El Gobierno español ha convocado una segunda reunión de emergencia de expertos en violencia doméstica en menos de un mes tras los asesinatos de seis mujeres y una niña desde principios de enero, y al considerar un plan para que las mujeres maltratadas sepan si sus parejas han sido condenados por delitos violentos.
El comité de crisis se reunió por última vez después de los asesinatos de 11 mujeres en diciembre.
El lunes, una mujer de 45 años y su hija de ocho años fueron asesinadas en la provincia noroccidental española de Valladolid. Sus asesinatos se produjeron cinco días después de que una mujer de 38 años fuera asesinada en la provincia catalana de Lleida.
Las últimas muertes elevan a 1.188 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando el gobierno comenzó a registrar este tipo de asesinatos. Durante el mismo período, 49 niños han sido asesinados en ataques de violencia doméstica. En 2022, 49 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja, mientras que 43 mujeres murieron en este tipo de ataques en 2021.
“En lo que va de enero, seis mujeres y una niña de ocho años han sido asesinadas por violencia machista”, tuiteó la tarde del lunes la ministra de Igualdad de España, Irene Montero.
“El Ministerio de Igualdad está convocando una reunión del comité de crisis a las 10 a.m. de este viernes para analizar cada caso en detalle, averiguar qué salió mal, mejorar la coordinación y asegurarse de que siempre lleguemos a tiempo”. A la reunión asistirán responsables de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, así como representantes de las Comunidades Autónomas de España.
Ante un fuerte aumento de este tipo de asesinatos, el gobierno socialista de España está estudiando propuestas que permitirían a las autoridades informar a las mujeres víctimas de violencia doméstica sobre las condenas anteriores de sus parejas.
Sin embargo, la Fiscalía contra la Violencia contra la Mujer de España ha advertido que este tipo de advertencias no pueden emitirse “de forma automática ni generalizada”, y ha añadido que habrá que tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso.
El mes pasado, el gobierno pidió a los tribunales y fiscales que intensificaran el uso de pulseras electrónicas para ayudar a proteger a las mujeres cuyas exparejas estaban sujetas a órdenes de restricción.
“Creemos que es importante fomentar el uso de dispositivos electrónicos, como pulseras que alertan a las mujeres de la presencia de agresores”, dijo a finales de diciembre la ministra de Justicia, Pilar Llop. “Desde 2009, cuando se introdujeron estos brazaletes, ninguna mujer que los lleva ha sido asesinada”. Llop dijo que también era importante abordar a quienes niegan el “flagelo” de la violencia de género.
Sin embargo, los partidos de oposición han acusado al gobierno de no proteger a las mujeres al introducir una legislación controvertida que ha permitido que algunos delincuentes sexuales condenados vean reducidas sus sentencias en apelación.
La ley española “solo sí es sí”, que se introdujo después de la ira generalizada por la violación en grupo de la “manada de lobos” en Pamplona en 2016, ha convertido el consentimiento en un factor clave en los casos de agresión sexual.
Pero también ha revisado el alcance de las sentencias de prisión mínimas y máximas potenciales, lo que permite que algunos delincuentes sexuales condenados apelen contra sus sentencias y las reduzcan. A fines de diciembre, 129 delincuentes condenados se habían beneficiado de los cambios en las sentencias.
El vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid dijo recientemente a El País que las preocupaciones de los abogados sobre las consecuencias “no deseadas” de la nueva ley no habían sido atendidas, y Alberto Núñez Feijóo, líder del conservador Partido Popular, calificó la legislación como “un bodge legal”. ”.
El ataque de Pamplona, conocido como el caso de la “manada de lobos” por el nombre que los violadores se dieron a sí mismos, conmocionó a España y provocó un feroz debate sobre su legislación sobre delitos sexuales.
Hubo protestas en todo el país después de que los jueces que presidieron el juicio original absolvieran a los cinco de violación en grupo y los condenaran solo por el cargo menor de abuso sexual.
En junio de 2019, el tribunal supremo de España anuló el veredicto del tribunal regional, dictaminó que los hombres habían cometido una violación y elevó sus sentencias de nueve a 15 años cada uno.
En septiembre de ese año, manifestantes tomaron las calles de más de 250 pueblos y ciudades de España para declarar una “emergencia feminista” después de una serie de casos de violación de alto perfil y un verano en el que 19 mujeres fueron asesinadas por parejas actuales o anteriores.
Fuente: The Guardian
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