La funcionaria Tamara Vidal del Gobierno Regional (GORE) del Biobío entregó nuevos antecedentes a la Contraloría Regional que evidencian que la Fundación Bonhomía fue presuntamente arrendada y que en 2022 recibió 356 millones de pesos, por ejecutar el proyecto «Biobío vive sano».
Vidal, quien atraviesa un sumario administrativo por presunto mal uso de fondos, se autodenunció en la Contraloría debido a su participación en el GORE en el denominado «Caso Convenios». Y ahora, para complementar esa denuncia, entregó los nuevos antecedentes.
Según su abogada, Katherine Figueroa, en este caso «habrían hechos de la misma naturaleza que las otras fundaciones en términos de irregularidad», como el caso de la cuestionada «En ti», donde el encargado entregó un documento al GORE comunicando que el poder del organismo se traspasaba a otra persona para representarlo y ejecutar el proyecto, «por lo tanto las infracciones serían esencialmente las mismas».
Figueroa informó que han entregado información complementaria para 8 fundaciones y también han presentado una denuncia formal por la Fundación Bonhomía.
“Hemos tenido acceso a nuevos antecedentes, nueva información que parece que pudiera complementar de manera efectiva estos hechos que nosotros hemos denunciado; y de igual manera hemos contribuido a entregar una claridad respecto de cierto de ciertos hechos. También de documentación oficial, documentación pública respecto al funcionamiento de los programas que hay al interior del Gobierno Regional”, explicó la abogada.
Irregularidades del proyecto «Biobío vive sano»
En la revisión de antecedentes que se realizó dentro del GORE, se detectó la sobrevaloración de productos y la falta de evidencia de que se ejecutó el proyecto «Biobío vive sano».
En detalle, se evidenció que cerca de l90% de los recursos -290 millones de pesos- fueron rendidos con facturas entre Sebastián Mizón Hidalgo (actual representante) y su hermano, Benjamín Pavón Hidalgo, representante legal de la empresa Luz Verde SPA, que tiene como giro «producción de publicidad».
El administrador regional del Biobío, Iván Valenzuela informó que todos los antecedentes forman parte de la investigación y «toda la información en nuestro poder» fueron entregados al Ministerio Público,
Señaló que la fiscal a cargo decretó «la reserva de la investigación», declinando pronunciarse ante los hechos conocidos.
Tamara Vidal: «Puse en alerta muchas veces a mis superiores»
Tamara Vidal presentó el Caso Convenios ante la Fiscalía Regional el pasado 30 de junio y el 6 de julio acudió a la Contraloría General de la República en Santiago para entregar nuevos antecedentes sobre 9 fundaciones.
Entre estas fundaciones figuran: Horizonte Ciudadano, Fundación Impulsa, Fundación En Ti de Camila Polizzi, Fundación Descentralizado, Fundef, Infocap, Irade, Fundación Antonia y ahora Fundación Bonhomía.
La funcionaria señaló que «puso en alerta «muchas veces a sus superiores, de «muchos hechos irregulares que estaban aconteciendo y de los cuales ellos eran efectivamente testigos».
«Quizás mi forma de hacerlo público e informarlo no era la mejor, no envié un correo electrónico, mandé un WhatsApp o informé verbalmente y no dejé un respaldo. Pero efectivamente muchos de los hechos que hoy día son de connotación pública fueron informados», planteó.
A su juicio, «representa a muchos otros funcionarios que no hablan por medio a perder sus trabajos, soy el hilo más delgado, no tengo un cargo superior».
La abogada Katherine Figueroa destacó que Vidal sigue siendo la encargada de la oficina de participación ciudadana, a pesar de estar suspendida de sus funciones debido al sumario presentado por el Gobierno Regional en su contra. Además, no descartó presentar una querella en el futuro contra el gobernador regional Rodrigo Díaz por sus declaraciones mencionando una posible extorsión.
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