Un firmante del Acuerdo de Paz de Colombia del 2016, identificado como Juvenal Ballén Gómez, fue asesinado el domingo 30 de enero en el municipio Saravena del departamento de Arauca, convirtiéndose en el excombatiente número 300 que ha sido víctima de homicidio en ese país y el primero que matan este año.
El Consejo Político del partido Comunes, agrupación política creada por los excombatientes que firmaron el Acuerdo de Paz, rechazó el hecho y exigió al gobierno de Iván Duque a que garantice la seguridad de los firmantes que participaron en la desmovilización de la extinta guerrilla FARC-EP.
La organización también hizo un llamado «a dejar por fuera del conflicto a la población civil; que clama paz y reconciliación». «¡Que la paz no nos cueste la vida!«, añade la representación de Comunes en Arauca, región que desde inicios del 2022 ha registrado el recrudecimiento de la violencia por el conflicto armado.
El presidente de Comunes, Rodrigo Londoño, lamentó el asesinato de Gómez y señaló: «Estas terribles noticias son consecuencia de la falta de voluntad política del gobierno [de Iván] Duque para implementar integralmente el Acuerdo de Paz».
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó, por su parte, que el asesinato de Ballén Gómez se produjo apenas tres días después que la Corte Constitucional de Colombia declarara el Estado de Cosas Inconstitucional contra contra la Presidencia de la República y otras instancias de Gobierno, por el bajo nivel de implementación de las garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz, muchos de ellos miembros del partido Comunes.
De acuerdo con Indepaz, Ballén Gómez era parte de la Cooperativa Multiactiva Esperanzas de Paz (Coepaz), ubicada en la misma localidad de Saravena, donde actúan varios grupos armados ilegales y existen «insuficientes» medidas para proteger a la población civil que sufre el conflicto.
La escalada violenta en la región de Arauca, que se registró durante los primeros días de enero de este año, se ha intensificado en las últimas semanas, especialmente contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y otras comunidades de la región.
La semana pasada se produjeron dos sicariatos en menos de 24 horas y contra una misma familia de líderes sociales. Primero fue asesinado Álvaro Barragán Peña y horas más tarde su esposa, Rosalba Carmenza Tarazona Ortega, cuando se encontraba en el acto velatorio de su marido.
Fuente: RT.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
