Colombia representa un caso paradigmático de genocidios contra grupos políticos, pueblos indígenas y movimientos sociales a nivel mundial ; solo en 2021, 52 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en manos de paramilitares o agentes del Estado. En 2019 se presentaron 1.414 denuncias de violaciones a los derechos humanos, según consigna un informe de Derechos Humanos y Violencia Política del Banco de datos de Cinep. Los líderes sociales vienen denunciando hace años, que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades, bajo el beneplácito de todos los gobiernos. El Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren esta explotación hace 30 años, siendo territorios disputados territorialmente por el narcotráfico, declarados ilegalmente como zonas liberadas, quedando las comunidades en manos de bandas paramilitares, sindicados como los principales responsables de estas masacres.
Los asesinados han sido personas y organizaciones con baja visibilidad, a diferencia de los años 80 y 90 donde los principales represaliados eran organizaciones de corte izquierdista como el Partido Comunista, la Unión Patriótica o las centrales sindicales. En los últimos años los ataques han estado dirigidos principalmente a los/las líderes sociales de las pequeñas comunidades y sociedad civil.
En el contexto del Paro Nacional, el accionar del Estado colombiano con la sociedad civil quedó en evidencia, así como el carácter delictual de sus fuerzas policiales, quienes han salido a las calles a castigar a la población cometiendo crímenes catalogados como de “Lesa humanidad” o lisa y llanamente como Terrorismo de Estado.
Usuarios en redes sociales hicieron tendencia la noche de ayer la palabra “Orión” para denunciar que el Gobierno de Iván Duque está realizando un operativo idéntico, pero a nivel nacional y masivo.
La operación “OrIón” fue una matanza perpetrada por el Estado colombiano, el Ejército, la Policía y paramilitares en la Comuna 13 de Medellín, bajo la excusa de “exterminar a las milicias urbanas”; este operativo contó con 1.500 efectivos, y fue parte de once incursiones militares ordenadas por el ex presidente Álvaro Uribe y que terminó con la vida de 18 civiles, cientos de heridos, desapariciones forzadas, desplazamientos y ‘falsos positivos‘.
La Operación Orión es la acción armada de mayor envergadura realizada por el Ejército en un territorio urbano en Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, y se extendió hasta el mes de diciembre de 2002.
PARO NACIONAL Y PROTESTAS
Desde el miércoles 28 de abril, 50 municipios de Colombia salieron de forma masiva a las calles, a protestar por la tercera reforma tributaria que Iván Duque propuso como solución a la crisis desatada por la pandemia y como una forma de “financiar” el gasto público. El proyecto denominado «Ley de solidaridad sostenible“ suponía imponer un impuesto a los ingresos de los sectores más vulnerables y capas medias, buscaba eliminar exenciones y aumentar el IVA, entre otras ideas bajo el argumento de recaudar cerca de 6.800 millones de dólares y reactivar la economía
El Gobierno Nacional, a través del ahora renunciado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó el proyecto de ley y de inmediato estallaron las manifestaciones.
Alberto Carrasquilla fue además ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Álvaro Uribe, entre los años 2003 y 2007, razón por la cual se le acusa de querer repetir la historia. Durante este primer gobierno, Carrasquilla quiso presentar ambiciosos proyectos de reforma tributaria, pero perdió el apoyo del partido de Gobierno, “Centro Democrático”, sin embargo lo volvió a intentar en la actual administración de Duque.
En los últimos tres años de Gobierno, el citado ministro Carrasquilla protagonizó sendas polémicas; como el escándalo de los ‘Bonos Agua’, que fueron utilizados para financiar obras de acueducto y alcantarillado en 117 municipios del país, por una cifra cercana a los $440.000 millones, o por sus declaraciones en 2008 donde afirmó que «El salario mínimo en Colombia es ridículamente alto”, lo cual evidenció su desconexión con la realidad del país, así como recientemente, en un despacho en vivo, donde admitió no estar informado del precio de una bandeja de huevos:
“Depende de la calidad. Pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza”, indicó Carrasquilla, lo que enardeció los ánimos de la población, debido a que la Ley de reforma tributaria que pretendía imponer afectaba precisamente a estos productos, la cual generó oposición en todo el país.
PROTESTAS Y VIOLACIONES A LOS DDHH
Según los estatutos que rigen las legislación colombiana, la Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones por faltas disciplinarias contra funcionarios públicos, como lo es la policía nacional, sin embargo, en el actual contexto de Estallido Social, ha sido criticada duramente por su papel en la investigación de los casos de violaciones a los dd.hh y muertes acaecidas en manos de agentes estatales. De 26 indagaciones por asesinatos, esta institución decidió relevar solo ocho de estos casos.
En la mira también se encuentra la Defensoría del Pueblo quien como sus estatutos indican: “es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho”, no obstante su máxima autoridad, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, fue denunciado por haber estado en una finca del municipio de Anapoima durante el paro nacional. Anapoima es catalogado como el exclusivo refugio de los ricos del país, Camargo informó que respecto a las violaciones a los DDHH y los asesinatos en manos de policías que “(..) Hay denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, pero estamos valorando”, indicó el defensor público.
En este hilo difundido por un usuario de Twitter se denuncia que en los informes entregados por la defensoría del pueblo no se incluyen las datas de asesinados, ni los disparos policiales. https://twitter.com/JuanPabloCalvas/status/1388334189796380672/photo/1
Hasta el momento, según datos oficiales, se contabilizan 18 muertos y 800 heridos a nivel nacional. Destaca el caso del joven Santiago Andrés Murillo, asesinado el 2 de mayo en el estado de Ibagué Tolima, durante las protestas.
Algunos de los rostros de los jóvenes asesinados por protestar por una Colombia libre de violencia:
Marcelo Agredo. 17 años. Cursaba noveno y también trabajaba. Jugaba baloncesto y fútbol. Hincha del América. Asesinado por la Policía en Cali.
Bryan Fernando Niño. 24 años. Tenía un hijo. Asesinado por la Policía en Madrid (Cundinamarca)
Andrés Rodríguez. Asesinado por la Policía en Cali.
Nicolás Guerrero. Artistas callejero, participaban en una velatón pacífica. 22 años. Asesinado por la Policía en Cali, en medio de una transmisión en vivo.
Juan David García Naranjo. Líder social, integraba el colectivo “Colombia Humana”.
Organismo de DDHH para informarse:
Por Daisy Alcaino
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