Corrupción en Atacama: La trama que revela cómo el senador Rafael Prohens (RN) habría robado y vendido el agua del río Copiapó

A inicios de septiembre, El Ciudadano publicó el primero de una serie de reportajes sobre la sequía del río Copiapó. Allí se revelaba, a través de la voz de distintos actores, cómo se ejecutó la repartición a destajo de las aguas del río durante las últimas décadas del siglo XX. En paralelo a la publicación del reportaje, la justicia decretó la intervención de la Junta de Vigilancia del río Copiapó y sus Afluentes, ésto tras confirmarse que sus integrantes habían instalado bocatomas en lugares no autorizados para extraer enormes volúmenes de agua de forma ilegal.
 
Una de las personas a las que se señala como partícipe de este sistema de extracción ilegal de aguas es el actual senador por Atacama Rafael Prohens, militante y expresidente de Renovación Nacional.
 
A  fines de 2019, la Dirección Nacional de Aguas detectó que una bocatoma no autorizada en el canal Mal Paso, a la altura de Tierra Amarilla, llevaba 35 litros de agua por segundo a la minera Atacama Kozan. Los derechos de esas aguas, sin embargo, no estaban a nombre de la minera, sino que pertenecían a la empresa agrícola Doña Berta Limitada, propiedad del senador Rafael Prohens. Este reportaje revela que la desviación de las aguas del río Copiapó en realidad formaría parte de un esquema mucho más grande orquestado por el senador, y que involucra a importantes actores políticos y empresariales de la región. 

El esquema habría funcionado de la siguiente forma: el agua que Rafael Prohens extraía de forma ilegal del río Copiapó era vendida a la empresa minera Atacama Kozan, la cual a su vez estaba siendo desfalcada por el mismo parlamentario a través de un mecanismo ideado por el entonces subgerente general Francisco Sánchez, también militante de Renovación Nacional. Aprovechándose de su posición en la empresa y actuando a espaldas de los propietarios de la misma, Sánchez declaraba el ingreso de un volumen de agua superior al que realmente ingresaba a la faena de la minera, justificando de esta forma pagos excesivos que fueron en directo beneficio suyo y de Rafael Prohens. Una querella judicial apunta a que los dineros defraudados a través de este esquema podrían incluso haber sido utilizados en la campaña política que llevó a Rafael Prohens al Senado. Los detalles de esta operación se presentan en este reportaje. 

El contrato

El 9 de abril de 2014, el subgerente general de Atacama Kozan, Francisco Sánchez, acudió a una notaría ubicada a un costado de la Plaza de Armas de Copiapó. Allí lo esperaba Rafael Prohens, a quien el cambio de Gobierno lo había obligado a dejar su cargo de intendente de Atacama. Sánchez y Rivas eran viejos amigos: ambos tenían prósperos negocios en la región y ambos eran militantes de Renovación Nacional. El negocio que los reunía ese día, sin embargo, era distinto a cualquier otro. El esquema de defraudación que estaban a punto de poner en marcha les aseguraría un flujo constante de millones de pesos durante los años por venir.

El contrato firmado aquella mañana entre Francisco Sánchez y Rafael Prohens buscaba asegurar la disponibilidad de agua para las operaciones de Atacama Kozan, una empresa minera de capitales japoneses que produce cerca de 150.000 toneladas de concentrado de cobre al mes. Para lograr este objetivo, la empresa de Rafael Prohens, la agrícola Doña Berta Limitada, vendería 735 de sus acciones en derechos de aprovechamiento de aguas y suministraría a la faena de Atacama Kozan un total de 30 litros por segundo de forma contínua durante los 365 días del año. Y para confirmar que el volumen de agua que ingresaba a la faena se correspondía con lo que estipulado en el contrato, la empresa de Prohens instalaría un medidor en la bocatoma por la cual ingresaría este recurso.

Doña Berta Limitada, sin embargo, nunca instaló el medidor.

Varios años más tarde, en 2019, el abogado Carlos Hidalgo se presentaría ante el Juzgado de Garantía de Copiapó para interponer una querella criminal a nombre de Atacama Kozan contra Rafael Prohens y Francisco Sánchez. Al senador y al exsubgerente se los acusó de haber estafado durante cinco años a la compañía minera a través de pagos excesivos por volúmenes de agua que nunca se entregaron de forma efectiva. Durante los casi cinco años que la operación estuvo activa, Prohens y Sánchez lograron desviar US$2.729.027 de Atacama Kozan, es decir, casi dos mil millones y medio de pesos chilenos.

