Desafíos que deberá asumir el gobierno de Gabriel Boric para la revitalización de las economías rurales campesinas

El abandono y discriminación a numerosas familias rurales en medio de la severa crisis social y económica en tiempos de pandemia, se ha agudizado aún más por la crisis hídrica en diversas zonas sureñas, con la  entrega de agua en camiones aljibes a miles de familias, las que viven limitadas para actividades productivas e incluso para el autoconsumo, en cuyos territorios de sequía se sigue imponiendo amplias extensiones de monocultivos de plantaciones de pinos y eucaliptus de la industria forestal y por otra, grupos privilegiados del poder económico agro industrial, con amplios beneficios fiscales.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis de la radio Universidad de Chile a inicios de febrero de este año, Valenzuela delineó las preocupaciones y los énfasis que colocará en su gestión como ministro de Agricultura a partir de marzo.

“La Comisión Nacional de Riego, en estos últimos 20 años nos hemos pasado del subsidio a las grandes forestales que era el gran gasto, al subsidio a las grandes empresas, medianas – grandes, que ha tenido luces y sobras. Ha permitido que Chile sostenga a pesar de la sequía, niveles de riego tecnificado importante, pero también ha habido un caballo desbocado. Aquí ha habido un porcentaje de los agroexportadores irresponsables, pero también ha habido comisiones lesivas de parte de las instituciones públicas para encaramarse a los cerros, como hemos conocido en Petorca, Aconcagua, pero también casos en O’Higgins en zonas de sequía como Lolol, se encaraman en los cerros y no hay una gobernanza del agua”, comentó Valenzuela.

A eso agrega que “la DGA ha sobre dado permisos de agua y hace todo un ciclo que hoy está en severo cuestionamiento. Entonces aquí tenemos que colocar, facilitar los sistemas de agua para la pequeña agricultura y particularmente los productores de alimentos”.

Respecto de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional, el futuro titular de Agricultura señala que está afectando al sector y en especial a producciones que hasta hace algunos años estaban aseguradas.

“Hay malas noticias: bajamos un 20 por ciento los cultivos agrícolas, casi un 20 por ciento y particularmente en cereales. Se sostiene la avena, pero en trigo, en arroz, lentejas, porotos que son muy importantes para la seguridad y la soberanía alimentaria, tenemos un retroceso. Aquí hay hartos factores: parcelación, el tema de la mano de obra, pero fundamentalmente el problema es el agua. Entonces ya no es un factor que no solo afecta al centro, sino que también a zonas de cultivos extensivos de trigo como el secano costero y también Biobío, Ñuble e incluso en la Araucanía, Malleco que era histórico en esto, con serias dificultades”, precisó.

Valenzuela agregó que “en el centro-sur tenemos una crisis bastante sin precedentes. Hoy día tenemos una alerta hídrica que va a afectar al sector oriente de Santiago por los problemas del agua superficial. Y en el caso del Gran Valparaíso, está muy, muy afectada el gran reservorio del Aconcagua, aparte de Peñuelas. El Aconcagua está prácticamente en sus límites por la sequía y por la enorme cantidad de monocultivo encaramado”.

Por eso recalcó que “como lo ha pedido el Presidente, vamos a redireccionar recursos privilegiando a estas economías rurales con respeto a la biodiversidad y también vamos a generar esta autoridad de agua que va a tener una bajada territorial como está en el programa del Presidente Boric”.

El futuro titular de Agricultura sostuvo que “aquí hay que ir a otro elemento que el Presidente ha dicho que es la planificación territorial. En todos los países desarrollados (y agrego una D: Decentes), hay acuerdo y hay planificación de las cuencas y hay cultivos que son pertinentes y otros no y con ciertos límites. Vamos a ir a ese elemento, vamos a mirar las licitaciones que hace la Comisión Nacional de Riego. Vamos a exigir, a propósito de denuncias que hicimos, que demostraron además la tala ilegal que destruían el bosque esclerófilo y monoproductores que no han repuesto esos territorios, vamos a hacer una proyección y asegurar sustentabilidad y sostenibilidad. Ese es el mandato del Presidente que nos obliga a trabajar junto al Ministerio de Medio Ambiente y con el Ministerio de Obras Públicas, hacer las cosas con seriedad como el país lo reclama”.

