Fotografía rescatada de El Tipógrafo
La Corte de Apelaciones de Rancagua mantuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al ex administrador del municipio de San Fernando, Pablo Andrés Bravo Cruz, quien fue imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
Bravo Cruz declaró en la investigación que sigue en curso, que los montos defraudados ascenderían a los $3 mil millones.
El fallo unánime de la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Caro Romero, Marcela de Orúe Ríos y el abogado (i) Gastón Bobadilla Quinteros– sostuvo la resolución apelada del 17 de marzo de 2022, dictada por el Juzgado de Garantía de San Fernando.
“(…) conforme a todo lo razonado, se concluye que no existen antecedentes suficientes para hacer variar los presupuestos que se tuvieron en cuenta al momento de imponer la prisión preventiva, lo que justifica confirmar la resolución apelada”, se lee en la resolución.
La sentencia de hoy se basó en la misma investigación a partir de la cual fueron formalizadas 10 personas el día de ayer, por el Juzgado de Garantía de San Fernando, que busca dar con los responsables del fraude al fisco que afectó a la Corporación Municipal de dicha comuna.
La formalización dejó a un imputado por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa. Asimismo, seis imputados por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil deberán cumplir con firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.
Por último, dos imputados por fraude al fisco quedaron sujetos a las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los imputados en la causa; y un imputado por fraude al fisco deberá firmar mensualmente.