La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú que ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
A través de su cuenta en Twitter, la institución dijo que esa decisión del TC «afecta el derecho a la justicia de las víctimas».
Asimismo, señaló que esa resolución «obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales«, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos La Cantuta y Barrios Altos.
La Corte IDH emitió sentencias por los casos de Barrios Altos y La Cantuta en 2001 y 2006, respectivamente, en las que determinó que el Estado peruano había tenido responsabilidad por violaciones al derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal de las víctimas de estas matanzas.
En mayo de 2018, en una nueva resolución, la institución señaló que el Estado no había dado hasta entonces «cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos» cometidos en las dos matanzas.
También hace referencia a la «tendencia regional orientada a la prohibición expresa del indulto» cuando «se trata de determinados delitos que constituyen graves violaciones a derechos humanos o de crímenes internacionales previstos en el Estatuto de Roma», como los de lesa humanidad, de los cuales Fujimori es acusado de ser autor mediato.
El jueves, el TC de Perú decidió declarar fundado un habeas corpus mediante el cual se pidió que se anulara la resolución de la Corte Suprema de Justicia, de octubre de 2018, con la que se dejó sin efecto el indulto que el 24 de diciembre de 2017 le otorgó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori.
Con ello, el Constitucional dispuso la libertad de Fujimori, quien hasta ahora cumplía su pena en el penal de Barbadillo, ubicado en el interior de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional.
Fuente: RT.
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