Hacia la revitalización de las economías territoriales

Desde el 2020, el Equipo de Trabajo por Derechos Colectivos viene  denunciando que JUNAEB tiene la obligación administrativa de adquirir   a lo menos el 15 % de producción campesina local para los  alimentos destinados a los sectores escolares,  distribuidos en canastas desde el inicio de la pandemia, lo que no tuvo cumplimiento, ha sido marginal, estableciéndose una amplia preferencia por la producción agro industrial vinculado principalmente a grupos del poder económico al cual se relaciona directamente el Gobierno, anhelando que ese porcentaje suba considerablemente durante el gobierno de Boric.

El Equipo por derechos colectivos ha resaltado que en materias de políticas agrícolas jamás se han establecido procedimientos de consulta a comunidades en medio de la actual crisis en materia de desarrollo para recabar necesidades, ni siquiera  se han coordinado ni planificado los recursos que han sido destinados a Municipios para enfrentar emergencias comunales por la pandemia, que podrían haber contribuido  a  focalizar un apoyo más eficaz  a la producción campesina y de familias de comunidades Mapuche.

También ha señalado que existe una larga lista de instancias que requieren alimentos frescos y saludables vinculadas a instituciones fiscales: Personas en situación de calle, hospederías, hogares de adultos mayores y diversos programas sociales que deberían abastecer a familias necesitadas, entonces, señala el equipo: “Se podrían adquirir ampliamente a  quienes hoy tienen la necesidad de vender sus producciones, pero los abastecimientos que asegura el gobierno son adquisiciones a sectores industriales”.

Al respecto se destaca que: “Son innumerables las iniciativas que se podrían realizar con el propósito de activar las economías de las familias rurales de acuerdo a sus propias necesidades e intereses, que requieren urgentes mecanismos de coordinación interinstitucional, bajo el cumplimiento de las obligaciones que tiene el estado con los tratados internacionales de derechos humanos, con la debida implementación de planes integrales  a favor de pequeños campesinos, comunidades y pescadores artesanales, tendiente a posibilitar un desarrollo propio y autónomo, mejorando capacidades colaborativas y comenzando con planes de contingencia para enfrentar la crisis hídrica en numerosos sectores territoriales, con iniciativas que posibiliten una gestión eficiente del agua”, señala el equipo de trabajo.

Agrega: “Esta triple crisis sanitaria, económica y social pone de manifiesto la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, existiendo una serie de recomendaciones desde abril del 2020 por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacándose que es esencial  invertir adecuadamente en programas integrales, desoyéndose en el Gobierno tales medidas para su aplicación en el mundo campesino,  así como aquellas medidas especiales con respecto a la realidad de los Pueblos Indígenas, en este caso Mapuche, cuyo abandono marcan aún más la desigualdad y discriminación fomentada por el estado”, indican, quienes también señalan que esperan que el futuro gobierno atienda los instrumentos internacionales de derechos humanos que van en ese sentido, como la Declaración ONU de los derechos campesinos, la Declaración ONU de derechos indígenas y las diversas recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos sobre cambio climático y pandemia..

Ver a continuación, apuntes sobre desafíos que deberá asumir el gobierno de Gabriel Boric en materia de revitalización de economías territoriales rurales.

– Con respecto a la revitalización de las actuales redes de producción comunitaria campesina, el  programa del presidente electo Gabriel Boric plantea como punto aparte de la economía, la política rural y agricultura, indicando: “En línea de apostar por la descentralización y afrontar la crisis climática, la política rural debe contar con una mirada intersectorial y que apueste por la la transformación de los sistemas alimentarios, guiada por los principios de la soberanía alimentaria, hacia patrones más justos, saludables y sostenibles; centrado en los derechos de las personas que viven y trabajan en estos territorios; donde se garantice la conservación y resguardo de los ecosistemas y biodiversidad; que mejoren la calidad de vida, conectividad y accesibilidad; que promueva el resguardo cultural e identitario de estos territorios que han sido dejados en un segundo plano en la planificación territorial y económica del país”.

