Al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado, que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende e impuso la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Arcis considera un deber compartir con toda la comunidad lo siguiente:
1. Que, según consta en documentos, investigaciones y testimonios, fueron el gobierno estadounidense, las grandes empresas transnacionales y el poder económico nacional quienes manipularon el compromiso de no intervención política de las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones, al tiempo de estimular y financiar a las dirigencias de los partidos políticos opositores a la Unidad Popular, hasta provocar el golpe de Estado con el único propósito de poner fin al proceso de profundos cambios democráticos impulsados por el Gobierno de Salvador Allende, e imponer por la fuerza un modelo económico y social al servicio de las minorías por sobre el dolor y la marginación de las grandes mayorías.
2. Que este modelo -mantenido hasta nuestros días en lo esencial por los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura militar– ha entrado en crisis en el país y en el mundo; en Chile la movilización social exige atención a sus demandas sectoriales, y reclama la adopción de medidas transformadoras de fondo que hagan viables sus exigencias particulares; entre otras, la renacionalización del Cobre, una verdadera reforma tributaria y una nueva Constitución Política que ponga fin a la institucionalidad ilegítima impuesta por la dictadura.
3. Que el ejemplo y la estatura del Presidente Salvador Allende se agigantan en la historia y traspasan fronteras. Profundamente demócrata, patriota, revolucionario, resistió el cruel asalto a los sueños y necesidades del pueblo chileno, y fue leal hasta la muerte con los trabajadores, la juventud, la mujer de la patria, los niños de Chile.
4. Que 39 años después, sigue pendiente la exigencia por conocer toda la verdad, por justicia y reparación a las víctimas y a sus familias. Lo avanzado en esta materia es ante todo mérito de las organizaciones de familiares de las víctimas y de entidades de derechos humanos. Sin embargo, no es suficiente. Las heridas siguen abiertas y lo estarán mientras no respondan de sus actos todos los responsables.
5. Que nuestro Instituto reitera su compromiso de trabajo por la verdad y la justicia y seguirá dedicando sus esfuerzos al conocimiento y difusión de los archivos en que consten los procesos judiciales en curso, así como al apoyo a las propuestas que en el campo jurídico, político y social, busquen retomar el camino de los cambios estructurales que la comunidad nacional demanda.
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
11 de septiembre de 2012
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