Dirigente Jonathan Castillo: «El proyecto de Ley de Envases que estamos impulsando es una ley de responsabilidad extendida al productor, para que se tenga que hacer cargo de cada envase que inserta al mercado»

En un movimiento multisectorial en el que confluyeron el ambientalismo y la fuerza de los trabajadores de la economía popular, fundamentales en la recolección urbana de reciclables, pero en pésimas condiciones laborales, Argentina está más cerca de tener una ley de gestión de residuos reciclables, pero con inclusión social.

Con apoyo del oficialismo, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) y la asociación de organizaciones ambientalistas Alianza por el Clima presentaron un proyecto de legislación exigida desde hace 25 años que pretende que los fabricantes de los productos se hagan cargo del costo de la gestión de los envases posconsumo, lo que a su vez generaría un presupuesto para formalizar el trabajo de los 200.000 argentinos de este sector castigado.

«El proyecto de Ley de Envases que estamos impulsando es una ley de responsabilidad extendida al productor, para que se tenga que hacer cargo de cada envase que inserta al mercado y donde se pueda garantizar con esos ingresos económicos un sistema de reciclado con inclusión social», dijo Jonathan Castillo, presidente de la cooperativa Recicladores Unidos de Avellaneda.

Argentina produce 927.000 toneladas de envases plásticos al año, de los cuales 26% se recicla y el resto termina en rellenos sanitarios o en los 5.000 basurales a cielo abierto que todavía existen en el país. Se estima que se producen por año 200.000 toneladas de plásticos reciclables PET (polietileno tereftalato), pero solo 10% se reutiliza.

El proyecto plantea crear un Sistema Nacional de Gestión de Envases (Sinage) para implementar programas destinados al fortalecimiento de la gestión de envases en todo el territorio nacional y articular los Sistemas de Gestión Local (SGL) de municipios y consorcios, para la reintroducción de los materiales reciclables en el sistema productivo.

Además, se pretende crear una tasa ambiental para reciclabilidad y material reciclado contenido, que paguen las empresas comercializadoras de los productos, para generar más de 80.000 puestos de trabajo calificados al interior de los SGL.

«Nuestros compañeros hacen este trabajo excluidos del sistema, sin garantías de que las condiciones van a mejorar con el tiempo. Queremos que con esto se garantice el reconocimiento a lo largo y ancho del país, no solo en Buenos Aires. A los recolectores de basura y a los barrenderos se les paga, y a los compañeros recicladores lo hacen gratuitamente, más allá de que vendan el material a intermediarios que se llevan la mitad de la ganancia», detalló.

Una ley ambiental y socialmente justa

El crecimiento de la utilización de plásticos de un solo uso y de menor tamaño, en reemplazo de envases retornables, es un fenómeno global impulsado por el negocio de las grandes empresas petroleras: el plástico es un derivado del petróleo y los envases de un solo uso, una diversificación del mercado. Se producen 78 millones de toneladas de plástico anuales en el mundo y 14% es reciclado, aunque solo 2% de toda nueva producción proviene de otros plásticos reciclados.

El origen de estos materiales son principalmente los envases que contienen líquidos, tanto bebidas como productos de limpieza, de las grandes corporaciones transnacionales, que se desentienden de la gestión y reciclaje de los residuos.

En Argentina, los envases representan 30% de los residuos sólidos urbanos y son la principal causa del crecimiento de la basura domiciliaria. Representan 60% del volumen de una bolsa de residuos domiciliarios, según un estudio del Círculo de Políticas Ambientales.

Pero en países europeos e incluso en otros de la región como Chile, Colombia, Brasil, México y Uruguay existen leyes de responsabilidad extendida del productor, algo que no se ha logrado concretar en Argentina por culpa de las presiones corporativas.

«Las empresas deberán repensar un rediseño de los envases. Hay una empresa que no maneja ya distintos colores, sino solo uno, y eso es clave. Los sifones donde viene la soda son seis materiales distintos y la clasificación y separación de los materiales hace que una persona tenga que dedicar mucho tiempo. También la sociedad tiene que entender que tiene que separar en casa», comentó Castillo.

Hoy son los municipios los que deben hacerse cargo de la gestión de los residuos, que representa costos que oscilan entre 5% y 25% de sus presupuestos locales. Pero solo la mitad de ellos cuenta con plantas de separación de residuos y 70% de los habitantes no cuentan con recolección diferenciada para reciclables.

Un relevamiento realizado por la asociación civil corporativa Compromiso Empresarial para el Reciclaje (Cempre) sobre 200 municipios con mayor población mostró que 85% no cuenta con un programa para grandes generadores de residuos, como comercios o empresas.

Transformar la realidad

«Necesitamos un Estado presente, si hay un municipio con principios de inclusión social en materia de reciclado se puede transformar la realidad de muchísimos compañeros. Hace años, antes de estar en la cooperativa, pasábamos por una cuadra y los vecinos se metían corriendo adentro de la casa. Hoy en día, el mismo compañero pasa por la misma cuadra y esos mismos vecinos buscan su bolsita de reciclables y a veces un paquete de comida o algunos pesos como ayuda», narró Castillo.

El trabajo excluido de los llamados cirujas o cartoneros existió de manera marginal en los cordones urbanos de Argentina, pero en diciembre de 2001 llegó la desestabilización política y económica que azotó el país.

Miles de personas de las clases sociales más vulnerables, ubicadas en los márgenes de las grandes ciudades y los barrios carenciados, comenzaron a recorrer las calles para recuperar de entre los desperdicios cartón y otros materiales reciclables con tal de intercambiarlos por algunos pesos para subsistir. El fenómeno fue uno de los síntomas más evidentes y llamativos de la crisis.

La recolección diferenciada puerta a puerta lo realizaban empresas privadas, pero en 2008 el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización que nació en 2001, logró que se formalizara el servicio en manos de las cooperativas de cartoneros. Así se pasó de dos a 35 toneladas de reciclados recuperados por día en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

El sistema de gestión social del reciclado permitió que las cooperativas obtuvieran salarios por parte del Gobierno porteño y los municipios del conurbano bonaerense, además de uniformes, transporte, medidas de seguridad básicas y guarderías para evitar la participación de niños. Sin embargo, este tipo de condiciones solo ocurre en este área metropolitana y no puede incorporar a trabajadores necesitados, que se vuelcan por su cuenta a esta actividad.

En el resto del país, los cartoneros, carreros —quienes recorren las calles con carros tirados por caballos juntando chapas y metales— y las personas que recolectan reciclables en los grandes basurales todavía trabajan en gran medida desprotegidos y en la marginalidad.

Organizados en más de 70 cooperativas que forman la Faccyr, son más de 200.000 las personas que trabajan en todo el país en la recolección diferenciada de residuos aptos para la reutilización, y que recuperan 10.000 toneladas de residuos por día. Sus historias hablan del paso de la estigmatización a ser engranajes esenciales de la mejora en la calidad de vida de las ciudades.

«Yo vivo en una vivienda del Estado, mide cinco por ocho metros, donde tuve que hacer un entrepiso en el patio para poder acopiar bolsones. Hoy, gracias a trabajar con la cooperativa ese entrepiso y esos bolsones ya no están, mi calidad de vida y la de mi familia cambió, mi casa la tengo para vivir, mi patio lo tienen mis hijos para jugar y yo tengo la cooperativa para trabajar», concluyó Castillo.

Cortesía Francisco Lucotti Sputnik