CPI: Una entidad sometida a los intereses de Occidente

Una organización que se ha dedicado a emitir órdenes de aprehensión de líderes africanos, pero ninguna contra aquellos líderes políticos y militares occidentales que son responsables de agresiones, invasiones, ocupación y colonización de territorios.

Pablo Jofre

26/04/2024 8:39am

Cuando me refiero a Occidente y con relación a este artículo, el control sobre la Corte Penal Internacional, doy cuenta específica al dominio en amplias esferas de nuestra vida cotidiana: económicas, militares, culturales, mediáticas, por parte de países liderados por Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) junto a regímenes como Canadá, Australia y entidades que suelen ser usadas de testaferro como es el caso del régimen israelí.

Grupo de países que, desde el origen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el establecimiento de tratados, estatutos, convenios y diversos marcos legales destinados a garantizar el respeto a los derechos humanos, utilizan para sus fines a esos organismos internacionales, entre los que se cuentan, se supone órganos de justicia independiente, como es la Corte Penal Internacional (CPI) también conocida como Tribunal Penal Internacional (TPI). No confundir la CPI con la llamada Corte Internacional de Justicia, que depende de las Naciones Unidas y que resuelve controversias jurídicas entre Estados. La CPI es el único tribunal internacional con potestad para investigar y procesar a personas acusadas de los delitos más graves contra la comunidad internacional.

Efectivamente, la CPI es una entidad cuyo objetivo fundamental es juzgar a toda aquella persona acusada de cometer crímenes de guerra, agresión, reconocido como crímenes de lesa humanidad. En este marco de definición esos Crímenes de lesa Humanidad son todos aquellos ataques en contra de los derechos humanos fundamentales. Es decir, no sólo contra víctimas en específico, concretas, sino contra el conjunto de la humidad. Referirse a estos crímenes es hablar de asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o el traslado forzoso de población. Como también la privación grave de libertad o la tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil ^[¹^] y cuyo ejemplo más concreto lo hemos visto en los últimos seis meses y medio con el proceso de exterminio llevado a cabo por el régimen nacionalsionista israelí contra Palestina, en una continuación de un proceso que se extiende ya por 76 años, en una clara y evidente política de solución final de la “cuestión palestina” al estilo de la conferencia de Wannsee celebrada por los jerarcas nazis en abril del año 1942 para llevar adelante la ejecución en masa de millones de seres humanos, entre ellos europeos de creencia judía, prisioneros de guerra, personas con discapacidad mental, gitanos, entre otros.

La política de exterminio llevada a cabo por la entidad israelí es una conducta violatoria de cuanta ley existe de defensa de los derechos humanos, de freno a la agresión y ocupación de un territorio. Una visión de mundo que gobierna sus actos de crímenes, en que a pesar de lo evidente de sus violaciones, de la política de solución final implementada contra el pueblo palestino, el ente nacionalsionista israelí, no sólo no ha cumplido ninguna de las resoluciones de la ONU respecto a devolver los territorios ocupados, detener la construcción de asentamientos ilegales con colonos de los más extremistas del sionismo, demoler el muro de apartheid creado en Cisjordania, permitir el retorno de los refugiados palestinos, sino tampoco aquellas determinaciones de finalizar la agresión implementada desde octubre del año 2023 y que ha significado, hasta ahora, 35 mil asesinatos –entre ellos 15 mil niños–, 90 mil heridos y la destrucción del 75% de los edificios, casas, escuelas, centros de producción, cultivos, hospitales y carretas de la Franja de Gaza. Esta realidad hizo que Sudáfrica presentara, ante la Corte Penal Internacional, acusaciones por crímenes de guerra contra Netanyahu y su régimen. ¿Hasta ahora? Nada que huela a determinaciones que impliquen detener al primer ministro sionista o avanzar en la creación de un Tribunal Penal Internacional para juzgarlo a él y a los suyos.

Lo señalado también lo constatamos en otras partes del mundo, desde el 2014, cuando el régimen ultraderechista de Kiev comenzó un proceso de exterminio contra la población del Donbás, a partir del golpe de Estado de febrero del año 2014, que derribó el gobierno de Víctor Yanukovich y que hasta febrero del año 2022, cuando comienza la operación militar de desnazificación y desmilitarización del régimen kievita a manos del ejército de la Federación Rusa, había significado el asesinato de al menos 20 mil habitantes rusoparlante de las regiones de Donetsk y Lugansk, hoy flamantes repúblicas populares escindidas de cualquier vínculo con Kiev. Eso no suele recordarse a la hora de demonizar la operación de defensa de esa población rusa en el ala oriental de Ucrania, que tiene una clara e indesmentible relación con Rusia.

