La violencia y represión que inició en diciembre de 2022 continúa en distintas regiones del país, con muertos que se estiman en 50, además de cientos de heridos.
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“El alto número de muertes obliga a una rendición de cuentas por parte de las autoridades. Nos preocupa inmensamente, porque no se están respetando las normas internacionales de derechos humanos, la cual expresa claramente que solo debe emplearse las fuerza cuando sea estrictamente necesaria y de manera proporcional”, señala Amnistía Internacional.
Agrega el organismo: “¡No queremos que haya ni una muerte más! Exigimos a las autoridades que prioricen una salida dialogada a esta crisis y detengan de inmediato el uso excesivo de la fuerza contra la población civil”.
La organización también indica: “También pedimos que se utilicen todos los recursos disponibles para salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas heridas, proporcionando el apoyo necesario a las familias de los fallecidos. Necesitamos que se investiguen todas las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis actual de forma rápida, exhaustiva, independiente e imparcial”.
Amnistía Internacional activó una campaña para instar a la presidenta Boluarte a que ponga fin de inmediato a todas las formas de fuerza ilegítima por parte de las fuerzas de seguridad.
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