Colombia bate récord en latinoamerica como el país con más asesinatos de ambientalistas

Con 65 asesinatos, Colombia fue en 2020 el país donde más mataron líderes ambientales en todo el mundo, según el informe de la ONG Global Witness. En diálogo con tres importantes activistas colombianos hacen un llamado por la vida y la protección de las comunidades ante la escalofriante cifra.

Ser activista ambiental en Colombia es una condena a muerte. Eso es lo que se evidencia en el más reciente informe de la ONG Global Witness, conocido este lunes 13 de septiembre, que reveló que en 2020 fueron asesinados 65 líderes ambientales en ese país latinoamericano, el lugar del mundo donde más matan a quienes defienden el medioambiente.

«Hay un récord en 2020 de 199 asesinatos de líderes sociales, lo que muestra que la situación es muy grave y la respuesta gubernamental no está a la altura de las circunstancias», dijo Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, del que el informe de Global Witness tomó insumos.

Colombia ocupa el deshonroso primer lugar por segundo año consecutivo y supera por más del doble de casos a México, que le sigue en segundo lugar con 30 casos. El top cinco lo terminan de integrar Filipinas (29), Brasil (20) y Honduras (17).

El informe de la ONG, además, detalla que una tercera parte de los ataques que sufrieron los activistas ambientales en Colombia fueron dirigidos a indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad de las víctimas fueron agricultores de pequeña escala. También hubo ataques a guardabosques.

«Estos asesinatos tuvieron lugar en un contexto amplio de ataques a defensores de derechos humanos y líderes sociales a lo largo del país, cuya violencia ha sido denominada como endémica por la ONU, a pesar de la esperanza que generó el Acuerdo de Paz de 2016», señala el informe, que registró en el mundo 277 ataques letales a los activistas por el medioambiente.

La impactante cifra se conoce casi un mes después de que la Defensoría del Pueblo de Colombia, una entidad encargada de la promoción y la protección de los derechos humanos, informara que en los primeros seis meses de 2021 se registraron 407 conductas violentas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, dentro de la que se cuentan atentados, amenazas y asesinatos.

«La respuesta gubernamental no está a la altura»

Sobre el asunto, tres notables líderes sociales y ambientales del país, coincidieron en que, en general, faltan políticas contundentes para la defensa de la vida de los líderes sociales y de los activistas ambientales de manera focalizada.

Para Lourdes Castro, existe todavía un negacionismo por parte de las autoridades y la situación de riesgo para los líderes sociales tendría una relación directa con la falta de implementación del Acuerdo de Paz que el Estado colombiano firmó con la guerrilla de las FARC en 2016.

En ese sentido, considera que el informe de la ONG prende las alarmas en el ámbito internacional para que, al menos en el próximo gobierno colombiano, se tenga presente la necesidad de protección de los activistas ambientales.

Según Castro, el asesinato de líderes ambientales puede encontrar su explicación en la estigmatización que sufren las personas y organizaciones que defienden causas a favor del agua, la tierra o los bosques.

«Se dice que van en contra del desarrollo del país y, bajo esa narrativa, se estigmatiza a las personas en un país en el que la violencia ha sido la forma de resolver diferencias», explica.

Un segundo elemento que destaca es el alto nivel de impunidad en los crímenes, que alimenta los círculos de violencia porque no hay una adecuada investigación, juzgamiento ni sanción para los autores materiales y determinadores de los asesinatos.Por su parte, Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia Libre de Fracking, atina a decir que el informe de Global Witness es solo el más fiel reflejo de la realidad que se vive en el país.

«Aquí defender el agua puede costarle la vida a cualquier ciudadano que, por ejemplo, se oponga a un proyecto extractivo. Son personas que perdieron la vida por defender la naturaleza, haciendo algo que en cualquier país debería ser de sentido común», anota el líder ambiental.

Santiago narra que no son extrañas las amenazas a través de terceros en las que se les sugiere que no sean «enemigos del desarrollo y el progreso». «Hay intereses económicos y empresariales muy fuertes y creemos que está ligados a las amenazas», manifiesta el líder antifracking.

El activista es de los contados líderes que cuentan con esquemas de seguridad, vehículos y hombres de protección, pero asegura que no es la realidad de la inmensa mayoría.

«Ese no debería ser el caso porque en Colombia debería haber garantías para ejercer el activismo ambiental. Uno habla con activistas de otros lugares del mundo y les parece inconcebible que por lo que ellos hacen en Francia, Alemania o Estados Unidos yo tenga en Colombia hombres armados cuidándome», agrega.

«Somos incómodos»

Sobre el asunto también opinó Isabel Cristina Zuleta, integrante de la organización Ríos Vivos y de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua, desde donde se ha hecho oposición al proyecto energético de Hidroituango, en el departamento de Antioquia, al noroccidente de Colombia.

«Los activistas ambientales somos incómodos porque denunciamos la coaptación del Estado y las relaciones de este con los proyectos minero-energéticos, la agroindustria, la destrucción de los océanos, la destrucción de los ecosistemas y la extensión de la frontera agrícola que acaba con los bosques», asegura Zuleta.

Para la activista, desde el Estado colombiano se debe hacer énfasis en la protección de los ambientalistas con los análisis específicos de los riesgos y girar hacia la protección colectiva más allá de la individual porque detrás de cada activista hay comunidades enteras.

«Nosotros somos el único movimiento ambientalista de Colombia que obtuvo medidas de protección específicas porque llevamos nuestra lucha al ámbito internacional. Cada vez que denunciábamos el avance de dicha obra nos asesinaban a un líder. Tuvimos que elevarla a lo internacional para que se nos protegiera como colectivo porque nuestra defensa es colectiva», concluye Zuleta.

La protección de los líderes ambientales ha sido un asunto que ha estado en la agenda de Colombia desde hace años, pero ha llegado principalmente desde iniciativas internacionales. En enero de 2021, cuando el niño ambientalista colombiano de 11 años Francisco Vera recibió amenazas, fueron la Unión Europea y países como Suecia, Noruega y Francia los que manifestaron el compromiso de contribuir con el cuidado de la vida de los ambientalistas.

Ese es un deseo que tienen los activistas de Colombia, quienes esperan que las cifras que van corriendo en 2021 no superen las de 2020 y que el país deje de tener ese vergonzoso título que lo denomina como el lugar más peligroso del planeta para la protección de la naturaleza.

Cortesía de Germán Gómez Sputnik

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