Demandas sociales: ¿Pagarán la deuda el medioambiente y las comunidades?

Varios lo han dicho en estos días, en los más diversos tonos: La crisis social es también ambiental.  

Desde Sara Larraín, de Chile Sustentable, para quien  “la oferta gubernamental centrada en paliativos económicos a pensiones mínimas, ingresos mínimos y suspensión de alzas en servicios básicos no estuvo a la altura, ni en sintonía con las demandas estructurales de igualdad, terminar con las zonas de sacrificio responder a la crisis hídrica” hasta Greenpeace Chile, organización que planteó necesario  “incorporar de forma urgente los conflictos medioambientales del país, que hoy son uno de los peores espejos de la desigualdad, la injusticia social y la violación sistemática de derechos humanos de mujeres, niños y hombres que por años ha estado invisibilizada”.

El medio alemán independiente Deustche Welle recientemente consignó   “desertificación, privatización del agua, contaminación, incendios forestales: el panorama medioambiental en Chile preocupa, y plantea muchos problemas que resolver, en especial, de cara a la COP25 en Santiago de Chile”.  Y el analista internacional Raúl Sohr hace pocos días alertó  “el peligro que se corre es que el discurso sea ‘las presiones sociales son tan grandes, las necesidades salariales, de salud, pensiones, que posterguemos el tema ambiental’ cuando el tema ambiental es parte de la crisis, es parte del mismo paquete, no lo podemos separar”.

Son voces que, en la vorágine, han intentado ampliar la discusión social hacia lo ambiental.  Porque, en el mundo de la integralidad, lo correcto es hablar de lo socioambiental.

La advertencia no es intrascendente para el mundo ecologista.   El cuestionamiento al modelo extractivista de Chile ha estado ausente en las consecutivas y erráticas respuestas del Ejecutivo, desde que el 18 de octubre comenzara un inédito proceso de movilización nacional.

Fue el 23 de octubre cuando el Presidente Sebastián Piñera informó al país  de una serie de medidas bajo el rótulo de Agenda Social. Mayores pensiones, aumento del ingreso mínimo, freno al costo de la electricidad, beneficios en salud, nuevos impuestos para altas rentas, defensoría para víctimas de delitos y múltiples anuncios de corte económico, principalmente, fueron parte de la apuesta para aplacar la calle y que a las pocas horas demostró ser infructuosa. 

Este acotado enfoque del gobierno fue reiterado  en la propuesta gubernamental del Diálogo Ciudadano al cual convocó a partir del lunes 4 de noviembre y que consultaba sobre temas específicos: Buenas prácticas y combate a los abusos; burocracia y buenas prácticas del sector público y probidad; educación; equidad territorial y vivienda; pensiones; salud; seguridad; servicios básicos (acceso y tarifas); trabajo e ingresos; otros.    Incluso en esa primera etapa nada sobre nueva Constitución.  La prensa posteriormente consignó el fracaso de la estrategia, dando pie a que luego se informara  que “ahora se abocarán a sistematizar la información que llegue de los cabildos autoconvocados y a potenciar la participación individual a través de un formulario que estará a disposición en la web”.  

Pero bueno, todo aquello ha quedado en nada a raíz de la vigente discusión sobre la posibilidad de terminar con la Constitución de Pinochet.

El mínimo protagonismo de lo socioambiental, del cuestionamiento al modelo de desarrollo extractivista, contrasta con los mensajes de las movilizaciones, donde la recuperación del agua para el bien común y los ecosistemas, el rechazo al TPP11, y el fin de las zonas de sacrificio han sido parte de las demandas.  “Destruir algo creado por el hombre lo llaman vandalismo, pero destruir algo creado por la naturaleza lo llaman progreso”, “Violento es que las forestales tengan más derecho a las tierras y al agua, que las propias comunidades mapuches”, “Saqueo es que seamos el único país con las aguas privatizadas” se pudo leer hace  unos días en diversos letreros de la vía pública en Santiago.  Y las imágenes en las marchas y protestas   van por la misma línea.

¿Bajando la agenda ambiental?

Más allá de los acuerdos a los que se pudo haber llegado en Chile en el marco de la COP25 de diciembre, en parte del mundo ambiental se veía este como un “diplomado express” en materias socioambientales para la ciudadanía.  Por ello la decisión de bajarla y trasladarla a España, aunque comprensible por la compleja situación de orden público y violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, hace correr el riesgo de invisibilizar la agenda que se estaba impulsando desde colectivos como la Sociedad Civil para la Acción Climática (SCAC, que organizaría una COP paralela a pocos metros de la oficial) y la Cumbre de los Pueblos.

Así lo han alertado desde diversos sectores.  

Los presidentes de las comisiones de Medio Ambiente del Senado y la Cámara de Diputados, Guido Girardi (PPD) y Félix González (Partido Ecologista)  acusaron recientemente  al gobierno de “populismo y demagogia” en materia medioambiental tras la cancelación de la COP25.   Girardi expresó que “acaba de salir una propuesta del Gobierno sobre materias tributarias y no hay una letra respecto a los impuestos verdes o contra la contaminación o el carbono que son los instrumentos que debemos usar frente a la crisis ecológica más dramática que vive el planeta”.

