Ecuador enfrenta el balotaje entre denuncias de irregularidades y tensiones institucionales

Este 13 de abril, Ecuador celebra la segunda vuelta presidencial bajo un ambiente de creciente desconfianza en la transparencia del proceso electoral. Diversos actores sociales, movimientos políticos y observadores internacionales han manifestado inquietud ante una serie de medidas adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, que, según señalan, podrían afectar la equidad del proceso democrático.

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Una de las principales voces de alerta ha sido la de Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, quien ha señalado la posible existencia de operativos orquestados desde el poder ejecutivo para alterar los resultados electorales. Según González, habría miembros de las fuerzas del orden que han advertido sobre la creación de actas electorales falsas, una maniobra que, según su interpretación, busca instalar una narrativa de fraude para justificar una eventual derrota del oficialismo.

Estas acusaciones se producen en el contexto del Decreto Ejecutivo 599, firmado por Noboa a menos de 24 horas del balotaje. Esta disposición impone un estado de excepción en ocho provincias estratégicas del país, incluidas Guayas, Manabí y Quito, entre otras, suspendiendo derechos fundamentales como la libertad de tránsito y reunión. La medida permite además la participación activa de las Fuerzas Armadas como entes de control durante la jornada electoral, lo que ha sido duramente criticado por diversos sectores que ven en ello una herramienta para coaccionar a los votantes en zonas tradicionalmente contrarias al gobierno.

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han advertido que la aplicación de este estado de excepción no se sustenta en una amenaza real a la seguridad pública, por lo que podría contravenir compromisos internacionales suscritos por el país, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la oposición, esta decisión no responde a razones de orden público, sino a un intento de controlar políticamente los resultados electorales en los territorios donde el oficialismo prevé un bajo rendimiento.

El rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) también ha sido objeto de cuestionamientos. Entre las decisiones más polémicas destaca la restricción de dispositivos móviles en los recintos, implementada a pocas horas de la elección. Aunque el organismo justificó la medida como un intento de preservar el voto secreto, críticos aseguran que se limita la capacidad de los ciudadanos y observadores para registrar posibles irregularidades. Incluso delegados internacionales han manifestado su preocupación por los cambios de reglas en momentos críticos del proceso.

Otro tema que ha causado malestar es la reubicación de 24 centros de votación, justificada por el CNE debido a supuestas condiciones climáticas adversas. Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), su líder Leonidas Iza expresó que este tipo de decisiones, tomadas sin consulta previa y en zonas rurales, generan confusión y pueden marginar a votantes de comunidades históricamente excluidas.

También se han registrado denuncias desde el sector público, donde funcionarios aseguran haber sido obligados a asistir a capacitaciones electorales organizadas por el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), durante horas laborales. Estas actividades, centradas en el control del proceso electoral, han sido interpretadas por varios analistas como un uso indebido de los recursos del Estado con fines proselitistas.

Además, la suspensión del voto para aproximadamente 30.000 ciudadanos ecuatorianos en Venezuela ha levantado nuevas críticas. Aunque el CNE alegó razones logísticas, diversas organizaciones cuestionan la medida y apuntan a que podría tratarse de una exclusión intencionada, considerando que ese electorado se inclina mayoritariamente hacia la candidatura de González.

A nivel internacional, la Misión de Observación Electoral de la Internacional Progresista manifestó su preocupación ante las restricciones impuestas para la fiscalización del proceso. En comunicación formal dirigida al CNE, solicitaron que se garantice la presencia y el trabajo de veedores, advirtiendo que la falta de transparencia pone en riesgo la legitimidad del resultado.

El escenario electoral de Ecuador refleja, según analistas, una tendencia regional donde los poderes ejecutivos tienden a concentrar más atribuciones, muchas veces en detrimento de las garantías democráticas. En este contexto, el proceso de este domingo no solo definirá a la próxima persona que ocupará la presidencia, sino también el rumbo que tomará la institucionalidad del país.

Foto: El Ciudadano

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