Denuncian “Ley Mordaza” contra ambientalistas: Apuntan a empresas acuícolas y bancada salmonera

Ley Mordaza Salmonera: Ecoceanos denuncia proyecto empresarial que busca frenar defensa ambiental con control estatal reforzado

La industria salmonera y su influyente bancada parlamentaria están impulsando un polémico proyecto de ley (Boletín 15643-06) que, según denuncia Ecoceanos, busca «reprimir la resistencia socioambiental». La iniciativa, promovida por diputados como Miguel Ángel Calisto (Demócratas) y respaldada por ejecutivos de AquaChile y Blumar S.A., endurecería el control estatal sobre ONGs ambientalistas, obligándolas a renovar su estatus legal anualmente.

Según Ecoceanos, el texto —disfrazado de «transparencia y probidad»— apunta directamente a organizaciones que defienden los derechos de comunidades indígenas y el medio ambiente. Calisto justifica el proyecto alegando que «muchas [ONGs] disfrazan con buenos discursos sus verdaderos propósitos negativos», en referencia a su oposición a la expansión salmonera en zonas como los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPOs).

Detrás de la iniciativa, denuncia la organización, están gerentes como Gerardo Balbontín (Blumar S.A.) y Sady Delgado (AquaChile/AgroSúper), cuyas empresas acumulan multas por sobreproducción ilegal de salmones. Ecoceanos destaca el historial de Rodrigo Sarquis, presidente de Blumar, vinculado al lobby de la «Ley Longueira» y a reuniones secretas con ministros para influir en reformas ambientales.

El diputado Calisto ha declarado que el objetivo es «saber qué hay detrás de estas organizaciones», acusándolas de «afectar a Chile y destruir industrias». Sin embargo, las ONGs rechazan el argumento: «El Estado ya tiene acceso a esa información. Esto es una ley mordaza», señala Ecoceanos.

La normativa también afectaría la implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile en 2022 pero sin presupuesto para su aplicación. Este tratado garantiza protección a defensores ambientales y acceso a información pública, derechos que el proyecto de la «bancada salmonera» vulneraría, según organizaciones ciudadanas.

Ecoceanos subraya que el caso de Julia Chuñil Catricura, defensora mapuche desaparecida en 2024, ejemplifica la violencia contra activistas. Pese a los protocolos, el Estado no ha asegurado un entorno seguro para su labor, incumpliendo el Acuerdo de Escazú.

Las empresas involucradas, como AquaChile (controlada por la familia Vial) y Blumar (de los Sarquis), han operado con impunidad pese a sanciones, señala Ecoceanos. Blumar, por ejemplo, fue multada por sobreproducción en Magallanes y Aysén, pero sigue influyendo en políticas públicas, afirmó la organización.

Para la sociedad civil, el proyecto refleja una «estrategia de criminalización» de la protesta ambiental. Ecoceanos advierte que, de aprobarse, se sentaría un precedente peligroso para la democracia y los derechos humanos en Chile.

Mientras la «bancada salmonera» avanza en el Senado, organizaciones exigen movilización para exigir la implementación plena del Acuerdo de Escazú y frenar lo que califican como un «intento de silenciar las voces críticas».

Para conocer el reporte completo de  Ecoceanos, ingresar al siguiente enlace:

El proyecto de ley que intenta silenciar a las y los defensores de la naturaleza impulsado por la industria salmonera y su bancada parlamentaria