Crónica de una estafa abortada. El fracaso del ¿Royalty?

Una vieja historia de “nacis” En las elecciones parlamentarias de 1937, el Movimiento Nacional Socialista Chileno (MNS) obtuvo tres bancas, resultando electos los Diputados Jorge González Von Mareés por Santiago; Fernando Guarello Fitz–Henry, por Valparaíso y Quillota; y Gustavo Vargas Molinare, elegido por Temuco; perdiéndose por un estrecho margen, la candidatura de Carlos Keller Rueff […]

Crónica de una estafa abortada. El fracaso del ¿Royalty?

Autor: Wari

Una vieja historia de “nacis”

En las elecciones parlamentarias de 1937, el Movimiento Nacional Socialista Chileno (MNS) obtuvo tres bancas, resultando electos los Diputados Jorge González Von Mareés por Santiago; Fernando Guarello Fitz–Henry, por Valparaíso y Quillota; y Gustavo Vargas Molinare, elegido por Temuco; perdiéndose por un estrecho margen, la candidatura de Carlos Keller Rueff por Concepción.

En materia económica, los representantes nacistas fueron los primeros en presentar al parlamento dos proyectos de ley, que proponían entre otros, la derogación momentánea del pago de la deuda externa y la necesidad de gravar un impuesto progresivo a las exportaciones de cobre: así por primera vez, se comenzó a hablar en Chile de un impuesto sobre nuestro principal producto de exportación, con el objetivo explícito de llegar a la “Nacionalización” del Cobre, que el partido había venido sosteniendo desde su creación.

En 1939, el presidente Pedro Aguirre Cerda consultó al MNS, qué ideas tenían para poder resolver el grave estado en que había quedado el país después del terremoto de enero de ese año.

El Movimiento le respondió que –con suma urgencia- debía crearse una Corporación de Desarrollo basada en un impuesto al Cobre, particularmente considerando que se tenía la noción de que Europa entraría en Guerra a corto plazo, y que si ello ocurría, EE.UU. no permitiría un impuesto de esa naturaleza.

La idea tuvo un largo debate en el Parlamento, pero finalmente, el 29 de abril de 1939, se aprobó la Ley Nº 6.434 “De Reconstrucción y Auxilio y Fomento de la Producción”: así nacía Corfo (Corporación de Fomento) apenas cinco meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Esa fue la primera vez que en Chile se aplicó un impuesto específico a la extracción de Cobre, no obstante, el Estado chileno recibía muy pocos beneficios, hasta que -recién en 1951- la firma del “Convenio de Washington” le permitió a Chile disponer de 20 por ciento de la producción cuprífera.

Sólo en 1955, el parlamento comenzó a legislar sobre la producción de Cobre y se dictaron las primeras leyes específicas sobre tributación de esta actividad, destinadas a garantizar un ingreso mínimo al Estado. Ese mismo año fue creado el “Departamento del Cobre”, con atribuciones de fiscalización y de participación en los mercados internacionales del metal.

Retomando la vieja idea de los nacistas, sólo en 1966 se inició la llamada «chilenización del cobre», que partió con la aprobación por parte del Congreso de la ley 16.425, que determinaba la creación de sociedades mixtas con las empresas extranjeras, en las cuales el Estado tendría 51 por ciento de la propiedad de los yacimientos.

Este proceso determinó la transformación del “Departamento del Cobre” en una “Corporación del Cobre”. Así, por primera vez, el Estado de Chile asumió un papel decisivo en la producción y comercialización del mineral.

La participación de 51 por ciento del Estado se concretó en los yacimientos más importantes y emblemáticos: Chuquicamata, El Teniente y Salvador, que como resultado de este proceso recibieron inversiones de importancia. Entre los objetivos de la “chilenización” también se buscaba refinar todo el cobre dentro de este país y aumentar la producción hasta un millón de toneladas.

El escenario de la industria cambió radicalmente en julio de 1971 cuando el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto sobre “Nacionalización de la Gran Minería del Cobre”, promulgado en la ley 17.450.

Para concretar este llamado “proceso de nacionalización” fue necesario modificar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Chile, al cual se le agregó una disposición transitoria en la cual se planteaba que «por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras que constituyen la gran minería del cobre…».

Los bienes y las instalaciones de estas empresas pasaron a ser propiedad del Estado de Chile, que –sin embargo- creó “sociedades colectivas” para hacerse cargo de las operaciones, coordinadas por la Corporación del Cobre de aquel entonces: de este modo, la llamada nacionalización, en realidad operó como una “colectivización”, imitando de algún modo el modelo de los soviets.

La nueva normativa facultó al Gobierno chileno para que dispusiera sobre la organización, explotación y administración de las empresas “nacionalizadas”, es decir, “colectivizadas”.

También determinó que sólo podrían enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesiones mineras para yacimientos que no estuvieran en explotación para ese momento, previa autorización por ley.

Como resultado de estas atribuciones fueron dictados los decretos ley 1.349 y 1.350 publicados en 1 de abril de 1976, que formalizaron la creación de una empresa minera, la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco.

LA SITUACIÓN ACTUAL

En los años 1989-1990 el aporte de Codelco al erario Nacional se aproximó a los 2.000 millones de dólares promedio anual.

En 1995, el Estado chileno recibió de Codelco 1.735 millones de dólares, que correspondían al 57% del valor total de las ventas de cobre de Codelco.

En el 2001, el Estado sólo recibió 344 millones de dólares de Codelco. Es decir, un 80% menos que el período anterior, a pesar que la producción de Codelco había aumentado.

