En el marco de la COP 27, el gobierno de Chile viene promoviendo la denominada “Política Exterior Turquesa”, que contempla una serie de objetivos y prioridades que contribuyan al posicionamiento de Chile como un actor relevante en la mitigación del cambio climático, la protección del océano y los ecosistemas con especial énfasis en avanzar “hacia un modelo de desarrollo más sostenible”.
En este escenario descrito por la Cancillería de Chile, el gobierno lidera “Américas por la Protección del Océano«, que tiene por objetivo establecer una red de áreas marinas protegidas ecológicamente interconectadas que abarque desde Canadá hasta Chile.
Sin embargo, un punto de inflexión en ese sentido, es la debacle de la industria salmonera, más aún, el gobierno no ha asumido una política concreta para sacar las concesiones acuícolas de las empresas y corporaciones transnacionales al interior de áreas marinas protegidas.
El debacle salmonero
«Los desechos que genera la industria de la salmonicultura, provenientes de las heces y alimentos no consumidos, se van depositando en el fondo marino y demandando más oxígeno, lo que resulta en una menor cantidad de este elemento disponible para que las especies bajo el mar puedan respirar y se mantenga la vida«, explica así un informe de la organización internacional AIDA.
Señalándose además por parte de una de las profesionales de la organiación: “«De hecho, bajo las granjas de salmones se han originado verdaderas zonas muertas, incluso en zonas protegidas».
Otra situación crítica a causa de la industria del salmón, son los masivos escapes de jaulas que ocasionaría la depredación de especies nativas por aquellas no-nativas como los salmones, siendo otro de los impactos directos que puede generar este tipo de industrias.
Asimismo, puede ser el traspaso de enfermedades debido a las altas concentraciones de antibióticos que se utilizan durante el desarrollo de estos peces.
Un elemento que se contrapone a la política del gobierno chileno en el exterior para “establecer una red de áreas marinas protegidas ecológicamente interconectadas”, son las concesiones acuícolas a empresas y corporaciones transnacionales sobre áreas marinas protegidas.
Un grave daño ocasionado por una transnacional, fue el ocurrido en el Parque Nacional Alberto de Agostini, emplazado en los Fiordos del Sur de Chile de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
La transnacional es acusada por el Consejo de Defensa del Estado, de generar pérdida del ecosistema marino, además de la afectación en biodiversidad, alterando el equilibrio ecológico del mismo, al punto de hacer irreversible su recuperación; todo esto, en un área protegida oficialmente por el Estado de Chile en virtud de tratados internacionales.
En lugares de enorme riqueza de biodiversidad, endemismo y heterogeneidad de hábitats marinos, así como de riqueza cultural, desafortunadamente existe un aumento evidente de actividades industriales como la acuicultura
La organización de conservación WWF Chile recomendó prohibir toda actividad industrial en las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y en las porciones marinas de las Áreas Protegidas terrestres de la Patagonia chilena, con especial énfasis en la explotación minera, producción de salmones y pesca industrial.
No hay avances para la erradicación de concesiones salmoneras de áreas protegidas
En Chile se vive una polémica en torno a retrocesos en tramitación de Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP) y que se tramita actualmente en la Cámara de Diputados y Diputadas, debido a que se han realizado mutilaciones en la Comisión de Agricultura, lo que generó críticas y preocupación frente a un proyecto que se tramita por larga data y que no logra convencer ni hacerse cargo de su objetivo principal, que es la protección y conservación de la biodiversidad.
Dicha Comisión, votó a favor de concesiones sectoriales dentro de áreas protegidas. Las concesiones sectoriales son permisos que se otorgan para poder realizar actividades industriales (salmonicultura, minería y otras) en áreas protegidas, lo que atenta contra la conservación de dichas áreas. La discusión sobre la tramitación de este proyecto ley, fue trasladada a la Comisión de Hacienda.
“Prohibir que se saquen estas figuras de producción a gran escala en las áreas protegidas, viene a contradecir el espíritu que ha planteado la ley SBAP, que es dar mayor protección a figuras tan importantes como las áreas protegidas”, señala Yohana Coñoecar Llancapani, representante de la comunidad Mapu Calafquen de Isla Llanchid, en Hualaihue.
Independiente de esta ley que se tramita, tampoco el gobierno ha mostrado la voluntad para regular esta situación que pone en amenaza a diversos espacios marinos en el sur de Chile debido a cientos de concesiones acuícolas en espacios de enorme riqueza de biodiversidad.
La organización “Defendamos Chiloé”, emplazó directamente al gobierno, señalando: “Desde el epicentro acuicola Salmonero/chorero del mundo , manifestamos como un TOTAL FRACASO las sucesivas instalaciones de “Cop Azul” y rol de #Chile en protección de los océanos”.
Agrega: “En 3 años que llevan hablando de eso NO HEMOS VISTO UNA SOLA SOLUCIÓN al mayor daño a los océanos y mares interiores que haya conocido la historia de #Chile: la industria salmonera (…) Si vamos a proteger los océanos, que sea de verdad”
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