Este modus operandi se revelaría más tarde como parte de un gigantesco esquema de defraudación orquestado por el mismo Francisco Sánchez. Durante su ascenso hasta la subgerencia general de Atacama Kozan, Sánchez fue construyendo cuidadosamente una red de proveedores que, en el papel, prestaban diferentes servicios a la compañía, pero que en realidad funcionaban como pantalla para desviar dinero a amigos, socios o incluso hacia su propio bolsillo.

“Se prestaron servicios sin justificación, sin trazabilidad y sin pormenorización. Sánchez le pedía a proveedores de la empresa que le pagaran sus cuentas personales, incluso el supermercado (…) Se aprovechó del gerente general y de los representantes de Nittetsu, controladora de la minera, por ser japoneses. Muchas personas vimos cómo él se reía habitualmente de ellos, ya que sabía que no entendían bien el castellano. La barrera idiomática sin duda fue uno de los elementos que le sirvió para cometer su estafa”, señalaron a El Ciudadano extrabajadores de la empresa que prefirieron mantener su identidad en reserva.

Doña Berta Limitada, la empresa de Rafael Prohens, era una de las tantas proveedoras que formaban parte del mecanismo orquestado por Sánchez. Para marzo de 2019, Atacama Kozan había desembolsado más de cinco millones de dólares a Doña Berta por una cantidad de agua muy inferior a la comprometida en el contrato.

«Desde que se firmó el contrato, yo creo que siempre se tuvo en mente sacar dineros de la empresa. Nunca tuvieron la intención de medir”, señaló a la prensa el abogado Carlos Hidalgo al momento de presentar la querella.

El documento acusatorio también arroja un dato aún más oscuro: los mayores montos defraudados por Doña Berta Limitada ocurrieron durante el período de campaña electoral previo a las elecciones de 2017, en las cuales Rafael Prohens fue electo senador por Atacama. De un año a otro, los pagos emitidos de manera fraudulenta desde Atacama Kozan aumentaron en un 53,7%.

La bocatoma ilegal de Prohens

El 4 de abril de 2019, el empresario agrícola Germán Palavicino Porcile acudió a la Dirección General de Aguas de Atacama para ingresar una denuncia: integrantes de la Junta de Vigilancia – la organización que agrupa a los propietarios de derechos de aprovechamiento y es la encargada de administrar y distribuir las aguas del río Copiapó- habían instalado bocatomas en lugares no autorizados. De aquellas bocatomas se aprovechaban 107 usuarios, en su mayoría grandes agrícolas.

Durante la fiscalización realizada por la Dirección General de Aguas, la Junta de Vigilancia reconoció que habían permitido la instalación de las bocatomas pese a no contar con la autorización correspondiente. Su defensa fue insólita: argumentaron que la decisión fue tomada por acuerdo entre sus integrantes, sin reconocer la ilegalidad de sus actos ni la facultad exclusiva de la Dirección General de Aguas en esta materia. 

En el informe de fiscalización, la Dirección General de Aguas da cuenta de que existía una bocatoma instalada de forma ilegal en el canal matriz Mal Paso que llevaba agua a la faena de Atacama Kozan. Cuando los funcionarios revisaron la titularidad de estos derechos de aprovechamiento de aguas, la sorpresa fue mayúscula: éstos correspondían a Doña Berta Limitada, la empresa de Rafael Prohens.

Según dicta el Código de Aguas, los derechos de aprovechamiento de aguas, constituidos en acciones, pueden ser transados en el mercado como si de cualquier otra propiedad privada se tratase. Una vez que la Dirección General de Aguas entrega un derecho de aprovechamiento a un usuario, éste puede venderlo o traspasarlo a quién desee y por el monto que le plazca. Sin embargo, la inscripción de dichos derechos señala explícitamente cuál es el canal a través del cual se puede extraer el agua.

En el caso de las acciones de Doña Berta Limitada, por ejemplo, éstas permitían a su titular extraer agua de los canales El Quemado y El Rodeo, cercanos a la Cordillera de Los Andes. Sin embargo, la bocatoma detectada durante la fiscalización estaba extrayendo agua del canal matriz Mal Paso, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, a 15 kilómetros de Copiapó.

