El Congreso de los Diputados vota la aprobación del proyecto de Ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia que busca proteger a los menores de edad de todo tipo de violencia.
La ley de protección a la infancia tiene como objetivo principal proteger la «integridad física, psíquica y moral» de los menores de edad frente a todo tipo de violencia.
Esta nueva normativa incluye cambios en el ámbito educativo, sanitario, judicial, de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar un trato y un procedimiento acordado en todos los niños y adolescentes que sean víctimas de abusos.
Entre los puntos que contempla esta nueva ley está el deber de toda persona de comunicar a las autoridades competentes de manera inmediata cualquier indicio de violencia contra un menor de edad.
También se contempla aumentar el tiempo de prescripción del delito, que empezará a contabilizarse a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años. Hasta el momento se establecía que el tiempo de prescripción contaba desde que la víctima cumplía la mayoría de edad. Esta extensión permitirá que algunos casos no queden impunes porque se determinó que muchas de las víctimas denunciaban varios años después de la agresión.
Además, se tipifican nuevos delitos, como los realizados a través de medios tecnológicos y de comunicación. De esta manera pasarán a castigarse a quienes promuevan el suicidio, la autolesión o trastornos alimenticios entre menores de edad, o que cometan delitos sexuales contra ellos. A su vez establece que las autoridades judiciales retiren rápidamente contenidos de este tipo en la red.
Para evitar la victimización secundaria del afectado, los menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez en fase de instrucción y se impedirá cualquier tipo de contacto en dependencias policiales entre el investigado y el niño.
En las administraciones públicas deberán promover y garantizar que los profesionales que tengan contacto con los menores, como es el caso de profesores, profesionales y sanitarios, reciban formación para prevenir, detectar y actuar en un caso de violencia contra los niños o adolescentes. En el caso de las instituciones educativas se creará la figura del «coordinador de bienestar y protección», quien será el responsable de cumplir con los protocolos establecidos.
La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia también es conocida como la ley Rhodes, en referencia al pianista británico-español James Rhodes, quien durante su niñez fue víctima de abusos sexuales y cuya lucha ha permitido incluir este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados por parte de Unidas Podemos.
Tras su aprobación en la en el Congreso, la ley pasará al Senado.Desde Save The Children esperan que pueda entrar en vigor en el mes de junio.
Cortesía de Sputnik
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