Hace dos años un grupo de agricultores del Valle del Elqui, comuna de Paihuano, Región de Coquimbo, denunció que en el Fundo El Cerrito, donde opera la compañía Agrícola El Cerrito, propiedad del multimillonario empresario Andrónico Luksic, y que se dedica a la producción de uva de exportación, había un punto de extracción de agua irregular del Río Claro.
Los pequeños productores agrícolas solo recibían aguas los domingos, justificando esto en la escasez hídrica y la sequía, pero lo cierto es que por 15 años, la compañía El Cerrito desvió, acumuló y canalizó ilegalmente aguas precordilleranas de la localidad para regar las viñas.
De hecho, un reportaje de Ciper, publicado en febrero de 2021, dio cuenta de que la empresa agrícola , controlada por el magnate, mantenía un estanque artificial, un conducto y una bomba hidráulica para extraer agua del estero «El Derecho».
Los afectados señalan que Luksic se quedó con millones de metros cúbicos de agua, mientras ellos no tenían ni para regar sus maceteros.
«Imagínate una bomba de 50 hp extrayendo agua, ocho, diez horas al día, agua que fue usada para que esta empresa regara sus uvas. Regaron durante años con agua que no era de ellos. Es muy grave», relató Sergio Alemparte, el agricultor que denunció los hechos en octubre de 2020, y quien nunca ha sido atendido por los gerentes o los abogados de la compañía del empresario.
Varios productores de la zona señalaron que la bomba de extracción de agua instalada por la empresa agrícola permaneció allí por un lapso aproximado de 15 años, un dato que no fue refutado por El Cerrito.
“Esta antigua bomba funcionaba de forma muy esporádica cuando el río traía mayor abundancia, y su aporte representa en torno al 5% del total del consumo de agua para riego de la Agrícola. Actualmente, como hemos hecho ver a las respectivas directivas de los canales, no estamos recibiendo de éstos el agua que nos corresponde, no solo producto de la escasez hídrica, sino por posibles captaciones irregulares que se estarían produciendo aguas arriba, por lo que insistiremos en que se refuerce la fiscalización para evitar que este problema siga afectándonos a nosotros y a otros agricultores” afirmó a Ciper, Rodrigo Santander, gerente de operaciones de la agrícola, propiedad de Luksic.
Denuncia por usurpación de aguas
En 2021, Greenpeace y el abogado Luis Mariano Rendón denunciaron los graves hechos, a su entender constitutivos del delito de usurpación de aguas, ante el Juzgado de Garantía de Vicuña.
En esa oportunidad, Rendón planteó que Rendón el actuar de «un multimillonario de escala mundial, como el señor Luksic, extraiga agua ilegalmente de una de sus empresas, es increíblemente vergonzoso». Ya que, «el país ya sufre los impactos de la crisis climática. Cada vez la disponibilidad de agua es menor, afectando incluso al abastecimiento para el consumo humano básico. Frente a ello es necesario transformar, incluso constitucionalmente, la institucionalidad del país para gestionar esa agua cada vez más escasa».
La pena establecida por el Código Penal para el delito de extracción ilegal de agua es de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir de 61 días a 3 años y un día, y una multa de 20 (un millón de pesos) a 5.000 UTM (255 millones de pesos).
Sin embargo, el pasado 9 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Vicuña, presidido por el juez Felipe Ravanal, decidió sobreseer a los representantes de la empresa, a instancias de su defensa.
Pese a que el fiscal Juan Rubén González Tobar se opuso formalmente al sobreseimiento, no apeló al fallo, por lo que no pudo ser revisado por la Corte de Apelaciones de La Serena.
Esto fue cual fue duramente criticado por Luis Mariano Rendón quien explicó a El Mostrador que él no había podido apelar, porque no es parte querellante en la causa.
Para haber podido hacerlo tendría que haber sido designado como abogado por la parte afectada por el delito (las víctimas de la usurpación de aguas), pero que no designaron abogado en la causa.
«Nosotros no hemos hecho nada a ese nivel judicial todavía, porque estamos esperando (la confirmación) del fallo técnico», explicó Alemparte.
«Se sobreseyó primero a Luksic, seguramente con el argumento de no estar directamente en la gestión operativa del predio, y luego a Santander, el gerente operativo del predio», indicó Rendón al citado medio.
«Lo que no me calza es que si el Ministerio Público se opuso a la solicitud de sobreseimiento, por qué no interpuso el recurso de apelación correspondiente. Es sumamente extraño, incoherente», acotó.
Según la Fiscalía, pese a las diligencias efectuadas y otras acciones derivadas en la causa y dadas las condiciones en que se realizaba dicho proceso de distribución de agua, no se acreditó afectación del suministro total a los fundos aledaños.
Por ende, no existía forma de acreditar la perpetración de algún delito, al menos en el área penal.
DGA confirma extracción no autorizada de agua
Como consecuencia de la denuncia del agricultor Sergio Alemparte, la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició en 2021 un procedimiento administrativo contra El Cerrito.
Una resolución del 21 de noviembre de 2022, determinó la confirmación –por la DGA en Santiago– de la sanción impuesta por la DGA Regional «por extracción no autorizada» de agua, que incluye una multa de por 1.050 UTM (60 millones de pesos).
En la misma resolución, la DGA instruyó a la seccional regional de la entidad realizar la apertura de un nuevo expediente de fiscalización contra la empresa, por «una presunta obra no autorizada en el cauce del estero Derecho».
La resolución inicial aplicó a la agrícola una multa de 1.100 UTM por la extracción no autorizada de aguas superficiales, desde una bocatoma ilegal ubicada en la ribera izquierda del Estero Derecho, en el tramo que recorre el Fundo El Cerrito, en el sector Pisco Elqui, de la comuna de Paihuano. Además, se ordenó a la empresa deshabilitar totalmente el sistema de captación de aguas superficiales no autorizadas, y retirar todas las instalaciones correspondientes a la caseta de la bomba, tablero eléctrico y tubería, informó la DGA, según consignó El Mostrador.
«Últimamente tenía agua una vez por semana, ahora tengo todos los días», expresó Alemparte a dicho medio, para explicar la diferencia del caudal tras el retiro del aparato ilegal de desvío de aguas.
Empresa de Luksic niega responsabilidad
Frente al dictamen de la DGA, Andrónico Luksic podrían interponer un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago hasta el 27 de diciembre.
De hecho, desde su empresa El Cerrito han negado todos los cargos y acusaciones.
«Las acusaciones que se hicieron desde el comienzo de esta investigación han demostrado ser infundadas en todas las instancias que corresponden, tanto judiciales como administrativas», señalaron a El Mostrador.
«La DGA, si bien optó por rebajar la multa originalmente aplicada, reiteró su parecer de que se habría cometido una infracción de carácter administrativo. La empresa se encuentra estudiando en detalle toda la documentación y fundamentación de la decisión de la DGA, y en base a ella determinará las acciones a seguir», indicó la firma.
Sin embargo en febrero del 2021, el propio Andrónico Luksic admitió ser el controlador de la compañía y afirmó que si «Agrícola El Cerrito incurrió en una falta grave, debe ser sancionada por la autoridad con toda la fuerza de la ley»
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