Una denuncia por crímenes de lesa humanidad en contra del comandante en jefe de la Armada, almirante Enrique Larrañaga, presentó el abogado y ex funcionario naval Humberto Palamara ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.
El escrito de más de trece páginas dirigido a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, plantea que la máxima autoridad de la Armada de Chile, en concomitancia con el Director de Inteligencia de la institución, contralmirante Óscar Aranda, y una serie de funcionarios ligados al área de la contrainteligencia institucional, prohibieron el ingreso de personas a recintos navales e impidieron su interacción con personal activo por razones políticas, ideológicas y homofóbicas.
El documento secreto “EDI 4302” o Listado de Personas con Restricción para Interactuar con la Armada fue distribuido internamente hasta el mes de julio, cuando el abogado Humberto Palamara solicitó una copia del mismo a través del portal de Transparencia de la institución.
El ex capitán de corbeta que en 2005 ganó una demanda contra del Estado de Chile por la discriminación que siguió a la publicación de su libro Ética y Servicios de Inteligencia, argumenta que la Armada incumplió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y continuó estigmatizándolo como un objetivo de inteligencia naval, ya que su nombre apareció este año en la lista negra junto a ex colegas de tendencia homosexual y sujetos acusados de terrorismo.
La denuncia presentada en La Haya se funda en el artículo 1, letra k) del Estatuto de Roma, afirmando que “estamos frente a una conducta inmoral que afecta a las víctimas y a sus familiares, y que se extiende a todos los seres humanos, porque inventa enemigos y lo hace con fondos públicos, atacando su individualidad, por el solo hecho de haberlos clasificado en determinadas categorías de personas”.
En una breve conversación con El Ciudadano, Palamara informó que ya presentó un reclamo ante el Consejo para la Transparencia y una nueva querella en contra del jefe de Inteligencia de la Armada, Óscar Aranda, puesto que el mando naval seguiría ocultando información sobre este caso.
El ex funcionario sostiene que Aranda incurrió en el delito de falsedad en materia militar (artículo 367 Nº 5 del Código de Justicia Militar) al negar la existencia de un expediente requerido por la Ley de Transparencia y que sirvió de base para incluirlo en la “EDI 4302”.
“Me sorprende que el director de Inteligencia esté tan mal asesorado. Lo astuto era presentar una carpeta con mis antecedentes que incluyera mi historial como oficial de inteligencia, recortes de diario respecto a mi libro y el resultado de los procesos en mi contra, y el caso quedaba cerrado”, agregó Palamara.
Matías Rojas
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