Los traspasos directos de Arturo Zúñiga cuando era subsecretario: $461 millones a la Universidad San Sebastián
Durante su periodo como subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga suscribió dos contratos directos con la Universidad San Sebastián (USS) por un total de $461 millones, según revelaciones de Fast Check CL. Los tratos fueron aprobados en 2019, destinándose para la especialización médica en instituciones de salud públicas, lo que ha generado suspicacias sobre la transparencia en el uso de recursos estatales.
El mayor de estos contratos, por $391 millones, se firmó en septiembre de 2019 para capacitar a 19 médicos cirujanos de diversos servicios de salud. Según los registros, este convenio se extendió hasta abril de 2022, a pesar de que Zúñiga había dejado su cargo en noviembre de 2020. Además, un segundo contrato por $26 millones se otorgó para la formación de un médico en cirugía maxilofacial.
Estas contrataciones directas no fueron aisladas. Luis Castillo, antecesor de Zúñiga y exdecano de la Facultad de Medicina de la USS, también autorizó un pago de $43 millones a la misma universidad en 2018. Ambos casos han levantado dudas sobre un posible conflicto de interés debido a los nexos previos de Castillo y Zúñiga con la USS, especialmente cuando, apenas un mes después de su renuncia, Zúñiga asumió como director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de esa institución.
El análisis de estas transferencias pone en foco la creciente relación entre la USS y las instituciones públicas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En total, la universidad recibió más de $7 mil millones por contratos con diversos organismos estatales. Solo en el área de educación, la subsecretaría a cargo de Marcela Cubillos desembolsó $1.479 millones por servicios prestados entre 2018 y 2020, consignó un reportaje de Ciper Chile.
La controversia en torno a estas contrataciones directas se intensifica al considerar que la USS ha sido una de las principales beneficiarias de fondos públicos durante la última década. El hecho de que varios contratos se hayan firmado sin licitación pública ha generado críticas desde diversos sectores, apuntando a la falta de transparencia en el manejo de los recursos fiscales.
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