadas en ACCIÓN han presentado a fines de 2008 un código de ética que de forma totalmente voluntaria fomenta la autorregulación del sector y promueve la adhesión a valores y procedimientos comunes en materia de democracia interna, buen gobierno, respeto a los derechos humanos, equidad de género, y la dignidad de las personas que hacen parte de sus programas e intervenciones. Entre otros aspectos este código de ética plantea la necesidad de establecer claras distinciones en las relaciones con donantes privados y el Estado, que garanticen  una autonomía intransable respecto a las organizaciones políticas, los gobiernos y las empresas.  Al mismo tiempo propone mecanismos para la transparencia en las rendiciones de cuentas políticas y financieras de cara a la ciudadanía.

Por medio de ese código hemos querido dar la señal de que la sociedad civil no sólo está llamada a fiscalizar y tener capacidad de control sobre el Estado sino que también ella misma debe ser un actor que esté en permanente discernimiento y escrutando su práctica. Este Código hace explícitos nuestros compromisos, en función de lograr de parte de los actores estatales y empresariales compromisos equivalentes, que hasta ahora no se han hecho explícitos.

Algunos analistas provenientes del mundo empresarial y partidario han tratado de hacer ver el caso de Chile Transparente como una falla de la sociedad civil. Al contrario, lo evidente es que ha fracasado un intento de revestir como ciudadanía a un club de poder que se ha cuoteado desde los equilibrios políticos y empresariales de quienes concentran el poder y la riqueza en este país. La misión de Transparencia internacional, siendo necesaria y urgente, no puede ser administrada por los mismos que deben ser auscultados. El rol de la sociedad civil en esta materia es clave porque su identidad radica en apuntar a fines públicos antes que privados y porque para una ONG no está en juego un deseo de alcanzar el poder estatal, sino el  tratar de cambiar la naturaleza del Estado. Lo urgente es salir del chismorreo electoral y volver la pregunta por la ética pública y la corrupción en el sector empresarial en contubernio con el poder político y estatal. Esa es la agenda que interesa a la ciudadanía.
Por Álvaro Ramis*

*Álvaro Ramis es Presidente de la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales ACCIÓN A.G.