Este lunes comienza el juicio en el que se decidirá si el ciberactivista australiano Julian Assange, fundador de WikiLeaks, será extraditado del Reino Unido a Estados Unidos (EE.UU.) donde se le acusa de 18 delitos, entre ellos espionaje, por los que se pide una condena de 175 años de cárcel.
El proceso judicial ha sido ampliamente criticado, debido al trato recibido por el periodista y el deterioro de su estado de salud.
El juicio se celebra en el tribunal Woolwich Crown Court, en el sureste de Londres, y se estima que durará varios días, aunque su resolución se podría posponer hasta mayo o, incluso, prolongarse durante varios años. Assange se encuentra encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, muy cercana al tribunal.
El activista australiano, de 48 años, fue detenido inicialmente en el Reino Unido en el año 2010 debido a una petición de Suecia relacionado con un presunto delito sexual, que ya está archivado. Posteriormente se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció encerrado durante siete años, hasta que el Gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo en abril de 2019 y volvió a ser apresado por la Policía británica.
Tan solo un mes después, en mayo, EE.UU. solicitó su extradición, acusándolo de delitos de espionaje y conspiración para cometer intrusión informática.
Estados Unidos lo acusa de 18 cargos
El fundador de WikiLeaks sostiene que actúo como periodista y que, por tanto, está bajo el paraguas de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión. Acusa al gobierno americano de “persecución política” y de coerción a la libertad de prensa. Su abogada, Jen Robinson, alertó de que se enfrentan a “una superpotencia mundial que lleva preparándose 10 años”.
Por su parte, el gobierno americano argumenta que el periodista australiano, es un espía extranjero y lo acusa de 17 delitos relativos a la Ley de Espionaje de 1912 y otro por “incitación al fraude informático”, relacionado con Chelsea Manning, la soldado que entró, con la ayuda de Assange y una identidad falsa, a la base de datos del ejército americano.
WikiLeaks filtró 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra de Afganistán y 250.000 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Entre ellos destaca ‘Asesinato Colateral’, un vídeo que mostraba el bombardeo de población civil cerca de Bagdad, Irak y el ‘Cablegate’, relacionado con los maltratos y torturas llevadas a cabo en la prisión de Guantánamo
Asimismo, para difundir las informaciones, Assange contó con la cooperación de reconocidos medios internacionales: el británico The Guardian, el español El País, el alemán Der Spielgel o el estadounidense The New York Times, entre otros.
Si la solicitud estadounidense prospera, Assange podría enfrentarse a la petición de 175 años de prisión por los 18 cargos de los que se le acusa.
Protestas en Londres
La salud de Julian Assange se ha visto agravada por los años en el interior de la embajada y por el asilamiento al que está sometido en la cárcel Belmarsh, desde donde acusa a la justicia inglesa de complicar el acceso a su equipo legal.
Durante el inicio del juicio, se desarrollaron numerosas protestas en Londres, para exigr la libertad del fundador de WikiLeaks.
Una de ellas tuvo lugar en las puertas de la prisión de Belmarsh, la cual estuvo liderada por el padre de Assange, John Shipton.
Shipton alertó que si la «extradición política» de su hijo es exitosa, los periodistas, editores y publicaciones se expondrán a lo mismo que ha sufrido el activista.
«La opresión al periodismo; la incesante malicia dirigida contra Julian Assange por las autoridades; una detención arbitraria de 10 años, como atestigua el grupo de trabajo de las Naciones Unidas por la detención arbitraria; la tortura, como atestigua Nils Melzer, el Relator especial de la ONU sobre tortura», expresó.
Por su parte, la activista Cristina Navarrete, destacó que el caso de Julian Assange es «preocupante» no solamente por lo que significa en relación con «el ataque a la libertad de expresión«, sino también porque «sienta un precedente muy negativo para el ciudadano común».
Además, recordó que «en cada paso de este caso ha habido detrás una intención política, es totalmente un juicio político», y planteó que «la Justicia británica no ha resultado ser muy justa«.
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