La disgregación y el debilitamiento asociativo de sectores productivos rurales, la falta de una política de inserción campesina para abastecer de productos agrícolas a diversas instancias de interés público (hogares, escolaridad Junaeb, programas sociales, instituciones) y el mejoramiento efectivo de una política de agua rural, con usos eficientes y justa distribución, son parte de los desafíos que deberían considerarse como prioritarios, ya que son hechos que se agravaron en medio de la pandemia ante las débiles políticas e incluso abandono por parte del gobierno de Sebastián Piñera.

– La severa crisis hídrica que enfrentan cientos de miles de personas en territorios rurales en gran parte del País y las dificultades frente a eso para la supervivencia y planes productivos, son contingencias que deben abordarse con prontitud y con espacios participativos, que se vinculan directamente con el derecho humano al agua.

En el año 2015, diversas organizaciones vinculadas a los derechos campesinos, comunitarios y por la soberanía alimentaria, en una declaración de Chol Chol Mapu, indicaban: “Consideramos de interés público los espacios de encuentro, coordinación y convergencia para profundizar nuestros caminos de autonomía entre las diversas iniciativas y articulaciones que buscan proyectar, fomentar o fortalecer las economías propias, de acuerdo a los intereses y necesidades de quienes habitamos estos territorios, libre de intervencionismos y formas neo coloniales, rechazando a su vez, de manera activa, todo modelo de explotación, dominación y desigualdad, que atropellan los derechos de las personas y de la naturaleza”.

También señalaron: “Alertamos sobre la extensión e invasión de diversas actividades dañinas que profundizan la crisis de la vida de los territorios, los ecosistemas, las culturas  y la soberanía alimentaria, como ocurre con la agroindustria, la industria forestal y sus plantaciones de monocultivo de especies exóticas como el pino y el eucaliptus, los proyectos energéticos como centrales hidroeléctricas y tendidos eléctricos, la industria salmonera y sus plantas de pisciculturas o la exploración minera que amenazan varias zonas de la denominada Región de la Araucanía (…) Establecemos como pilar fundamental en nuestra acción, la autodeterminación, como derecho matriz de lo colectivo, exigiendo a las diversas instituciones públicas y privadas el respeto a  la integridad cultural de nuestros pueblos, nuestras formas de economía, las semillas ancestrales y campesinas, las aguas, los bosques nativos, indispensables para  la mantención y proyección de nuestra soberanía alimentaria y medicina natural, que beneficia a todas las personas, en la existencia y bienestar para el presente y futuro”.

 La declaración suscrita por: Departamento de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Organización tradicional KiñelWitranMapu, Red de semillas libres Wallmapu, Red de ferias y mercados con identidad, Red de economía solidaria y organizaciones por la defensa de los territorios, señalaron: “Hacemos un llamado a seguir construyendo, intercambiando, proyectando y fortaleciendo nuestra autodeterminación y relaciones interculturales. De la misma forma, presentamos el desafío de seguir coordinándonos para el levantamiento de espacios de convergencia por la defensa de la vida y de  nuestros territorios”.

-Otro punto relacionado con esta revitalización de las economías de los territorios y la defensa del medio ambiente, es el cumplimiento de las obligaciones estatales en la implementación de los diversos tratados y normativas relacionados con derechos humanos campesinos, pueblos indígenas, medio ambiente, cambio climático, entre ellos: Acuerdo Escazú, declaración ONU derechos campesinos y declaración ONU derechos indígenas. Tratados como el de derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, la resolución de octubre del 2021 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre: Derecho humano el vivir en un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.

Derechos campesinos

Por votación mayoritaria (121 a favor, 8 en contra, 54 abstenciones) se aprobó el 17 de diciembre de 2018, el Proyecto de Resolución para la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.

Si bien la Declaración no es vinculante en sí, puede dar mucha fuerza a los procesos impulsados por diferentes organizaciones sociales en el mundo y de acuerdo al principio de progresividad en la esfera internacional de derechos humanos, debe ser parte en las interpretaciones de los diversos tratados y pactos internacionales.

