Este 18 de octubre se cumple el tercer aniversario del inicio del estallido social, esa fuerza ciudadana que llevó sus reclamos a la calle exigiendo cambios estructurales para que haya más justicia y más igualdad.
Las manifestaciones desembocaron en uno de los momentos más emblemáticos desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet: la elaboración de una nueva Constitución. Si bien más del 60% de los votantes lo hizo en contra del nuevo texto propuesto por la Convención Constitucional, el proceso continúa y esperamos ver en un futuro no muy lejano, los nuevos cimientos sobre los cuales levantar un país que ponga a los derechos humanos en el centro.
Ahora bien, en el camino seguiremos insistiendo en la búsqueda de justicia para las víctimas del estallido social, pero también en la necesidad de concretar medidas de reparación y garantías de no repetición.
Sobre el primer punto, creemos que el Gobierno de Gabriel Boric ha hecho avances con la creación de la Mesa de Reparación Integral, siendo el objetivo generar una política de reparación integral, formular una ley acorde y crear un mecanismo de reconocimiento y calificación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del estallido social.
Sobre este particular, también vemos de manera positiva el anuncio del gobierno del Plan de Acompañamiento y Cuidado a las Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) en reemplazo del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) que había sido muy criticado por las mismas víctimas. El nuevo programa establece reparación integral y continua para las víctimas, y plantea ampliar la cobertura nacional. Si bien se trata de medidas que van en la dirección correcta, es importante dejar claro que aún falta mucho para que el Estado cumpla todas sus obligaciones en esta materia.
En relación a las garantías de no repetición, consideramos fundamental una reforma profunda e integral a la institución de Carabineros que implique cambios estructurales a la doctrina, marco normativo y procesos formativos. Es necesario transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que desarrolle mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas. Hasta tanto estas demandas no ocurran, Amnistía Internacional seguirá con sus ojos puestos sobre Chile.
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