En 1995 el Estado recibió de Codelco 72 centavos de dólar por libra y en el 2001 sólo 9,4 centavos de dólar por libra.

Sin embargo, las empresas privadas, que controlan cerca del 70% de la producción, doblando la producción de Codelco, sólo aportaron 100 millones de dólares anuales aproximadamente.

En el 2002, sólo aportaron 20 millones de dólares, según declaró el Tesorero General de la República, en el Senado de la época.

¿A qué se debió esto?

A tres factores principales.

1.       A la sobreproducción de cobre creada desde Chile por las empresas extranjeras, con el consiguiente derrumbe del precio internacional del mineral.

2.       A que las empresas extranjeras no pagaban renta por tonelada de cobre extraída.

3.       Debido a que la mayoría de las empresas privadas no pagan impuestos.

Confirmando los planteamientos realizados a mediados de los 90, Chile incrementó la producción de cobre en el período 1995-1999, en 1,9 millones de toneladas métricas de cobre fino.

Las importaciones mundiales de los 140 países del mundo se incrementaron sólo en 1,3 millones.

Chile cubre el 100% del incremento de las importaciones mundiales, y adicionalmente produce un excedente de más de 46%. El stock -cobre que no se vende- llegó a los más altos niveles de la historia. La sobreproducción continúa hasta hoy.

El precio del cobre se derrumbó a partir de 1995, a pesar de que la demanda mundial como promedio anual ha crecido sustancialmente hasta ahora, -incluso durante la crisis asiática.

El precio del cobre de 1995 fue de 133,2 centavos de dólar la libra. Durante los 30 años previos a 1995, estuvo en torno a los 140 centavos y en los últimos años -en dólares de 1995- es menor a 70 centavos de dólar la libra.

Chile aumenta las cantidades exportadas y el ingreso en dólares para el país disminuye. Se produce el llamado “Crecimiento Empobrecedor”.

Las exportaciones se incrementaron para llegar a 4,65 millones de TM y recibe menos que cuando exportaba 2,41 millones de toneladas métricas [TM]. Es decir, en la práctica esto opera como si en el año 2001 se hubiesen regalado más de 2,2 millones de TM.

De este modo, el modelo de explotación de cobre existente en el país logró que el cobre cada año valga menos.

En 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se aprobó un denominado “Royalty” a la minería, que gravó la exportación de Cobre con un 4%, a cambio de nada menos que 12 años de invariabilidad tributaria para las mineras: es decir, durante 12 años los impuestos no serían modificados, y las mineras podrían explotar todo el cobre que quisieran pagando un impuesto fijo.

En países como Australia, el royalty aplicado a recursos no renovables alcanza un 40%.

Sin embargo, las mismas mineras australianas que explotan cobre en Chile pagan sólo un 4%.

LA ESTAFA QUE FRACASÓ Y LO QUE DEBERÍAMOS HACER

Después del terremoto, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera fue un paquete de impuestos, que incluía una nueva alza del impuesto específico al Cobre: se pretendía pasar de una recaudación de 600 millones de dólares a una de 1.000 millones, pero… ¡a cambio de mantener la invariabilidad tributaria hasta el año 2025!

La oposición se pronunció en contra de la medida.

Según el Gobierno, ellos no tenían ningún argumento para oponerse, ya que –cuando eran gobierno-, fueron los primeros en aprobar la invariabilidad tributaria para la explotación del recurso por 12 años.

Es decir, como el Gobierno de Lagos estafó a todo Chile por 12 años… ¡Piñera pretendía volver a estafarnos por seis años más!

Efectivamente, porque el mal llamado “Royalty” a la minería es apenas un mínimo tributo sobre nuestro principal recurso de exportación NO RENOVABLE.

Si usted fuera dueño de una Minera, y le dijeran que durante los próximos 20 años va a poder explotar todo el Cobre que quiera, pagando sólo un 4, un 8 o incluso un 10 por ciento ¿qué haría usted?

Por supuesto: ¡explotar la mayor cantidad de mineral posible en ese período!

El llamado “royalty” es una estafa, porque produce la falsa sensación de que estamos verdaderamente cobrando un “impuesto” por nuestra principal riqueza, cuando la verdad es que el aporte de las mineras privadas al Estado es una ínfima parte de lo que Codelco tributa, pese a que las mineras transnacionales producen más de 70% del cobre del país.

La verdad es que ni la Concertación ni la Alianza tienen el valor político de hacer lo único que debemos hacer: exactamente lo mismo que los diputados “nacistas” pidieron en ya en los años ‘30:

¡DEBEMOS NACIONALIZAR EL COBRE!

Y a quienes quieran seguir explotándolo, simplemente exigirles al menos un 50% de las utilidades, y punto.

Adicionalmente, debemos crear una Bolsa de Metales propia:

¡HAY QUE DECIRLE ADIOS A LA BOLSA DE LONDRES!

Hay que decirle ¡ya basta! a los que durante los últimos 100 años han profitado de nuestra riqueza: primero con el Salitre y ahora con el Cobre.

Llegará el día –más temprano que tarde-, en que el Cobre chileno se acabará: entonces ninguno de los cobardes que no se atrevió a hacer lo que debe hacerse, vendrá a darle explicaciones por la miseria del país a sus hijos o sus nietos.

La responsabilidad de cambiar esto es suya, es mía y es nuestra: de cada uno de los chilenos.

Por Chile

Por el Futuro

Por Alexis López Tapia

Fuente: www.accionchilena.cl/Por la renacionalización del cobre de Chile (en Facebook)

Texto -de origen externo- incorporado a esta web por (no es el autor):


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