Un grupo de estudiante becados por el Gobierno -por medio de Becas Chile, programa Técnicos para Chile-, que se encuentran realizando estudios en Canadá, denunciaron pública y legalmente, en un recurso de protección, el abandono por parte del ente gubernamental, así como irregularidades “al margen completo de la legalidad”.
Los estudiantes señalan detalladamente, en comunicado de prensa, diversas situaciones en las que el Ministerio de Educación (Mineduc) estaría incurriendo en incumplimiento e ilegalidad, pese a la claridad y especificidad de los acuerdos que firmaron ambas partes antes de que se concretara el viaje.
Según los becarios, la información divulgada el año 2008 en la página de la Embajada de Chile en Canadá, decía: “Para estudiar en Canadá, el programa incluye una capacitación en inglés, cursos teóricos y práctica laboral en una institución miembro de la Asociación de Colleges Comunitarios Canadienses (ACCC)”.
En esta misma línea afirman que el Acta de Compromiso que firmaron contemplaba en su noveno punto que: “El becario podrá extender su formación académica iniciada el mes de septiembre de 2009, hasta el mes de agosto de 2010 como máximo, incluido su período de práctica”.
En el documento, los alumnos explican caso a caso, y destacan que “la modificación unilateral en el contrato por parte del Mineduc, en el que se desconoce la fase final del programa de estudios, relativo a la práctica profesional, que en ese país tal como en Chile no es necesariamente pagada, y los beneficios económicos que corresponderían”, los perjudica.
La decisión de paralizar los recursos para estos alumnos, que hoy se encuentran en Canadá, les ha traído, según señalan, “consecuencias de extrema gravedad, exponiéndonos a situaciones que atentan incluso a nuestra integridad”.
Los estudiantes se encuentran sin poder pagar sus arriendos ni transportes, debiendo sobrevivir con un recorte sistemático de los recursos que fueron pactados. Uno de los casos más complicados, según Iván Ortiz, es el de Gabriel Aranda, “quien se enteró el día 26 de mayo que los beneficios entregados por el Ministerio se le acabarían dos días después, por lo que tendría que viajar de vuelta entre el 30 y el 31 del mismo mes”. Dado que no contaba con dinero, la secretaria de la oficina internacional del establecimiento en el que se encontraba estudiando le habría prestado dinero para que desayunara, teniendo que recurrir a un sistema de caridad de la asociación estudiantil para poder comer en el casino.
El mismo Ortiz afirma que el Gobierno habría roto el acuerdo que tenía con los College de Canadá, pues aún no pagarían la plata comprometida con las instituciones, lo que incluso estaría complicando la graduación de varios becarios.
Frente a esta denuncia, Víctor Osorno, subdirector del programa Técnicos para Chile, responde que no ha habido ningún cambio unilateral por parte del Ministerio, “la práctica es adicional al programa de estudios, es decir, ellos pueden obtener su certificado de estudios en el extranjero sin la necesidad de realizarla”. Lo que estarían pidiendo, entonces, sería que “se les financiara una práctica profesional adicional, que no forma parte de los planes de estudio, por lo que no se puede realizar”, continuó.
Sin embargo, afirma que quienes deseen continuar en el extranjero pueden hacerlo mediante una solicitud de extensión de retorno, pero que no incluiría los beneficios. Por ello, quien así lo deseara, deberá costear su permanencia en el país.
En una comunicación enviada a Gabriel Aranda así se lo mencionan, citando el artículo 12 letra d) del decreto N° 302 del Mineduc. Este artículo menciona las obligaciones de los beneficiarios del programa y en la letra d) dice:
“Retornar al país una vez finalizados sus estudios de perfeccionamiento. No obstante esto, dicha exigibilidad podrá ser diferida por un plazo máximo de un año a solicitud del becario cuando éste demuestre la necesidad de prolongar su permanencia en el exterior una vez concluida la beca. Dicha determinación quedará sujeta a la evaluación y pronunciamiento del Mineduc”.
En todo caso, señala la autoridad, “responderemos a cada acusación por la vía que ellos han elegido: La legal”, sin dar mayores antecedentes sobre casos puntuales, pues formarían parte de la causa.
La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección y hay que esperar su resolución.
Por Victoria Lozano Díaz y Felipe Ramírez
El Ciudadano