La Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) denunció la militarización de su comunidad Dikapare, en la provincia de Orellana, de la región de la Amazonía, al oriente del país.
En un comunicado, que fue difundido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), informan que la mañana del pasado miércoles 14 de abril hubo «agresiones» y «uso desmedido de la fuerza pública» contra la comunidad waorani.
La comunidad de Dikapare se encuentra ubicada en el área de influencia del bloque 55, conocido también como Campo Armadillo. Esta zona es operada por Ecuaservoil S.A. formada, a su vez, por las empresas Bielorusneft y Edimpetrol, bajo un contrato de prestación de servicios firmado con Petroecuador, según informó la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que aglutina a una veintena de organizaciones.
Esta agrupación indicó, en un comunicado emitido este viernes, que la acción militar se llevó a cabo para disipar una legítima protesta contra la empresa petrolera, «que se niega a cumplir obligaciones acordadas con la comunidad».
En una denuncia presentada ante la Fiscalía de Orellana, que ha dado a conocer la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), se detalla que entre los reclamos está la falta de pago de utilidades por parte de Ecuaservoil.
Las agresiones
La NAWE detalla que varias personas resultaron heridas por gases lacrimógenos y disparos de perdigones, entre ellas una mujer adulta mayor, que tuvo que ser hospitalizada debido a una «contusión en la cabeza».
La organización señala que «los hechos son alarmantes», puesto que «refleja la arbitrariedad militar dentro del territorio Waorani», violentando su autonomía, y «las extralimitaciones de sus funciones».
Asimismo, dicen que esto «evidencia el nivel de protección a las empresas petroleras, anteponiéndose a las demandas de las familias de la comunidad».
Además de la denuncia ante la Fiscalía, la NAWE exhorta a la Defensoría del Pueblo a la «vigilancia del procesos de protección de las personas agredidas, así como la pertinente investigación de acciones y omisiones de agentes militares».
«A la fecha, las acciones de movilización y protesta por parte de la comunidad continúan, al igual que la presencia militar en el territorio», informó la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador.
Cortesía de RT
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