En octubre pasado, el diputado UDI y también esposo de Cathy Barriga, Joaquín Lavín JR, ofició a Contraloría con el objetivo de solicitar un informe respecto del cumplimiento de la respuesta de observaciones, emitidas por este organismo de control a la Municipalidad de Maipú. Es decir, los parlamentarios solicitaron a Contraloría, tener conocimiento si la actual administración municipal «solucionó» y/o informó las diferencias monetarias; lo que llama la atención debido al estrecho vínculo entre el parlamentario y la exedil -lo que fue revelado por este medio-.
Sin embargo, en la respuesta al oficio -de noviembre de este año-, la entidad fiscalizadora remitió un informe de seguimiento sobre la Auditoría a la situación presupuestaria en la Municipalidad de Maipú, en el que se revela que respecto a los $28.363.735.265, se requirió al municipio acreditar la implementación de un procedimiento de control orientado a efectuar cuadraturas periódicas respecto de los datos reportados.
«Se solicitó aclarar la diferencia determinada por $28.363.735.265, efectuando los ajustes contables pertinentes, los que deberán ser autorizados por este Organismo de Control (…) En tal contexto, el organismo comunal señaló que aún no se ha establecido un procedimiento de control formal para la realización periódica de cuadraturas, y que se encuentra en proceso de análisis y conciliación de los ítems objetados (…) sin embargo, atendido su estado actual y el tiempo transcurrido, se le solicita adoptar las medidas que sean necesarias a objeto de agilizarlo, ajustándose a los plazos de instrucción», se lee en el documento de seguimiento de Contraloría a la Municipalidad de Maipú.
No obstante, el diputado y miembro de la Comisión de Ética, Matías Ramírez, en conversación con El Ciudadano afirmó que, el ejercicio de las facultades de fiscalización de los parlamentarios tiene un límite, lo que tiene relación con no ejercer determinadas acciones en contra de la probidad administrativa, es decir, en beneficio personal.
-El oficio que suscribe el diputado Lavín, donde pide cuenta a las observaciones realizadas durante la administración de su cónyuge, evidentemente da cuenta de un conflicto de interés, por lo que en ese sentido es una falta a la probidad bastante evidente. (Lavín) conociendo la situación judicial de su esposa, debió abstenerse de realizar ese tipo de conducta, ya que, atenta contra la ética de todo parlamentario-, explicó Ramírez.
Además, el diputado confirmó que solicitará a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados, iniciar una investigación de oficio por esta situación, puesto que, no puede suceder que un parlamentario ejerza sus funciones por interés personal, y lo que podría afectar la investigación.