La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador dijo que detectó 449 amenazas a personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, y tres asesinatos.
«Ante la necesidad urgente de contar con un sistema integral de protección para personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó 22 casos emblemáticos que visibilizan la situación de 449 personas defensoras en estos últimos 10 años. Tres de ellos son asesinatos que continúan en la impunidad», dijo la alianza en un informe hecho público el martes en una conferencia de prensa.
El informe es producto del trabajo colectivo de las 18 organizaciones que conforman la alianza a las que se sumaron otras dos.
Una de las preocupaciones más relevantes de las organizaciones es la participación o complicidad del Estado con las empresas que violan derechos, dice el informe.
La investigación también señala que en Ecuador las personas defensoras de derechos humanos no cuentan con un entorno seguro para ejercer su labor, y que por las múltiples denuncias de intimidación, amenazas, hostigamiento, judicialización, persecución e incluso asesinato, se concluye que ejercer la labor de defensa de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza es un riesgo en el país.
Según las organizaciones, en la mayoría de los casos documentados en el informe las vulneraciones son efectuadas principalmente por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y funcionarios públicos.
De los 22 casos documentados en la investigación, 18 están relacionados con industrias extractivas, y entre las causas principales de los conflictos está el incumplimiento de los estándares de garantía del derecho a la consulta y el consentimiento previo, así como el derecho a la consulta ambiental.
De acuerdo con la investigación, la mayoría de amenazas ocurrieron en zonas distantes geográficamente y marginadas por el Estado.Según María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines, que también es parte del equipo jurídico de la alianza, los defensores de derechos humanos enfrentan en su ejercicio profesional a funcionarios públicos, empresas, miembros de la fuerza pública, entre otros.
«Nuestro ejercicio de defensa siempre les va a incomodar, eso nos pone en riesgo», dijo la abogada.
Las organizaciones de derechos humanos llamaron a las autoridades a tomar acciones concretas de prevención, protección, reparación y no repetición de los casos registrados o de situaciones similares.
Adicionalmente, hicieron un llamado para que se implemente de manera urgente el Acuerdo en Escazú, que obliga a que el país se comprometa a atender la situación de riesgo y vulnerabilidad que afrontan las personas defensoras, en contextos donde entran en disputa los bienes comunes y de los derechos de la naturaleza.
El informe fue entregado el martes a la secretaria nacional de derechos humanos, Bernarda Ordóñez, a representantes de derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, de los ministerios de Trabajo y del Ambiente, y de la Cancillería.Entre las organizaciones que elaboraron el informe están la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Amazon Frontlines y Amazon Watch.
Cortesía de Spunitk
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