Aunque el colectivo Sociedad Civil para la Acción Climática participó en las tres orgánicas ciudadanas que han cobrado protagonismo durante la crisis (Unidad Social, Asamblea por el Pacto Social, Nuevo Pacto Social, referentes donde el tema ambiental no es particularmente gravitante), en paralelo y en vista de la contingencia, planteó tres temas fundamentales  que deben estar incluidos en el debate sobre cambios estructurales: un desarrollo económico sustentable sin lógicas extractivistas ni mercantilización de la naturaleza; acceso al agua para todas las personas y los ecosistemas, siendo este un derecho humano; y fin a todas las Zonas de Sacrificio que hoy existen en Chile, asegurando que todas las personas, sin distinción, tengan derecho a la vida y la salud.  Todo esto en el contexto de una nueva Constitución participativa elaborada mediante una Asamblea Constituyente. 

Para dar visiblidad a aquello se sumó con su propio cabildo socioambiental  (que se ha replicado en otras  zonas del país), realizado el pasado 7 de noviembre con una amplia asistencia.

El marco general en el cual se ha dado esta discusión, presente en el período de preparación de la COP25, fue la decisión del gobierno de restarse de la firma del Acuerdo de Escazú, que busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. 

El nivel de represión, sumado a las informaciones vinculadas al seguimiento policial de dirigentes ambientales junto a las amenazas e incluso asesinatos comprobados, ha puesto mayor presión sobre la necesidad de suscribir este acuerdo internacional al amparo de la CEPAL, agencia de las Naciones Unidas, en un marco de defensa de los derechos humanos, evitando la criminalización de la protección del medioambiente y los territorios.

¿Quién financiará la Agenda Social?

El paquete de medidas propuestas por el Presidente Sebastián Piñera el 23 de octubre involucraría un gasto público de U$ 1.200 millones.  Recursos no considerados en el Presupuesto 2020 ni en el programa de gobierno, que en alguna medida se espera se financien con la Reforma Tributaria  en discusión en el Congreso.   Sin embargo, el riesgo hoy latente es que la agenda social gubernamental se pretenda solventar profundizando el modelo de desarrollo extractivista, que apunta al crecimiento económico y el alza del Producto Interno Bruto.   Ya lo dijo el ministro de Hacienda Ignacio Briones: “Sin crecimiento es imposible financiar una agenda social ambiciosa”.

Aparece así la recurrente tensión entre actividad económica y protección del medioambiente y los territorios.  

Cambios normativos y el apoyo a proyectos específicos han formado parte de la batería que el gobierno ha impulsado previo a la crisis y que hoy podría reactivarse en pro de responder de mejor forma a las demandas sociales que necesitarán financiamiento.

Previendo este escenario, múltiples organizaciones enviaron una carta al presidente y vicepresidente del Senado, Jaime Quintana y Alfonso de Urresti, respectivamente, con el fin de detener el avance del proyecto Pro Inversión I por considerarlo “regresivo, al debilitar nuestra ya frágil institucionalidad ambiental e hídrica, profundizando aún más la desigualdad estructural que existe entre las comunidades y las actividades industriales”.  Más aún, indican que “debilitar organismos como la Dirección General de Aguas (DGA) y acrecentar los históricos problemas que tiene el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, constituyen medidas que van en dirección contraria a las tan vigentes demandas socioambientales”.

La reforma al Código de Aguas y una Ley de Protección de Glaciares han sido dos de los emblemáticos proyectos torpedeados por el oficialismo y la Sociedad Nacional de Agricultura, la primera, y el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería, la segunda.  Hace un tiempo ambas leyes fueron incluidas  en las 23 iniciativas legislativas que el empresariado consideraba un atentado al crecimiento del país.  En un contexto en el cual se necesitarán recursos para financiar las demandas sociales no es descabellado que se aproveche la movilización para justificar su paralización en pro del empleo y el desarrollo económico.

Y en plena Cordillera de Los Andes, el proyecto de expansión de la mina Los Bronces de Anglo American (por U$ 3.000 millones) se ha transformado en un símbolo de iniciativas que, en pro de la rentabilidad, que no dudan en poner en riesgo  ecosistemas, glaciares e incluso la seguridad hídrica actual y futura de la ciudad de Santiago. Al igual que el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que sucesivos gobiernos han planteado como fundamental para el crecimiento del país.  

La negativa a adelantar el cierre de todas las termoeléctricas al 2030   y no al 2040 como ha planteado el gobierno sigue la misma línea, al señalar que la medida afectaría el empleo, aunque con su operación se siga exponiendo la salud y la vida de vecinos de Quintero, Puchuncaví, Tocopilla, Huasco, Coronel, entre otras comunas.

Son estos algunos de los temas emblemáticos de la agenda socioambiental en un contexto de crisis, más aún cuando la posibilidad de terminar con la Constitución de la dictadura se ve mucho más cerca.  Los que se mantendrán vigentes ya que aunque la COP25 oficial se trasladó a Madrid, las organizaciones reunidas en SCAC han acordado organizar de todas formas la Cumbre Social por la Acción Climática  del 2 al 12 de diciembre en Cerrillos.  Contenidos que, por cierto, impulsarán que sean incluidos en la nueva Constitución.

¿El motivo?

Simple: La crisis social es también ambiental.