El informe de fiscalización de la Dirección General de Aguas añade que la bocatoma en Atacama Kozan estuvo operativa durante los doce meses de los años 2016, 2017 y 2018, además de los primeros cinco meses de 2019. Es decir, durante todo el período en que Doña Berta Limitada suministró agua a la compañía minera.

Lo señalado en el informe implica que el agua que Rafael Prohens había estado suministrando a Atacama Kozan a través de su empresa Doña Berta Limitada durante los últimos cinco años, y con la cual realizaba la defraudación de la misma, era extraída de forma ilegal desde el río Copiapó.

Una nueva arista legal

Según se sostuvo en las acciones criminales presentadas años más tarde por Atacama Kozan, los directores y propietarios de la empresa nunca llegaron a enterarse de los detalles del acuerdo suscrito por Sánchez, así como tampoco estaban al tanto del vínculo personal y político que unía al subgerente general con el líder de Renovación Nacional. Menos aún podían estar al tanto del esquema defraudatorio que acordaron ambos hombres aquella mañana de abril.

En el texto del contrato firmado por Prohens en representación de su empresa Doña Berta Limitada, y por Sánchez como subgerente general de Atacama Kozan, se establece expresamente que el actual senador “declara y garantiza” que las estipulaciones del contrato “no infringe ninguna ley, reglamento, sentencia, orden o decreto que le sea aplicable ni respecto del cual éste se encuentre obligado, ni viola sentencia judicial alguna, decreto u orden de ningún tribunal de justicia o autoridad administrativa chilena que le sea aplicable”.

En el mismo sentido, Prohens señala en la escritura que los derechos de agua de propiedad su empresa son legales, y que “cuenta con  todas  las  obras necesarias captar, conducir, entregar y en definitiva efectuar dicho suministro en forma íntegra, completa, oportuna y durante toda la vigencia del Contrato”. Además, el actual senador señala expresamente en esta escritura pública que que “dichas obras cumplen con todos los permisos y autorizaciones requeridas por la legislación aplicable para tal efecto”, reafirmado a continuación que toda esa información  proporcionada a Atacama Kozan sobre sus Derechos de Aguas “es correcta y verdadera”.

Fuentes ligadas a la investigación que se sigue contra Prohens en la fiscalía de Copiapó señalan que la revelación sobre bocatomas ilegales de la empresa del senador podría abrir una nueva arista, ya que incluso se le podría imputar la falsificación ideológica de instrumento público, además de la estafa por la que ya se encuentra querellado, “toda vez que mintió a sabiendas en el contrato cuando señaló y garantizó que tanto los derechos de agua como las obras asociadas cumplían con la ley, reglamentos y autorizaciones administrativas, cuando en verdad tenía una bocatoma ilegal.” 

Intervención del río Copiapó

El pasado 21 de septiembre, el senador Prohens dio una entrevista radial refiriéndose a la información revelada por El Ciudadano. Allí se defendió asegurando que todo su actuar fue visado por la Junta de Vigilancia del río Copiapó: “No conozco a ningún regante que saque agua del río sin la autorización de la Junta de Vigilancia del río Copiapó. No conozco a ninguno. Todo se hace por las compuertas, todo se hace con celadores”, señaló.

Sin embargo, las palabras del senador de Renovación Nacional no hacen sino reafirmar el actuar ilegal de la Junta de Vigilancia (organización de la cual Prohens forma parte), que permitía a sus integrantes instalar bocatomas sin solicitar el permiso correspondiente a la Dirección General de Aguas.

Este hecho fue zanjado por la justicia el pasado 21 de agosto: el Tercer Juzgado de Letras de Copiapó dictó una sentencia inédita, que podría marcar precedente para la administración de las aguas en Chile. El fallo decretó la intervención de la Junta de Vigilancia del río Copiapó por parte de la Dirección General de Aguas. Por primera vez en la historia, el Estado tendrá el control del río y de sus bocatomas, y podrá reasignar los volúmenes de agua que se entregan por cada derecho de aprovechamiento. Esto podría generar incluso que el río vuelva a correr por la ciudad. La Junta de Vigilancia, sin embargo, ya presentó un recurso para evitar que se concrete esta intervención. Desde la Dirección Regional de Aguas aseguran que harán todo lo posible para llevar a cabo la medida.