Directora del recién creado Servicio de Reinserción Juvenil: “Habrá una opción de salida alternativa entre el joven y la víctima»

El Ciudadano conversó con la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, quien dio detalles sobre en qué consiste este nuevo organismo que tiene como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de las y los jóvenes infractores de ley y a la implementación de políticas de carácter intersectorial.

Comenzaron funcionando en la zona norte ¿cuánto tiempo tomará la implementación en el resto del país?

A inicios del próximo año partiremos en la zona centro sur, entre las regiones del Maule y Magallanes, y a comienzos del año 2026 se iniciará el funcionamiento en la zona central, en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Con eso terminará de existir el Sename en el país.

¿Cuál será la estrategia para abordar el complejo problema de la delincuencia juvenil?

Por ley a este servicio le corresponde administrar y ejecutar las medidas cautelares y las sanciones que ordenan los tribunales, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esto lo hacemos mediante programas que contribuyan a que los jóvenes abandonen las conductas delictivas, que apoyen su integración social, e implementando políticas de carácter intersectorial.

Este trabajo intersectorial es bien importante, porque el Estado en su conjunto, a través de distintos ministerios y servicios, deberá asegurar el acceso de los jóvenes a las prestaciones que ellos requieran en áreas como educación, capacitaciones, salud y tratamiento de adicciones, entre otras. Hasta ahora todo eso dependía en cierto grado de la “buena voluntad” de las otras instituciones estatales, pero ahora será parte de sus obligaciones.

¿Qué hará este servicio que no haya implementado el Sename?

Además del trabajo intersectorial que explicaba, hay varias diferencias.

El servicio funcionará en un contexto de justicia especializada, en que habrá fiscales, defensores y jueces formados y capacitados en responsabilidad penal adolescente, es decir, en las características específicas de la criminalidad en ese momento del curso de vida.

A esto se suma que habrá una opción de salida alternativa a través del trabajo conjunto entre el joven y la víctima, que es la mediación penal juvenil. Ya se probó en algunas regiones y ha tenido muy buenos resultados, ya que a través de ella se logra que los jóvenes se responsabilicen por el daño cometido y reparen ese daño en acuerdo con quienes lo sufrieron. Le da, entonces, un lugar a las víctimas, tantas veces olvidadas.

Además, hay un aumento de los estándares de calidad para los organismos que trabajan con los jóvenes que cumplen las medidas cautelares y sanciones en libertad. No son los propios funcionarios del servicio los que acreditan a estos organismos, sino un Consejo de Estándares y Acreditación, conformado por expertos seleccionados a través de Alta Dirección Pública.

¿Cómo pretende reinsertar socialmente de forma efectiva a los jóvenes del antiguo Sename?

Son alrededor de mil los jóvenes con una medida cautelar o una sanción ordenada por los tribunales en las cinco primeras regiones del norte, y la mayoría de ellos no están privados de libertad, sino en programas en el medio libre.

La atención de estos jóvenes será más personalizada, estructurada y especializada, y tal como señalaba previamente, contarán con la respuesta del conjunto de instituciones estatales involucradas en su reinserción.

Además, otra novedad es que contaremos con una nueva herramienta, que es el acompañamiento a los jóvenes una vez que terminan de cumplir sus sanciones -siempre que ellos lo acepten- para ayudarlos a instalarse en la comunidad con soportes suficientes en cuanto a redes de apoyo, fuentes de ingresos y un lugar para vivir, ya que eso los ayudará a evitar las reincidencias.

¿Cómo abordará el problema de los abusos que ocurren en los centros privativos de libertad como tanto hemos visto por años?

Los informes de los últimos años sobre abusos se referían principalmente a los recintos donde permanecían niños, niñas y adolescentes debido a vulneraciones de sus derechos, y esa área de protección en la actualidad está a cargo del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Lo que ocurre en los centros de justicia juvenil privativos de libertad, en algunas ocasiones, son episodios de violencia entre los mismos jóvenes, o de los jóvenes hacia los funcionarios que trabajan en esos recintos.

En casos de presuntos maltratos o abusos hay protocolos que se siguen, y que incluyen las denuncias respectivas al Ministerio Público, además de las investigaciones internas.

Además, para prevenir la ocurrencia de hechos de este tipo, contamos con una nueva Unidad de Protección y Garantía de Derechos, que supervisará que se están respetando los derechos de los jóvenes en los centros privativos de libertad y también en los programas en el medio libre.

Por último, las visitas de órganos como las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros (CISC), cumplen un rol importante de detección y prevención.

¿Cuántos y cómo se destinarán los recursos en este nuevo servicio?

En este primer año el monto destinado al servicio, que funciona entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo, es de 30.847 millones de pesos.

Un cambio importante sobre estos recursos, en comparación con el anterior servicio, es que se abandona la lógica de las subvenciones para los organismos acreditados, reemplazándola por un financiamiento asociado al cumplimiento de estándares de calidad.

Además, los equipos de trabajo en los centros privativos de libertad aumentan en 58%, por lo que habrá un incremento de profesionales a cargo de las intervenciones de los jóvenes.

¿Y qué pasa con los funcionarios y la infraestructura del Sename?

En relación a las y los funcionarios, hubo un proceso de evaluación para determinar quiénes podían continuar en la nueva institución. Los cupos faltantes se seleccionarán a través de concursos públicos. En cuanto a la infraestructura, la mayor parte fue traspasada al nuevo servicio, por ser el continuador legal del Sename.

¿Cuál es su desafío personal al dirigir esta nueva institución?

Me siento muy honrada de poder liderar este proceso de implementación y, al mismo tiempo, tengo claro que es una responsabilidad enorme. Desde hace 25 años he trabajado en temáticas de niñez y adolescencia, fui trabajadora social de una Oficina de Protección de Derechos en 2001, cuando la reforma de Sename recién comenzaba, por lo que hoy es muy satisfactorio poder poner a disposición mi experiencia, mis competencias técnicas y estratégicas, mi capacidad de liderar equipos al servicio de una tarea tan decisiva y tan largamente esperada por la sociedad chilena.

El diseño de esta reforma ha involucrado a muchos equipos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y a muchos investigadores y organismos que han colaborado en ella. El momento de la implementación es clave, porque es la hora de llevar ese diseño a la realidad y de resolver con reflexividad la pregunta sobre cuáles son los umbrales mínimos de cambio que hay que garantizar, y cuáles los ajustes a introducir, dadas las particularidades del contexto y la cambiante realidad social.