La violencia armada contra líderes y defensores de derechos humanos continúa en Colombia y esta vez dejó un saldo de dos asesinatos en dos zonas distintas del país.
La mañana de este jueves fue asesinado Miguel Tapí Rito, líder indígena de la comunidad El Brazo, Bacurú Purú, en el río Valle, municipio de Bahía Solano del departamento de Chocó.
De acuerdo con un comunicado del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Miguel Tapí Rito fue gobernador indígena muchos años de esa comunidad del río Valle. De acuerdo con el relato, varios hombres armados llegaron a dicha comunidad, se lo llevaron a la fuerza y luego lo degollaron en un terreno cercano, en un modus operandi que se repite cada semana en distintos escenarios del país.
Con el crimen de Miguel Tapí ya son 16 los asesinados en Bahía Solano este año, mientras asciende a 278 el número de líderes y defensores de derechos humanos que han corrido igual suerte en toda Colombia en este mismo lapso de tiempo, reseñó Telesur.
«No son crímenes aislados ni líos de faldas. Quienes los matan tienen intereses económicos en los territorios y agendas políticas«, dijo Leonardo González Perafán, líder de Indepaz.
Defensor de la naturaleza
Este jueves también fue asesinado el defensor ambiental colombiano Javier Francisco Parra Cubillos tras recibir múltiples disparos propinados por dos sicarios en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta (en el centro de Colombia).
Parra fue abordado por dos desconocidos que iban a bordo de una motocicleta y que abrieron fuego en su contra frente a la oficina del ente público Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), donde trabajaba, refirió la cadena RT.
Tras el ataque fue llevado al Hospital de La Macarena, donde falleció, a pesar de que ya se había acordado trasladarlo en helicóptero a Villavicencio, la capital del departamento, a unos 225 kilómetros de distancia.
Una comisión del Gobierno, dirigida por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se trasladó a la zona y ofreció una recompensa de 300 millones de pesos (unos 85.000 dólares) por información que lleve a la captura de los responsables.
Parra era coordinador ambiental del ente público Cormacarena, donde se desempeñaba desde hacía 20 años. Se había destacado por su labor en defensa del río Caño Cristales, un emblemático sitio turístico que en 2018 fue atacado por desconocidos que incendiaron una cabaña para los visitantes, recoge El Tiempo .
Fuentes: Telesur, RT.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
