Aproximadamente nueve empresas transnacionales de Noruega, Japón, China, Canadá, Alemania, y grupos familiares empresariales chilenos, concentran el 80% de la producción de cerca de un millón de toneladas anuales de salmón en el país, valoradas en 5.100 millones de dólares.
Salmones Camanchaca es una de ellas y es considerada como una de las mayores empresas productoras de harina de pescado y salmones en Chile.
Su director, Tore Valderhaug expuso en Stim 2022, uno de los seminarios realizados en Noruega, par abordar las ventajas, desafíos y las principales amenazas sobre la expansión productiva y territorial de los monocultivos industriales de salmónidos en la Patagonia chilena.
Durante su discurso, Valderhaug señaló que las diferentes crisis sanitarias y ambientales, asociadas con la expansión de la industria salmonera, en especial en Chile, ha generado fuerte resistencia por parte de las organizaciones sociales,la cual se ha agudizado con el gobierno del presidente Gabriel Boric.
En mayo pasado, el mandatario expresó que las empresas salmoneras «tienen que salir de las áreas protegidas».
«Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica. aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas», expresó el jefe de Estado, durante una jornada de trabajo, citado por El Mostrador.
Estas acciones, detalló Tore Valderhaug, criticó frente a sus colegas nórdicos el incremento en las regulaciones sanitarias y ambientales en Chile, calificando de “inciertas” las acciones del regulador estatal».
Para el director de la empresa, esta postura, además, estaría creando un “círculo amenazante” alrededor de la industria del segundo productor mundial de salmones, en un contexto de disminución de la producción mundial, aumento de los precios internacionales, y la limitación de la producción de alimentos más eficientes, refiere Radio del Mar.
A la postura del Gobierno, se suman los movimientos sociales y organizaciones medioambientales, quienes le han solicitado al gobierno de Boric, que defiendan la importancia de estas zonas silvestres protegidas.
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Ante esta situación, Tore Valderhaug señaló que en Chile “la tónica son reglamentos más duros para la salmonicultura”, donde a su juicio, “la mayor amenaza son los ambientalistas radicales”.
Al respecto, el director de Camanchaca nombró a las organizaciones que estarían, a su juicio, amenazando a la billonaria industria exportadora de salmónidos en Chile, y señaló al Centro Ecocéanos, Oceana, Fundación Terram, Greenpeace, Carretera Austral Sin Salmoneras, Fima, Defendamos Hualaihué y Defendamos Chiloé.
Alegó que mientras un 40% de la Zona Económica Exclusiva del país incluye áreas marinas protegidas, solo un 0,001% de ella correspondería a concesiones activas para la salmonicultura industrial.
“El cultivo del salmón utiliza una porción inmaterial (sic) del mar, pero hay ciertos ambientalistas extremos trabajando para poner limitaciones a su desarrollo”, aseguró Vanderhaug, citado por Radio del Mar.
Cabe recordar que, un reciente informe presentado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, reveló que, la protección efectiva de las 6,3 millones de hectáreas de ecosistemas costero-marino se ha vuelto crítica a ojos de los especialistas, debido a que, en total, 411 concesiones de acuicultura dentro de las áreas protegida del Estado, y 134 nuevas concesiones en trámite.
Criminalizción de ambientalistas
A raíz del discurso de Valderhaug; Juan Carlos Cárdenas; director del Centro Ecocéanos, planteó que desde las empresas soiempre se ha buscado criminalizar a las organizaciones sociales y ambientalistas, para poder justificar sus acciones.
«Este intento de criminalizar a las organizaciones que luchan en Chile por la defensa del medio ambiente, la salud pública y los derechos humanos de las comunidades locales, busca justificar futuras acciones de amedrentamiento de las asociaciones patronales contra el movimiento socio-ambiental”, expresó, citado en Radio del Mar.
Cárdenas recordó que, en los últimos años – especialmente durante la pandemia del covid-19 -, América Latina y el Caribe se convirtió en la región más peligrosa para los defensores del medio ambiente.
Solo durante la pandemia, 119 defensores del medioambiente fueron asesinados.
De igual forma, manifestó su preocupación por los dichos del director de Salmones Camanchaca; a pocas semanas de que ocurra la adhesión formal de Chile al Acuerdo de Escazú, luego de que fuese aprobada por el Congreso el pasado mes de junio.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como es llamado oficialmente, fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.
Este es el primer acuerdo ambiental regional de Latinoamérica y el Caribe, además de ser el primero en el mundo en regular disposiciones específicas relacionadas a la protección de defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales.
Dentro de sus principios considera como objetivo que las personas tengan acceso a la información ambiental y sean parte del proceso de toma de decisiones ambientales, además de tener la oportunidad de acudir a la justicia en caso de ver afectado el medio ambiente.
El director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas; preguntó si el Global Salmón Initiative (GSI), el Chilean Marketing Council y Salmón Chile A.G. respaldan las declaraciones de su empresa asociada Camanchaca, y si la Bolsa de Oslo comparte las declaraciones de su único miembro emisor chileno y latinoamericano.
“Las respuestas o el silencio cómplice, permitirá a la ciudadanía organizada y organizaciones de consumidores internacionales, evaluar si esta salmo-amenaza constituye un hecho aislado, o es parte de una agenda corporativa en marcha”, señaló Cárdenas.
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