El diputado Félix González recurrió este martes a la Contraloría para que solicite al Gobierno Regional (GORE) de Bío Bío información de los más de dos mil millones de pesos que fueron destinados a la Corporación Ciudades.
Según el diputado, el proyecto «no tiene ejecución de obras».
En concreto, el diputado solicita que Contraloría pida «los detalles de la inversión realizada por el Gobierno Regional del Biobío en el marco del convenio City Lab firmado entre esta entidad, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)».
En este informe – detalla el diputado – se debería «incluir las especificaciones, el propósito y la duración de la colaboración del convenio, así como los recursos humanos y económicos asociados a cada colaborador».
«También es importante detallar los resultados proyectados y cualquier otra información que se considere relevante relacionada con la colaboración mencionada», señala la misiva enviada a la Contraloría.
Se trataría de un proyecto de «ciudades inteligentes» que según las primeras informaciones, estudiaría cuatro barrios del Gran Concepción, entre ellos la población Aurora de Chile, refiere Resumen.
El total de la inversión asciende a $4.210.847.000, monto del que el Gobierno Regional cubrirá el 58%.
Como se refiere en la misiva del diputado, de la iniciativa también forman parte la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Entrevistado por el medio, Félix González calificó este monto como «exagerado», debido a que este no contempla ninguna ejecución de obras; así como cuestionó los tiempos en que se desarrollará el proyecto.
«Los estudios no duran cuatro años. Queremos ver el detalle de en qué se gastan los dineros», recalcó.
«Un análisis de ciudad inteligente, no necesita hacerlo la Cámara Chilena de la Construcción, no necesita hacerlo una corporación, perfectamente podría estar a cargo del Gobierno Regional, contratando personal extra o del Ministerio de Vivienda, que podrían tomar recursos como estos o menos. Entonces, esto de pasarle los dineros a esta corporación en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, no nos parece que sea una decisión política correcta. Las decisiones políticas no son de materia de acusación, pero nos permitimos opinar que no es el camino», expresó Fernández.
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