Desde Ecuador: “La decisión de Lasso es un golpe al juicio político”

El mandatario tiene diversas causales para enfrentar un juicio político desde evasión de impuestos hasta actos de corrupción

Seguel Alfredo

18/05/2023 9:31am

Guillermo Lasso y el decreto de ‘muerte cruzada’

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió el miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que estaba en marcha con la intención de destituirlo.

La organización indígena Ecuarunari, manifestaba en una declaración pública en la tarde de ayer: “Decreto Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso es un golpe de estado para el Ecuador. Desde la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – Ecuarunari, rechazamos la dictadura neoliberal y convocamos a la unidad de nuestras estructuras organizativas y las organizaciones sociales a ejercer nuestro derecho a la resistencia”.

¿Qué está pasando en Ecuador?

Desde Quito, el docente universitario, Sociólogo y Coordinador del Grupo de investigación Estado y Desarrollo GIEDE, Pablo Ortiz – T, compartió el siguiente relato: “La decisión de Lasso de decretar la “muerte cruzada” es un golpe al juicio político. Si bien ambas son figuras y herramientas reconocidas en la Constitución para dar salida a crisis políticas, la acción de Lasso es arbitraria y evidencia un desprecio por la Asamblea y por la norma que le da ésta la atribución de fiscalizar y juzgar a cualquier funcionario, incluyendo el Jefe de Estado”.

Agrega Ortiz: “En este caso específico, la Asamblea había cumplido toda la formalidad -incluyendo un dictamen de la Corte Constitucional- dentro de un proceso sinuoso y largo (…) Las causales para enjuiciar a Lasso habían varias: la evasión de impuestos y propiedad de empresas en paraísos fiscales “Pandora Papers”; vínculos con la mafia de Albania y narcotráfico “Caso León de Troya”; caso de tráfico de influencias y compra de altos cargos públicos “Caso Danubio”; peculado en empresas públicas “Caso FLOPEC” – una empresa de transporte naviero de petróleo”.

El académico también señala: “La Corte únicamente calificó este último caso, que tenía que ver con la omisión de Lasso, quien a pesar de conocer desde mediados del 2022 irregularidades en unos contratos de transporte de crudo y perjuicios por millones de dólares, no actuó y permitió el accionar de una persona de su círculo íntimo, quien estaba a cargo de dicha empresa (…) Frente a eso, en la Asamblea sí se formó una coalición y se sumaron los 92 votos que establece la Constitución para la censura y destitución”.

El profesional denuncia episodios en este último tiempo en el marco de la conformación del juicio político: “Frente a eso, el gobierno acudió a la extorsión y compra de votos de algunos legisladores. Ni eso le permitió revertir la situación y es lo que motiva la decisión de la llamada “muerte cruzada”.

“Finalmente, hoy es grave y espeluznante el decreto firmado, porque no es clara la figura que lo sustenta y justifica. Y, aun así, los militares y policías se tomaron la Asamblea la mañana de ayer y aparecieron altos oficiales interpretando la legalidad de la decisión de Lasso y amenazando a la sociedad civil, en caso de que se desarrollen acciones colectivas de protesta”, comenta Pablo Ortiz – T.