El proyecto establece un sistema de denuncia a cargo de la Contraloría General de la República
Se creará un canal de denuncias, administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica
Con 27 votos a favor y 2 abstenciones la Sala del Senado ratificó el informe de la Comisión Mixta que se constituyó para resolver las diferencias en torno al proyecto que establece un nuevo estatuto de protección a favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa.
Quienes se abstuvieron fueron los senadores UDI: Juan Antonio Coloma y Luz Ebensperger.
Con ello, la iniciativa que facilita la denuncia de delitos o actos irregulares, quedó en condiciones de ser remitida al Ejecutivo para su firma y promulgación como ley.
Durante el debate en Sala, intervino el senador Esteban Velásquez en su calidad de presidente de la Mixta, explicó los alcances del trabajo que realizó la instancia de senadores y diputados para resolver tres divergencias puntuales entre ambas cámaras.
En lo fundamental, el proyecto establece un sistema de denuncia a cargo de la Contraloría General de la República para que cualquier persona, en forma ágil y sencilla, pueda realizar una denuncia de actos contra la probidad administrativa, con reserva de identidad y protección ante posibles represalias.
Para ello, se crea un canal de denuncias, administrado por la Contraloría, mediante una plataforma electrónica. Se incluirán hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o de faltas administrativas, actos de corrupción que afecten (o puedan afectar) bienes o recursos públicos, en los que tuviese participación un organismo de la administración del Estado o su personal.
Asimismo, se establece que el denunciante de actos contra la probidad administrativa podrá pedir la reserva de su identidad.
Entre los puntos que zanjó la Comisión Mixta, está el ampliar el ámbito de los sujetos protegidos, incluyendo a estudiantes en práctica y prestadores de servicios contratados; las denuncias presentadas por este canal podrán tener seguimiento y ser registradas por Contraloría; y se asegura que las medidas de protección sean otorgadas.