Diputada Pamela Jiles oficia al Ministerio de Defensa a entregar los nombres de periodistas que habrían recibido pagos con fondos públicos por parte del ex comandante Oscar Izurieta

En interrogatorio al ex comandante Izurieta habrían salido algunos nombres de trabajadores de la prensa. ¿Quiénes fueron los responsables de recibir coimas a cambio de esconder los malos hábitos de la institución castrense?

Javiera Torres

23/02/2022 6:39pm

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, solicitó el día de hoy que se oficie al ministro de Defensa Nacional, Baldo Prokurica, para que aclare ante la opinión pública lo que respecta a los pagos realizados con recursos estatales a periodistas, columnistas y editores de medios de comunicación en el caso del mega fraude del ejército.

El ex comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, procesado la semana pasada por falsificación de documentos y malversación de gastos reservados, le confesó a la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, que se habrían realizado pagos con fondos públicos a distintos periodistas, columnistas y editores de medios de comunicación, con el fin de influir en sus contenidos y que estos no denunciaran los desfalcos realizados por los comandantes en jefe de la institución.

De esta forma y de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, la diputada Jiles exige que se informen los nombres de todos quienes hayan recibido pagos con recursos públicos, puntualizando en la gravedad de los hechos que revelan la vulneración de la libertad de información y expresión como derecho de todos los chilenos/as, por parte de agentes del Estado.

“A partir de esta declaración se revela que eventualmente con recursos públicos se vulneró por agentes del estado la garantía constitucional del Artículo 19 número 12 relativa a la libertad de información sin censura que se encuentra establecida para garantizar la fe pública y con el fin de custodiar el derecho fundamental de todos los chilenos a expresarse y a ser informados”, se lee en el oficio.

Se espera que a través de esta acción se individualicen los funcionarios públicos y trabajadores de la prensa involucrados en los pagos fraudulentos con recursos públicos, y que quienes se mantengan en condición de empleados públicos se les realicen sumarios administrativos.