La Corte Penal Internacional Criminal nace el 17 de julio de 1998, al amparo de la denominada Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, que discutió sobre la necesidad de contar con el establecimiento de una Corte Penal Internacional. La corte empezó a funcionar en 2002 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. En el mencionado encuentro, 120 estados pertenecientes a la ONU aprobaron el llamado Estatuto de Roma ^[²^]. Se contó además con siete votos en contra y 21 abstenciones, permitiendo la implementación de esa CPI, que entraría en vigor el 1 de julio del 2002 –votación que no quedó en acta–, por tanto, no se conocía quienes sufragaron a favor, en contra o se abstuvieron, a excepción de la República Popular China, Estados Unidos e Israel.

Estos tres países expresaron sus razones para votar en contra. En el caso del régimen israelí, este señaló que votaba en contra pues no comprendía por qué “el acto de trasladar habitantes a un territorio ocupado se incluía en la lista de crímenes de guerra” –claramente para evitar cumplir las resoluciones internacionales que impidieran la continuación de la política de ocupación, colonización y exterminio de la población palestina y sus territorios. Ello, incluido dentro de las prohibiciones incluidas en el IV Convenio de Ginebra–; China señaló que su voto en contra era por preferir una decisión por consenso que por mayoría, y Estados Unidos, por su parte, afirmó que, el Estatuto debía reconocer el papel del Consejo de Seguridad en la determinación de un acto de agresión –pues ahí, indudablemente, Washington tiene derecho a veto indiscutible y ha servido para negarse a múltiples acusaciones contra sus propias administraciones, como aquellas que signan a sus países satélites.

En un interesante documento titulado “Diez condenas en 25 años: ¿Cumple su propósito la Corte Penal Internacional?» ^[³^], se señala que “La primera persona a la que la CPI juzgó con éxito fue Thomas Lubanga Dylio, expresidente de la República Democrática del Congo. En marzo de 2012, Dylio fue declarado culpable de los crímenes de guerra de alistar y reclutar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en hostilidades. Desde entonces, la CPI ha iniciado 30 casos más, 10 de los cuales se han resuelto en condenas y cuatro en absoluciones, mientras que 16 sospechosos siguen en libertad. La CPI cuenta con 18 jueces seleccionados por la Asamblea de los Estados Parte para mandatos de nueve años no renovables y dispone de un presupuesto anual de aproximadamente 200 millones de euros. Al cumplirse 25 años de la creación de la CPI se declaró que “hoy el mundo necesita más justicia que nunca. Las atrocidades del siglo XX que llevaron a la creación de la Corte no han dejado de existir y asistimos a una erosión del multilateralismo y del Estado de Derecho cada vez mayor”. El problema radica en que la CPI en forma mayoritariamente abrumadora juzga aquello determinado por Washington y los suyos.

En marzo del año 2023 la CPI, por presiones de Estados Unidos y los países adscritos a la OTAN, emitió una orden de detención contra el presidente ruso, “por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”. Se dictó la misma orden contra María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño. Una acusación sin fundamento más allá de las denuncias del régimen kievita, amplificadas por los medios de comunicación occidentales. ¿Qué pretende Washington y los suyos con esta nueva medida de provocación contra Rusia y en especial contra su máximo dirigente y funcionarios de su gobierno? Primero, utilizar un organismo internacional y con ello darle un cariz de seriedad jurídica a la acusación contra Putin. Esto, en el marco del actual enfrentamiento bélico en Ucrania, donde los participantes escapan a Rusia y Ucrania, cuando detrás de las fuerzas de Kiev se encuentra la OTAN, que utiliza a Ucrania como punta de lanza y carne de cañón.

A mi entender y a pesar de la enorme campaña mediática, política y diplomática que lleva a cabo el occidente pronorteamericano, no existe fundamento plausible, ninguna causa que podamos definir como seria, verídica, más allá de una narrativa conocida por la descomunal campaña de manipulación y desinformación que se viene tejiendo contra Rusia desde el fin de la ex URSS, e intensificada tras la decisión rusa de llevar a cabo la operación militar para desnazificar y desmilitarizar una Ucrania convertida en punta de lanza de las políticas rusofóbicas de Washington y a la cual los países europeos, agrupados en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN– se suman con irresponsable entusiasmo. Este tipo de determinaciones tiene la clara intención de aislar a Rusia, generar una política de máxima presión, vislumbran entonces a una CPI unilateral, poco confiable y sometida a los intereses de los países occidentales. Esto, en perjuicio no sólo de rivales de occidente, sino que del conjunto del sur global.

