Como un “blindaje político a decisiones que ya tomaron en Europa y con el sector privado para avanzar en la instalación masiva de la industria del H2 en Chile, intensiva en uso de agua, energía, territorios e infraestructura” calificaron desde Chile Sustentable la conformación, por parte del gobierno de Gabriel Boric, de un Comité Estratégico de Hidrógeno Verde. El grupo de 10 personas, que integran la ex Presidenta Michelle Bachelet, los gobernadores de Antofagasta Ricardo Díaz y Magallanes Jorge Flies, además de ex ministros de Sebastián Piñera, economistas e investigadores, tiene dentro de sus principales líneas estratégicas habilitar el aterrizaje masivo de esta nueva tecnología en el país.
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, explicó que “no se comprende bien el rol de este Comité, toda vez que desde el gobierno ya se tomaron una serie de decisiones previas que, en la práctica, acotan al límite el margen de acción que tendrá Chile en esta materia”. Ahondó señalando que “el mapa del despliegue territorial de la industria de hidrógeno está ya zanjado y los inversionistas están sólo esperando los financiamientos que llegarán gracias los distintos acuerdos suscritos por el gobierno con cuatro bancos multilaterales en el último tiempo”.
Larraín se refirió así al Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile, cuyas negociaciones concluyeron el diciembre de 2022 y que se espera se suscriba a fines de este año en Bruselas, que establece como ejes prioritarios facilitar la exportación masiva a Europa de tres materias primas específicas: litio, cobre e hidrógeno basado en energías renovables.
Esto se suma a los convenios específicos que ha suscrito el gobierno en el último tiempo: la Declaración Conjunta de Intenciones sobre el “Fondo Team Europe de Hidrógeno Renovable en Chile” (con participación, además de Chile, del Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania), y el lanzamiento del Proyecto “Team Europe” para el Desarrollo del Hidrógeno Renovable en Chile (que como contraparte incluye a la Unión Europea y a la República Federal de Alemania).
“En esta negociación que se plantea como exitosa, hay un desbalance preocupante: Chile pone a disposición de Europa su territorio, agua y energía mientras ellos destinan mil millones de dólares para atraer inversiones privadas y materializar un montaje industrial para fabricar y exportar hidrógeno” expresó la directora. Más aún, acotó, el destino de esos fondos estaría ya zanjado, siendo su objetivo financiar créditos tributarios, reducir los riesgos de las empresas, habilitar tecnología, capacitación a trabajadores, construcción de puertos e infraestructura, y proveer terrenos fiscales para el despliegue. “Incluso ya hay 23 medidas predefinidas en el Plan de Acción, al igual que aspectos esenciales como que la industria del hidrógeno será 100 % privada” puntualizó.
Además, previamente nuestro país suscribió con Francia una Declaración Conjunta sobre la “Creación de un Grupo de Trabajo Bilateral sobre el Hidrógeno bajo en Carbono”.
Para Sara Larraín todos estos antecedentes dan cuenta de que “el Comité Estratégico, con figuras de alto nivel, tiene bastante poco margen de acción, siendo en la práctica un blindaje político a decisiones ya zanjadas para avanzar en la instalación masiva de una nueva industria exportadora en Chile, intensiva en uso de agua, energía, territorios e infraestructura. En el fondo, un nuevo extractivismo europeo, sin normas ni condiciones de sustentabilidad, ya que ni el Acuerdo con la UE ni el Plan de Acción del H2 indican que esta industria va a aplicar las normas vigentes en la Unión Europea para estas inversiones en nuestro país”.
Esta nueva ofensiva extractivista se torna más compleja pues, aunque se fundamenta en el hecho de hacer posible la transición de Europa hacia energías limpias, “no se menciona en parte alguna la voluntad de reducir los estándares de vida europeos, ni la reducción de sus patrones de consumo. Siendo que está demostrado que el planeta no alcanza para que toda la humanidad viva como los europeos, por tanto alguien pagará la factura. Con esta política seremos nosotros, los chilenos”, planteó la directora de Chile Sustentable.
Lo anterior es más claro aún cuando en las dos zonas que se han definido como fundamentales para la fabricación y exportación de hidrógeno, como son las regiones de Antofagasta y Magallanes (las nuevas “zonas de sacrificio”), no existe información sobre la biodiversidad, las aguas y la capacidad de carga para recibir masivamente estos megaproyectos.
“No hay líneas de base ambiental ni coordinaciones institucionales para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica, tampoco planes de ordenamiento territorial en ecosistemas tan frágiles como los de la zona austral” explicó Larraín, al tiempo que aclaró que en Chile “no tenemos norma ambiental para la desalación y se está al debe en mecanismos para adquirir conocimiento sobre el territorio y prevenir los impactos sinérgicos y acumulados de decenas de mega proyectos de hidrógeno que se pretenden instalar en estas dos regiones”.
Fuente: Nota de prensa
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