La criminalización de los movimientos sociales que se oponen al extractivismo y neoextractivismo, a la usurpación territorial y de aguas, impulsada tanto por los gobiernos de turno como por empresas transnacionales, se ha convertido en la principal estrategia de invisibilización y represión de la protesta en Chile. Estamos ante un modelo económico neoliberal que fomenta y legitima como fuente de ganancias la extracción intensiva de los recursos naturales (agrícolas, minerales, forestales, hidrocarburos) en América Latina, para su venta al exterior, como mecanismo de acumulación de riqueza de las grandes potencias mundiales, siendo el modelo vigente de división internacional del trabajo.
Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos siendo parte de economías dependientes de la venta de grandes cantidades de recursos natur
ales con bajo procesamiento, dejando como única ganancia tierras y aguas contaminadas, que fueron previamente privatizadas.
Desde la Conquista de nuestro continente, poseemos el sino de ser economías especializadas en la producción de materias primas para la riqueza de otros, y hoy son los propios gobiernos llamados progresistas, quienes desde el neoextractivismo, en tanto intensificación de la extracción de recursos naturales para supuestos fines sociales de superación de la pobreza, promueven y legitiman este modelo desde su resignificación.[1]
En estos años se ha profundizado la pobreza ante la presencia de transnacionales por todo el territorio nacional. Las acciones del Estado se han limitado al resguardo de intereses particulares, siendo juez y parte de diversos conflictos socioambientales.
El Estado, con apoyo de las transnacionales, ha creado el conflicto, a través de la privatización de los medios de subsistencia y la represión de los movimientos sociales, que reclaman por justicia. Desde su creación, ha reprimido, perseguido, encarcelado y asesinado a las comunidades que se oponen a la usurpación territorial. En el norte, en el marco de la guerra del Pacífico, fueron las comunidades aymaras, quechuas, peruanos y bolivianos; en el centro, los campesinos; en el sur, con la Pacificación de a Araucanía, los mapuche.
En el Wallmapu, a mediados del siglo XIX, el Estado impuso que las tierras fueran de su soberanía, permitiendo su compra y venta sin autorización previa de las comunidades, o mediante el engaño, medida que se prolonga hasta nuestros días.[2] La cuestión mapuche lo generó el propio Estado chileno, a través del despojo de su territorialidad ancestral, y hoy muchas de esas comunidades afectadas han iniciado procesos de recuperación territorial.[3]
Sumado a la criminalización de ciertas comunidades y organizaciones mapuche, las autoridades espirituales se convirtieren en los nuevos enemigos internos, en el terrorista a eliminar. No es casualidad que muchos de los actuales presos mapuche son machi (como la machi Millaray Huichalaf, por el caso de Pimailquén, y el machi Celestino Córdova, condenado por el supuesto crimen del matrimonio Luchsinger Mackay).[4]
En estos últimos cinco años, este accionar se torna emblemático para otros casos, como las movilizaciones estudiantiles, medioambientales y regionales, mediante dos estrategias, por un lado la presencia represiva en marchas y movilizaciones de fuerzas policiales, y por otra parte el despliegue de acciones de persecución penal tanto a dirigentes como manifestantes en general.[5]
Estas modalidades se han visto intensificadas, bajo la militarización de territorios en conflicto, como es el caso actual del Valle del Choapa.
Ante la presencia de la Minera Los Pelambres desde 1989, las comunidades se han movilizado para defender el derecho a vivir en un medioambiente no contaminado, lo que actualmente no acontece, como grafica el siguiente suceso.
El sábado 02 de Agosto del 2014, se provoca una rotura de válvula del concentraducto de cobre, en el Km 37 sector El llano el Dima, frente a Llimpo, derramando aproximadamente 45 mt³ de concentrado de cobre y de otros minerales, los cuales escurrieron hacia el Río Choapa, los canales Panguesillo 1,2 y EL Higueral, entre otros afluentes.[6] Sin embargo estos no son hechos aislados sino son parte de una política interventiva territorial, de extracción de recursos, acompañada de la constante represión, detención de dirigentes y miembros de la comunidad, ante la defensa del recurso hídrico en el valle.
La sequía generalizada en la zona sólo ha agudizado un conflicto ya existente. La presencia de cortes de ruta, tomas y barricadas, se han convertido en los únicos medios para visibilizar sus demandas y exigencias, para expulsar la minera de la zona, como el caso de la comunidad de Caimanes, quienes levantaron un campamento camino al tranque El Mauro, por más de dos meses, luego de que la minera no acatara el fallo de la Corte Suprema, en octubre del 2014, de reposición del cauce natural de las aguas del río El Pupío, contaminadas por el relave.
La resistencia de Caimanes se convirtió en un ejemplo digno de seguir por parte de otras comunidades, y hoy, como ha señalado uno de sus dirigentes, “hemos decidido levantarnos como Valle del Choapa”.[7]
Notas:
[1] Gudynas (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el porgresismo sudamericano actual.
[2] Acuña, Fredes y Pérez (2010) Criminalización de la protesta y judicialización de las demandas sociales. Producción de legitimidad a través del doble juego de la dominación.
[3] Documental Üxüf Xipay: El Despojo, sucesos históricos sobre el conflicto mapuche.
[4] Arnaldo y Castañeda (2013, 10 de junio). [Entrevista con Juana Cuante, lonko Pitriuco] Se silencia la palabra de los mapuche y la causa de los conflictos. Periódico Mapuche Azkintuwe.
[5] Pincheira (2014) Las políticas del miedo y la criminalización de los movimientos sociales en el Chile de la Post-dictadura. Revista Izquierdas.
[6] Ver en http://www.conflictosmineros.net/contenidos/9-chile/4895-4895
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