Denuncian grave clima de criminalización e instrumentalización de la población migrante en Chile

Desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile y el Colectivo Sin Fronteras, comparten un comunicado público en el marco de los eventos recientes.

«Desplazadas del gobierno y enfrentadas a un escenario en el que el plebiscito del 4 de septiembre puede terminar aprobando una nueva Constitución que enmarcaría un profundo cambio institucional y legal en Chile, las fuerzas políticas representantes del gran capital, de los grandes patrones, han redoblado su feroz ofensiva con una agenda racista y antiinmigrante, la misma que impulsaron durante todo el gobierno de Sebastián Piñera. Con ello buscan incidir en la agenda política, usando la criminalización de las y los migrantes…»

 Lee el comunicado completo a continuación:

Comunicado Público en respuesta al clima de criminalización e instrumentalización de la Población Migrante en Chile

«Cuando una puerta se cierra, las personas abrirán una ventana. Si la ventana se cierra, las personas excavarán un túnel. Sí hay una necesidad básica de sobrevivir, una necesidad básica de protección, las personas se moverán, sin importar los obstáculos que encuentren en su camino y estos obstáculos solo harán sus viajes más dramáticos» (Carta de las organizaciones de la sociedad civil a la XVII Conferencia Suramericana de Migraciones).

Desplazadas del gobierno y enfrentadas a un escenario en el que el plebiscito del 4 de septiembre puede terminar aprobando una nueva Constitución que enmarcaría un profundo cambio institucional y legal en Chile, las fuerzas políticas representantes del gran capital, de los grandes patrones, han redoblado su feroz ofensiva con una agenda racista y antiinmigrante, la misma que impulsaron durante todo el gobierno de Sebastián Piñera. Con ello buscan incidir en la agenda política, usando la criminalización de las y los migrantes, responsabilizándoles de múltiples hechos desde el estallido social, la llegada a Chile de la pandemia por Covid – 19, la inseguridad, el desempleo, entre otros.

En medio de la mayor crisis humanitaria de nuestra Región principalmente por el éxodo de personas venezolanas y negándose a la evidencia nacional e internacional precedente sobre las consecuencias que esto tendría, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se puso en marcha una política migratoria que implicó un abrupto cierre de fronteras, antes incluso del inicio de la pandemia en marzo de 2020. Incumpliendo declaraciones públicas desde el propio Sebastián Piñera y otras autoridades quienes, desde el año 2018, sostenían “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile”. En la práctica la crisis humanitaria se agravó con la implementación de visas consulares y una supuesta visa de responsabilidad democrática con Venezuela la que terminó otorgándose sólo al 10% de quienes la solicitaron.

Además de lo anterior, la ley 21.325, de Migración y Extranjería promulgada en abril de 2021, estableció mayores barreras para la regularización migratoria impidiendo que una persona que se encuentra en Chile, pueda optar por una residencia temporaria si cumple los requisitos que se le piden. En relación a los flujos migratorios procedentes de Haití -en 2018- y Venezuela -en 2019- se fue aún más lejos, estableciendo que incluso las visas de turismo deberían tramitarse previamente en los consulados de Chile en sus países de origen, como ya acontecía con las personas procedentes de República Dominicana y de Cuba.   Estas medidas se implementaron sin hacerse cargo de que tal medida había ya derivado en inmigración irregular e incrementaría el tráfico de personas de esos países hacia Chile, situación que fue anunciada y denunciada de manera amplia por organizaciones migrantes y pro-migrantes.

Con las medidas antes mencionadas, existió una promoción no sólo de la irregularidad migratoria sino también una configuración de condiciones que incrementaron a cifras nunca antes conocidas los casos de tráfico ilícito de inmigrantes e incluso el internamiento de redes de crimen organizado.

¿Cómo reaccionaron frente a esto las autoridades del gobierno anterior? Incapaces de reconocer sus errores, agravaron la criminalización de la migración intentando por vía de expulsiones masivas, “desincentivar” a quienes persistieran en ingresar a Chile por pasos no habilitados. Además, militarizaron el control fronterizo, para añadir la presencia de personal armado como disuasivo del flujo migratorio. Nada de lo cual logró los objetivos que decían perseguir, dejando para la historia de Chile, condenables prácticas de expulsiones colectivas y la militarización de fronteras frente a crisis humanitarias, ¿Cuál fue el resultado de esta política?, el tráfico ilícito de migrantes se incrementó al menos siete veces en un año, (según registro de Carabineros de Chile), más medio millón de solicitudes de visas se mantuvieron por años sin respuesta, entre ellas las de miles de niños y niñas que junto a sus familias, esperaron por varios años una cédula de identidad para normalizar sus vidas; además del incremento del racismo, discriminación y clima de odio hacia las personas migrantes. ¿Cuál es el actual accionar de este sector?, lejos de reconocer el fracaso de su política en cuanto a la seguridad y el control de los delitos en Chile, además de su fracaso en la gestión migratoria, ahora promueven una agenda de medidas y acciones que insisten en la criminalización de las personas migrantes y en el uso de la misma crisis de gestión migratoria para justificar sus medidas securitarias infundadas y fracasadas.

En medio de la aguda crisis económica, social y política que vive Chile, causada por las enormes contradicciones y desigualdades que han provocado 40 años de globalización neoliberal, con consecuencias en la precarización de la vida de las mayorías y la depredación de la naturaleza, resulta inaudito que las élites criollas y sus representantes que heredaron la mayor crisis humanitaria en materia migratoria, intenten ahora usar esa misma crisis que crearon para intentar volver a incidir en la agenda política usando nuevamente la criminalización de las personas que se han visto forzadas a migrar y buscar refugio, para responsabilizarlas de las consecuencias que su sistema económico y sus políticas han producido. Es además perverso que alienten entre los sectores medios y populares de la población el relato de la inmigración como causante de la crisis económica, social y de seguridad que repercute en Chile tanto como en otros países de la Región y del mundo.

Si la mayor criminalización y violencias hacia las personas migrantes se produjo antes en un contexto de estallido social y alza de la organización popular teniendo amplia repercusión a través de los medios de comunicación hegemónicos, esta estrategia de las élites chilenas vuelve a arremeter frente a un contexto de definición política trascendental del plebiscito por una nueva Constitución para Chile, contexto en el que ya se vislumbra el alza de la toma de conciencia de los pueblos que habitan Chile y su decisión por avanzar para construirse una vida digna para las amplias mayorías.

Como organizaciones de la sociedad civil condenamos la agenda de la élites chilenas que pretenden nuevamente criminalizar a las personas migrantes y llamamos a la sociedad civil, a los pueblos que habitan Chile, a sus organizaciones populares a continuar trabajando en conjunto por un Chile con dignidad para todos, todas y todes.

#MigrarEsUnDerecho
#NingúnSerHumanoEsIlegal

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