El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desembolsó más de 90 millones de pesos en diferentes sentencias y demandas laborales contra la institución, durante la gestión del exdirector del organismo, Sergio Micco.
De acuerdo con una investigación realizada por Interferencia, en 2022 se registraron ocho demandas laborales «que implicaron honorarios por 26 millones de pesos, y pagos de sentencias por 93 millones de pesos».
Esto, en comparación al 2018, cuando el INDH «solo desembolsó, por concepto de honorarios a abogados, un millón de pesos por una demanda laboral en contra de la institución».
El historial de demandas laborales contra el INDH comenzó a aumentar a partir de 2019. Ese año se recibió dos acciones judiciales; mismo número en 2020.
No obstante, en 2021 estas demandas aumentaron a cuatro, y solo en el primer semestre de este año, aumentaron a ocho.
A este monto, se le debemos sumar los gastos que tuvo que pagar el INDH por concepto de honorarios a los abogados que enfrentaron estas demandas laborales en contra y solo entre 2021 y 2022, la cifra asciende a 54 millones de pesos.
Entre las demandas, se encuentra la del abandono de la causa de Geraldo Monares, poblador de Hualpén, Bío Bío; visto por última vez siendo detenido por Carabineros durante el Estallido.
Esta causa, Sergio Micco la dejó de lado, pese a la gravedad de lo ocurrido, refiere Resumen.
A la lista se le suma una condena por el despido discriminatorio del jefe de Unidad de Estudios del INDH, quien informó a Sergio Micco sobre las violaciones sistemáticas de los DDHH durante la Revuelta.
Osvaldo Torres, jefe de Unidad de Estudios del INDH, fue despedido de manera arbitraria por el cuestionado Sergio Micco, según ratificó en su condena el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en 2021, señala Resumen.
La desvinculación se produjo luego de que el trabajador informara sobre la violación sistemática de los DDHH en su informe anual de 2019.
El pasado 12 de julio, Micco decidió presentar su renuncia al cargo, alegando “pérdida de confianza”, luego de que de que un grupo de consejeros exigieran, mediante una carta, su salida inmediata, debido a la «crisis profunda» que se registra dentro de la institución.
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