Diputada Karol Cariola exige ante la CIDH medidas de no repetición para ninguna mujer en Chile
La diputada Karol Cariola acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la vulneración de sus derechos durante el allanamiento a su domicilio el mismo día de su parto. Su defensa señaló que la Fiscalía presentó al tribunal «información errónea» basada en el informe 487 de la PDI, documento con «faltas gravísimas».
«Acá hubo una vulneración de derechos, y eso es algo que no debiera volver a ocurrir a ninguna mujer en nuestro país. Yo estaba pariendo cuando se tomó la decisión de realizar un allanamiento, teniendo a mi primer hijo” indicó Cariola, destacó El Siglo.
La parlamentaria detalló el impacto emocional del operativo: “Es algo que no se lo doy a nadie. La afectación emocional que eso implica para cualquier persona es brutal, terrible, dolorosa”, declaró Cariola. Su abogado, Juan Carlos Manríquez, añadió: «Se han vulnerado al menos cinco derechos fundamentales que Chile pactó respetar«, exigiendo al Estado garantías de no repetición.
El informe 487 de la PDI, clave en la autorización del allanamiento, fue cuestionado por «confundir personas» y presentar inconsistencias en fechas. Cariola afirmó: «Al confundirse a dos personas distintas, no hay consecución del delito que se intenta determinar». Su defensa reveló que, pese a las correcciones ordenadas por el tribunal, el fiscal Patricio Cooper mantuvo los mismos errores en un nuevo informe.
Durante la audiencia del 15 de abril en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Mario Cayul dispuso una nueva revisión para mayo. «El Estado debe tomar medidas para resguardar los derechos de mujeres gestantes y sus recién nacidos«, insistió Cariola, subrayando su «inocencia absoluta» frente a las acusaciones.
Manríquez explicó que el recurso ante la CIDH se ampara en el artículo 41 de la Convención Americana, para exigir «garantías de no repetición y no regresión». Advirtió: «De no haber respuesta adecuada, Chile quedará como infractor internacional». Además, criticó la formación de las instituciones: «Deben modificarse las mallas educacionales de la PDI y el Ministerio Público, especialmente en casos con personas vulnerables».
Cariola cerró con un llamado a marcar precedentes: «La CIDH debe pronunciarse. Como autoridades, tenemos que asegurar que esto no se repita». La demanda busca no solo reparación personal, sino cambios estructurales en el sistema de justicia chileno, con garantías de no repetición para mujeres gestantes y recién nacidos.