“En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios: Cese la represión” (Monseñor Oscar Arnulfo Romero).
Mujeres y hombres, de la diversidad de genero, personas y miembros de organizaciones y comunidades, defensores de la vida, creyentes de la justicia social y de la dignidad de los pueblos, quienes firmamos esta declaración, queremos manifestar nuestro profundo dolor ante el modelo de muerte que cada vez más se enquista en la realidad de la población colombiana.
Ante la situación de miedo, terror, miseria y desesperanza elevamos nuestra denuncia:
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, entre la exguerrilla de las Farc-EP y el gobierno colombiano, en noviembre de 2016, hasta el mes de agosto del 2020, son 1000 las personas asesinadas: líderes, lideresas sociales, de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, defensores-as de Derechos Humanos. También han sido asesinadas 227 personas que firmaron el Acuerdo de Paz, cifras recientemente registradas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz– Indepaz. Sin embargo, el impacto podría ser mayor, dado que existe un subregistro.
Durante 2020, según Indepaz, hasta el 21 de septiembre son 246 las personas que han sido asesinadas en 61 masacres. Dentro de las víctimas, hay un número considerable de jóvenes. La mayoría de los territorios donde han ocurrido coinciden con los sitios en donde hay presencia de la Fuerza Pública.
El escalonamiento del conflicto se viene dando en medio de las medidas de aislamiento y restricción por la crisis sanitaria del Covid-19, lo que también ha generado un aumento de las condiciones de empobrecimiento en el país, derivadas de la crisis económica.
El presidente de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, ha venido expidiendo más de 1.180 decretos, los cuales no todos tienen relación con dicha situación, que lesionan y precarizan los Derechos Humanos Fundamentales (salud, seguridad social, trabajo, entre otros), favoreciendo a los grandes capitales nacionales e internacionales.
La movilización social y las acciones de protesta han sido reprimidas con violencia, por parte del gobierno, aumentando la estigmatización, los señalamientos y la persecución. Un panegírico a la doctrina del enemigo interno.
En el marco de las protestas generadas por el crimen del estudiante de derecho, Javier Ordoñez, a manos de miembros de la Policía Nacional, fueron asesinadas también, por agentes de esta institución, 13 personas de acuerdo al Movice.
Es evidente la polarización nacional que existe, a consecuencia de la parálisis de la implementación de lo acordado con las Farc. También es urgente continuar la mesa de diálogo con el ELN. Las fuerzas políticas y económicas del gobierno de Iván Duque, afirman que no hay financiación para la implementación y señalan el acuerdo final como un pacto de impunidad. En contraste, sectores de las víctimas, organizaciones sociales, algunos partidos políticos y sectores económicos e incluso militares reclaman el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz como una oportunidad histórica para contar la verdad y lograr los cambios y transformaciones que requiere Colombia.
Se avanza en instaurar un gobierno con características dictatoriales al pretender acabar con las cortes, concentrar los esfuerzos en militarizar los territorios, como la única forma de seguridad, aprobando la presencia de militares de Estados Unidos, sin haber pasado por la aprobación del Congreso colombiano, atacando desde el ejecutivo decisiones judiciales.
Hoy queremos elevar nuestro clamor al papa Francisco, al Consejo Mundial de Iglesias, a las diferentes relatorías de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver con los hechos que vienen sucediendo, a los países garantes del Acuerdo de Paz en Colombia, a la Federación Luterana Mundial, a la Comunión Reformada Mundial, a personas como Adolfo Pérez Esquivel, Naomi Klein, Noam Chomsky, y, a todas y todos, quienes pueden levantar sus voces por la vida y la paz de Colombia.
Ante este panorama invitamos a unirse a nuestro clamor:
– Para que el gobierno de Colombia genere las condiciones necesarias para garantizar el derecho sagrado a la vida: prevenir y detener el asesinato de líderes y lideresas sociales, defensores-as de Derechos Humanos y firmantes del Acuerdo final de Paz.
– Para que puedan visibilizar el derrumbe del estado de derecho y que se pueda dejar constancia del desangre que se vive en Colombia
– Para que se mantenga el equilibrio de poderes en perspectiva de un verdadero estado social de derecho.
– Para que haya una depuración y reestructuración de las Fuerzas Militares y policiales.
– Para que el gobierno colombiano tome una decisión de fondo con el fin de garantizar el desmonte efectivo de estructuras sucesoras del paramilitarismo y restablecer la mesa de conversaciones con la guerrilla del ELN.
– Pedimos visibilizar lo que sigue ocurriendo y se agudiza en nuestros territorios, confinamiento y desplazamiento forzado, afectaciones por minas antipersonal, bloqueos económicos, señalamientos, despojo territorial, daños ambientales, extractivismo.
– Les invitamos a elevar cartas al gobierno colombiano, avanzar de inmediato por un acuerdo Humanitario que frene el escalamiento del conflicto.
– Solicitamos la salida de los militares de Estados Unidos de territorio colombiano.
– Ante tan difícil situación, les solicitamos a ustedes mantener dispuestos todos los mecanismos de monitoreo, alertas tempranas y estrategias de incidencia política, a gran escala, que nos ayuden a encontrar alternativas de vida, y podamos superar esta situación que vive nuestro país.
¡¡Por la Vida, la Justicia y la Paz de Colombia!!
Alianza CONVIDA20, CONPAZCOL, Mesa Ecuménica por la Paz, FOR Presente por la Paz, De la Guerra a la Paz, Comisión Construcción de Paz, No Violencia y Desmilitarización, Fundación Pueblo Indio del Ecuador, SICSAL, SOAWatch
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