La Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó tramitar el recurso de protección interpuesto por el excarabinero Claudio Crespo en contra de la Senadora Fabiola Campillai, por tildarlo de “violador de derechos humanos”.
Cabe recordar que Crespo fue formalizado en agosto de 2020 por su autoría en el delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Gustavo Gatica, quien perdió la vista tras recibir un disparo de perdigones -presuntamente- por parte del exoficial de Fuerzas Especiales.
De acuerdo a La Tercera, la resolución indica que “del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”.
De esta forma, el máximo tribunal dejó sin efecto lo resuelto en una primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró el pasado 30 de agosto inadmisible un recurso de protección interpuesto por Crespo.
En dicho recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el ex teniente coronel de Carabineros reprochaba que se le hubiera vinculado a una empresa contratada por la Delegación Presidencial de la provincia de Maipo.
El libelo buscaba no solo que la Corte Suprema se pronunciara y emitiera un informe respecto al caso, sino que incluso exigía que Campillai pidiera disculpas públicas a él y a su familia, y se comprometiera a «no repetir estas persecuciones laborales en lo sucesivo”.
Señaló que a través de sus declaraciones, la legisladora había vulnerado «sus derechos constitucionales». Entre ellos, la garantía constitucional a la integridad psíquica, al derecho a la honra, la garantía constitucional a la libertad de trabajo y de contratación, a desarrollar cualquier actividad económica, la no discriminación del Estado en materia económica y la igualdad ante la ley.
Origen del recurso de protección
En julio de este año, un reportaje de Interferencia reveló que una empresa de seguridad propiedad de la familia de Crespo, Full Clean S.A., había recibido $40 millones vía trato directo por parte de la Delegación Presidencial Provincial de Maipo. Crespo, que ya entonces se encontraba en pleno proceso judicial, figuraba como gerente de operaciones de la compañía.
Tras la publicación del artículo, la senadora Fabiola Campillai emitió un comunicado público expresando su «profundo rechazo» a la contratación de empresas vinculadas a personas imputadas en causas de violaciones a los derechos humanos: «No permitiremos que acciones contrarias a los principios éticos en materia de derechos humanos y a la dignidad de las víctimas prevalezcan en nuestro país», señaló en esa oportunidad.
Las palabras de Campillai provocaron una réplica inmediata por parte de Crespo, quien acusó a la senadora de iniciar una «persecución política» en su contra e infringir su derecho al trabajo consagrado en la Constitución.
Además, Crespo acusó a Campillai de haberlo tratado de «violador de derechos humanos» durante un acto público, un hecho que le habría valido amenazas, e incluso -aseguró- lo habría obligado a iniciar un tratamiento psiquiátrico y farmacológico.
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