La escuela rural Collico, ubicada en la comuna de Curacautín, en La Araucanía, mantiene en su nómina a una persona condenada por delitos de lesa humanidad como profesor encargado del instituto educativo.
El hombre responde al nombre de Juan Carlos Burgos Belauzarán y fue condenado, junto a cuatro carabineros y nueve civiles, como autor de secuestro y desaparición de 28 campesinos en Quilaco y Santa Bárbara, en lo que configura uno de los crímenes más brutales de la dictadura; refiere Resumen.
Los delitos se ejecutaron entre septiembre y diciembre de 1973.
En la investigación judicial se establecen en detalle los diversos episodios criminales protagonizados por los uniformados y civiles ejecutores de verdaderas razias de exterminio.
Al respecto, el hombre tenía como condena, además, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, así como la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
No obstante, se conoció que es profesor encargado de la escuela rural desde 2016 y recibe un sueldo de dos millones de pesos.
Por esta razón, se preguntó al Departamento de Administración de Educación (DAEM) del municipio Curacautín y de la Seremi de Educación en La Araucanía, para tratar el tema, no obstante; ambos señalaron que la situación se encuentra en evaluación por parte de un equipo jurídico.
Sin embargo, desde el departamento de educación municipal señalaron que «aún no nos ha informado la Corte Suprema y en la recolección de antecedentes de ahora salió la inhabilidad y por eso se levantó la información a los abogados. Yo no tenía idea, llevo casi un año en el cargo y tampoco soy de Curacautín».
Según el colegio, el sujeto está de licencia pero aún se le sigue pagando el salario.
«Él está con licencia y la licencia se la paga la Isapre», señalaron desde el departamento.
Por su parte, la seremi de Educación de la Araucanía, María Isabel Mariñanco, se remitió a responsabilizar al sostenedor, evitando referirse a una posible toma de medidas.
«En el ámbito administrativo de la gestión de los establecimientos educacionales, las contrataciones del personal están bajo la responsabilidad del sostenedor que, en este caso, corresponde al municipio. Como Ministerio de Educación llamamos a los municipios y al servicio local de educación pública, en su calidad de sostenedores a dotar de mayor rigurosidad a los procesos de revisión de los antecedentes de quienes ejercen labores en los establecimientos educacionales», puntualizó la seremi, citada por el medio.
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