Esta declaración de la ONU busca garantizar la protección de los derechos de todas las poblaciones rurales incluyendo campesinos/as, pescadores/as, artesanos/as, nómadas, trabajadores/as agrícolas y pueblos Indígenas, para así mejorar sus condiciones de vida y también fortalecer las luchas por la Soberanía Alimentaria, frente al Cambio Climático, y conservar la biodiversidad.

La aprobación de la declaración de la ONU también constituye una contribución importante al esfuerzo internacional de promover la agricultura familiar y campesina.

El artículo 2° de esta declaración, numeral 5° de esta declaración, indica: “Los campesinos tienen derecho a la soberanía alimentaria, que comprende el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura”.

En el artículo 8°, numeral 7, se indica: “Los campesinos tienen derecho a elaborar sistemas de comercialización comunitarios con el fin de garantizar la soberanía alimentaria”.

Relacionado con la posibilidad de desarrollo de la Soberanía Alimentaria, el Artículo 17 de la declaración señala: “Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y bosques “.

En el Artículo 18: “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, así como de los recursos que utilizan y gestionan “. En el Artículo 19: “Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a las semillas, a proteger conocimientos tradicionales, a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas y conocimientos tradicionales “

Desafíos para su reconocimiento como DDHH en Chile

Considerando los conceptos que se han desarrollados desde las organizaciones de la sociedad civil y la declaración de la ONU sobre los derechos campesinos, se desprende entonces que, la Soberanía Alimentaria es el derecho humano de los pueblos de definir sus propias políticas agrícolas, laborales, de pesca, alimentarias, que sean ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Ello implica la protección y fomento de las economías locales y la protección de los territorios.

El derecho a la alimentación o justicia alimentaria y/o soberanía alimentaria como Derecho Humano, está recogido en algunas Constituciones y leyes de algunos países, pero no en Chile. En el presente, algunas iniciativas desde organizaciones campesinas en el marco de la participación popular para normas constituciones se han ingresado a la plataforma de la Convención Constitucional, las que buscan que sean discutidas por el pleno.

Desde una perspectiva comparada. En Bolivia se establece a la Soberanía Alimentaria como uno de los principios rectores en materia de tratados internacionales. Asimismo, atraviesa otras tantas categorías. La Constitución de Ecuador establece que la Soberanía Alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado, y aunque no define, le dedica un capítulo específico que recorre las diversas dimensiones que la conforman, tal como puede verse en los arts. 13, 281, 318, 413, 423, inc. 2.

En otras constituciones de América Latina, si bien no aparece la consideración explícita de la Soberanía Alimentaria, sí se puede identificar en algunas de éstas un reconocimiento directo del “Derecho a la Alimentación”. La Constitución Política de: Argentina (art. 75 inc. 22, por medio del cual incorpora con jerarquía constitucional al Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales [PIDESC]), El Salvador (Art. 69), Guatemala (Art. 51), Honduras (Art. 123), México (Art. 2º) y Panamá (Art. 64).

Como ya se ha señalado desde diversas organizaciones, la Soberanía Alimentaria es el derecho humano de los pueblos de definir sus propias políticas agrícolas, laborales, de pesca, alimentarias. El derecho a la alimentación está indisolublemente ligado al acceso al agua, no sólo porque el agua es, en sí misma, un alimento esencial para los seres humanos y la condición de aprovechamiento del resto de los alimentos, sino porque en ausencia de un acceso adecuado al agua por parte de las comunidades, éstas no podrán nunca alcanzar la soberanía alimentaria a la que debe aspirarse como garantía primaria del derecho a la alimentación.

Considerando esto y los desafíos que hay en Chile, por ejemplo, con el proceso constituyente, es urgente avanzar en mecanismos jurídicos sobre Derechos de la naturaleza (Ambientales, ecosistémicos, biodiversidades, ecoterritorios), como sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación, o mejorarlo en caso de estar afectado. Sus objetivos, deben ser la lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad, y la protección de los elementos naturales, para que exista un entorno humano saludable y sustentable, con la posibilidad efectiva de ejercer los demás derechos humanos, sustentado en diversos aspectos del derecho internacional.

** Apuntes sobre los desafíos de Alfredo Seguel.