La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) imputó este lunes 25 de julio a 22 militares, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —organismo estatal que realizaba labores de inteligencia y contrainteligencia—, y dos civiles por su presunta participación en el llamado ‘Caso 03’, conocido también como ‘falsos positivos’, donde efectivos de seguridad del Estado presentaron falsamente a personas indefensas como dadas de baja en combates como guerrilleros o delincuentes.
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, y el magistrado Óscar Parra, relator del subcaso ‘Casanare’, que integra el expediente de ‘falsos positivos’, detallaron que los acusados están señalados por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, tras haber participado en los asesinatos de 303 personas en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca, entre los años 2005 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Entre los acusados se encuentran un mayor general, dos coroneles, tres tenientes coroneles, diez oficiales y seis suboficiales, todos en condición de retiro y quienes —en su mayoría— pertenecían a la Brigada XVI del Ejército colombiano. En estas imputaciones tomaron en cuenta los testimonios de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo, quien recientemente fue extraditado a EE. UU.
Tras la acusación, la JEP ha llamado a los presuntos responsables a reconocer los hechos en tres dimensiones: «fáctica, jurídica y restaurativa», quienes a partir de este lunes tienen 30 días hábiles para asumir o rechazar los cargos. En ese tiempo, los acusados podrán aportar sus argumentos, brindar nuevas evidencias, así como también lo harán las víctimas acreditadas y la Fiscalía.
Al vencer el plazo y dependiendo de lo que suceda, la JEP decidirá fijar una fecha de audiencia pública de reconocimiento. Si los imputados se niegan a aceptar su responsabilidad, el caso será enviado a la Unidad de Investigación y Acusación. De ser declarados culpables en juicio, los acusados podrían ser condenados a 20 años de prisión.
¿Quiénes son los señalados?
La JEP detalló que como «autores mediatos» de «máxima responsabilidad» están imputados el mayor general Henry William Torres Escalante, el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el teniente coronel Germán Alberto León Durán y el teniente coronel Henry Hernán Acosta Pardo, quienes «deberán responder por los crímenes que se cometieron a través de los aparatos criminales enquistados en la Brigada XVI sobre los que ejercieron poder de mando».
Como «coautores» con «aportes esenciales» se encuentran el detective retirado del extinto DAS, Orlando Rivas Tovar, el teniente Marco Fabián García Céspedes, el coronel Wilson Camargo Tamayo, el capitán Jaime Alberto Rivera Mahecha, el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez, el teniente Jhon Alexánder Suancha Florián, el cabo primero Gélver Pérez García y el teniente coronel Marcolino Puerto Jiménez.
En la misma lista están el capitán César Augusto Cómbita Eslava, el capitán Miguel Andrés Sierra García, el mayor Jorge Eduwin Gordillo Benítez, el mayor Erwin Eduardo Duarte Rojas, el cabo segundo Leandro Eliécer Moná Cano, el sargento primero Wilfrido Domínguez Márquez, el sargento segundo Wilson Salvador Burgos Jiménez, y el sargento primero Gildardo Antonio Jiménez Castrillón.
De igual forma aparecen señalados dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores, identificados como Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.
Otros tres responsables señalados como coautores «que no detentan la máxima responsabilidad» son: el coronel Cipriano Peña Chivatá, el teniente Zamir Humberto Casallas Valderrama y el sargento segundo Faiber Alberto Amaya Ruiz.
Fuente: RT.