“Como en un campo de concentración”: Repudio a las masivas detenciones en Universidad de San Marcos, Lima, Perú

La Policía peruana irrumpió el sábado empleando tanquetas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, para detener masivamente a personas en una acción que saldó con al menos 205 detenidos y fuertes críticas de organismos internacionales de derechos humanos.

Testimonio de mujer maltratada por la Policía en intervención a Universidad San Marcos (Wayka)

Reporte de Agencia alemana DW sobre detenciones masiva en USM

Reporte de El País (España)

Repudio desde organismos de derechos humanos

Comisión Interamericana de DDHH

Ante el polémico arribo de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) la mañana de este sábado 21 de enero, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expresó su preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas de manifestantes y estudiantes. Asimismo, pidió al Gobierno de Dina Boluarte esclarecer el hecho y garantizar el debido proceso.

“CIDH expresa su preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas en la Universidad de San Marcos; exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas”, escribió la entidad internacional en su cuenta de Twitter.

Unión Europea

la Unión Europea (UE) condenó los “actos de violencia” y el uso “desproporcionado” de las fuerzas de seguridad en Perú durante la ola de protestas que comenzó en diciembre —tras la destitución y detención de Pedro Castillo y juramentación de Dina Boluarte como nueva presidenta del país— y que ya ha dejado alrededor de 60 muertos.

Según el portavoz del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, “las protestas sociales pacíficas que respeten el Estado de derecho son legítimas en una sociedad democrática. La UE reitera su condena de los numerosos actos de violencia y también del empleo desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad”, expresó en un comunicado.

EARTHRIGHTS INTERNATIONAL

Desde EarthRights manifestamos nuestro profundo rechazo y llamamos la atención sobre las graves violaciones a los derechos humanos que siguen cometiéndose en el Perú y denunciamos que:

• La detención masiva y violenta de cientos de personas que pernoctaban en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido arbitraria e ilegal, sin presencia de un fiscal del Ministerio Público. Los efectivos policiales que realizaron el operativo produjeron tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos, a quienes se les obligó a  permanecer en el suelo mientras eran apuntados con armas. Las personas detenidas fueron trasladadas a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI)  y a la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE).
• Los detenidos esperaron por varias horas la presencia del Fiscal provincial para que decida su liberación. Al finalizar el primer día, el Fiscal no se presentó en la DIRINCRI ni en la DIRCOTE a pesar de que se le comunicó que habían cuatro casos de personas en mal estado de salud. Por un largo periodo de tiempo,  se  mantuvo  a decenas de ciudadanos indígenas (quechuas y aymaras)  en situación de desaparición, ya que se les incomunicó y no se tuvo conocimiento de su paradero exacto.
• Las personas detenidas estuvieron en condiciones degradantes sin acceso a comida y en ambientes hacinados, algunos de ellos sin acceso a sus medicinas.
• Desde EarthRights International, a pedido de los familiares directos, interpusimos habeas corpus para tres defensores de derechos humanos aymaras. La presentación de estas demandas fue obstaculizada por el Poder Judicial, ya que sus sedes no atendían de manera presencial y el sistema habitual de presentación virtual presentó fallas, en medio de la grave situación de detención masiva de ciudadanos y ciudadanas. Posteriormente, el Poder Judicial habilitó un correo electrónico.
• Abogados y abogadas fueron tratados de manera violenta por la Policía Nacional del Perú y los Fiscales en lo penal que estaban tomando la declaración de los detenidos.
• De manera ilegal la Policía Nacional del Perú incautó los DNI (Documento Nacional de Identidad) de los detenidos quienes fueron liberados aproximadamente a las 10:00 p. m., del 22 de enero, por lo que tuvieron que hacer trámites adicionales para su devolución. Algunos, hasta el día de hoy, no han logrado recuperar su DNI pues  la PNP no da información precisa de la ubicación de sus documentos. Cabe señalar que, de acuerdo con artículo 316 del Código Procesal Penal, el DNI no es un artículo que pueda ser incautado, pues en el Perú da acceso a muchos otros derechos fundamentales como el libre tránsito por todo el país, a la educación, a la salud, entre otros.
• Las personas fueron liberadas sin posibilidad de comunicarse con sus familiares, sin sus pertenencias, ni dinero que les permita buscar un alojamiento, en un lugar que no conocen debido a que la mayoría son de la región de Arequipa, Huancavelica, Puno y Juliaca. 
• Pese a que no se pudo acreditar en modo alguno ni un solo indicio de algún delito, (ni común ni de terrorismo) todas las personas que han sido puestas en libertad continúan sujetas a investigación preliminar por parte de la Fiscalía. Situación que se convierte en una criminalización contra las y los defensores de derechos humanos que llegaron de diversos lugares del Perú, en representación de sus comunidades para ejercer su legítimo derecho a la protesta social.

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