De esta manera se socava el derecho internacional, la seguridad y la paz. Las medidas tomadas hasta ahora por la CPI son totalmente unilaterales y que no hemos visto implementadas cuando se trata de líderes occidentales, entre ellos –por el caso de invasión a Irak por información manipulada- el ex primer ministro británico Tony Blair, el ex presidente español José María Aznar, el ex mandatario estadounidense George W. Bush, responsables del asesinato de un millón de iraquíes. El propio primer ministro sionista Benjamín Netanyahu y gran parte de su gabinete. Generales de la OTAN, generales de los ejércitos invasores generando millones de asesinatos en el Sáhara Occidental, Serbia, Libia, Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Palestina, entre otras donde los responsables son los gobiernos occidentales con participación de regímenes como el Australia, Canadá, Israel, Arabia saudí, Marruecos, entre otros.

En un artículo publicado en www.segundopaso.es ^[⁴^] señalé hace más de un año –y no ha cambiado un ápice- que la CPI es una organización al servicio de Occidente, de los intereses hegemónicos de Washington y los suyos, un instrumento para intentar seguir con un mundo que exige a gritos cambios. Una organización que se ha dedicado a emitir órdenes de aprehensión de líderes africanos, pero ninguna contra aquellos líderes políticos y militares occidentales que son responsables de agresiones, invasiones, ocupación y colonización de territorios. Responsables de la muerte, por ejemplo, de 600 mil seres humanos en Siria en una guerra de agresión llevada a cabo por tropas extranjeras y grupos terroristas desde 2011 a la fecha. Un occidente que ha avalado los crímenes cometidos por el gobierno ucraniano desde febrero del año 2014 a la fecha contra la población ruso parlante del Donbás.

Una CPI que no juzga ni ha emitido condena alguna al régimen civil-militar sionista por 76 años de ocupación y colonización, que se ha saldado –por estimaciones muy por debajo de la real cifra de asesinatos– por la muerte de al menos 150 mil palestinos en los últimos 76 años, a los cuales hay que sumar los 35 mil sólo en estos últimos 195 días. La deportación forzosa de sus habitantes, la detención, tortura, asesinato, secuestros, entre otros crímenes de guerra y lesa humanidad, donde no hemos visto que esta CPI haya emitido una orden de detención contra los criminales Benjamín Netanyahu, Avigdor Liberman, Benny Gantz, Ayelet Shaked, Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich o el ministro de la guerra israelí Yoav Gallant, entre otros miles de criminales israelíes. «¿Qué credibilidad puede tener la CPI si han callado con el sufrimiento del pueblo iraquí tras 20 años de agresiones por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, o el pueblo afgano?

Una CPI que calló cuando Estados Unidos impuso sanciones contra una fiscal de la CPI por su investigación de crímenes de guerra cometidos en Afganistán por parte de militares estadounidenses. Washington también amenazó con arrestar y sancionar a los magistrados y otros funcionarios del tribunal por el mismo caso. El 2 de septiembre de 2020, la administración anunció que Estados Unidos había impuesto sanciones contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochok. Dicha acción concretó una orden ejecutiva emitida el 11 de junio de 2020 por el presidente Donald Trump, que declaró una surrealista emergencia nacional y autorizó el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada de familias que podrían imponerse contra ciertos funcionarios de la CPI^[⁵^].

El ex presidente estadounidense Trump calificó en su momento a la CPI de «irresponsable» y «peligrosa» para el país, además de instar a «limitar los amplios poderes» de la CPI. En este 2023 el actual presidente estadounidense Joe Biden apoya la decisión del tribunal contra Vladímir Putin. Washington, en su momento, adoptó una ley que autoriza el uso de «todos los medios necesarios y apropiados para lograr la liberación» de un militar o funcionario detenido por solicitud del tribunal de La Haya. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, bajo el gobierno de Trump sostuvo el año 2018: «Permitiremos que la CPI muera por sí sola. Al fin y al cabo, la CPI está muerta en todos los sentidos»^[⁶^]. A confesión de parte, relevo de pruebas. La CPI y su conducta unilateral, a favor de Occidente «va camino de su autodestrucción».

Coincido plenamente con las palabras del embajador ruso ante el Consejo de Seguridad de la ONU al sostener que esta institución llamada CPI, en momentos que callaba frente a los crímenes de Kiev, Estados Unidos y la OTAN en el Donbás, así como el propio silencio con relación a crímenes cometidos por décadas por Occidente, que, la CPI es una institución politizada desequilibradamente e incompetente, ha vuelto a demostrar su inferioridad. “La CPI es una marioneta en manos del Occidente colectivo que siempre está lista para ejercer pseudojusticia por encargo»^[⁷^]. Evidente, que el mundo marcha, inexorablemente a la multilateralidad y el imperio agonizante nada puede hacer, más que dar manotazos de ahogado.

Por Pablo Jofré Leal

Artículo para SegundoPaso ConoSur

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