Comunidades mapuche denuncian que empresario inmobiliario criminaliza a defensores del territorio en Panguipulli

Un conflicto originado desde hace algunos años ha tomado diversos ribetes y uno de ellos es la criminalización a quienes defienden a sus comunidades de intereses inmobiliarios

Seguel Alfredo

19/10/2023 10:01am

Fotografía portada: Archivo, Diario Panguipulli / Orlando Colipán Quintomán y comunidades en 2018

El conflicto inmobiliario

El werkén, Orlando Colipan Quintomán, con integrantes de la Comunidad Pedro Quintoman, Comunidad Lloncón-Millal, Comunidad Pilinhue, Comunidad Rayenkura Lafquen y la Comunidad Epu Wincul, desde el año 2018 vienen sosteniendo diversas razones de la oposición a la instalación de un proyecto inmobiliario en la zona de Pilinhue.

El dirigente mapuche, ha asegurado que se sumaron una serie de situaciones que antes no ocurrían en Pilinhue, incluso se refirió a amedrentamiento con disparos, señalaba dicho año a Diario Panguipulli. Debido a esta situación las comunidades dijeron basta y anunció que se tomaría control territorial en el sector.

Desde aquel tiempo, los hechos han tomado diversas aristas, una de ellas, es la criminalización que se hace al propio dirigente mapuche, quien, en la actualidad, enfrenta una querella, interpuesta por Pablo Bruner Moreno quien es dueño de la inmobiliaria Puerto Rayencura e Inversiones Roble Viejo, quien acusa los supuestos delitos de usurpación, daños y amenazas.

En el marco de esta judicialización, Orlando Colipan, declaró en septiembre al inicio de la audiencia:»En ningún momento se ha llegado a usurpar un terreno de un momento a otro. Es un espacio donde nosotros nacimos, yo nací y me crié, vivo allí, por lo tanto, el usurpador hoy aquí, hoy día es Pablo Bruner Moreno a través de la inmobiliaria», agregando que la empresa se está instalando al interior de las comunidades de la zona, interviniendo el territorio mapuche.

El werken denuncia hostigamiento y de parte del empresario toda vez que hoy busca criminalizar al werken utilizando el sistema judicial para culpar al representante, cuya judicialización sigue avanzando.

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